Por primera vez desde que el Partido Nacional retomó el gobierno departamental de Maldonado, en julio de 2015, la oposición hace tambalear una decisión del intendente Enrique Antía. El asunto se inscribe en una batalla legal iniciada contra la Intendencia de Maldonado (Idm) entre 2008 y 2011 por tres grupos de particulares –sucesores de Miguel Teubal, Jorge Cristian Rey y Axis Investment Corp– que reclaman la propiedad de padrones costeros en el balneario Edén Rock, cercano a la boya petrolera de José Ignacio. Los privados pretenden que el gobierno los reconozca como dueños, emitiéndoles una planilla de contribución inmobiliaria. En dos casos, también exigen un resarcimiento económico por daños y perjuicios.
Con el argumento de que la comuna no puede exponerse a perder juicios millonarios y además necesita los ingresos por concepto tributario, el 2 de junio pasado Antía accedió al reclamo de Jorge Cristian Rey a cambio de que éste dejara sin efecto el litigio que inició por vía civil en 2011. Días después, un tribunal de apelaciones falló en contra de los sucesores de Teubal en sentencia definitiva y la justicia de Maldonado dictó sentencia en primera instancia contra la otra demandante, Axis Investment Corp.1
El acuerdo extrajudicial entre Antía y Rey se mantuvo en secreto hasta que, hacia fines de julio, el abogado y edil suplente colorado Juan Eduardo Silvera (lista 100, Propuesta Batllista) se enteró y lo denunció en la Junta Departamental. Luego de analizar opciones para salvar la playa, la bancada colorada propuso a los ediles frenteamplistas una alianza para acogerse al artículo 303 de la Constitución y plantear al Parlamento la nulidad del acto administrativo. Este artículo establece que las resoluciones del intendente “contrarias a la Constitución y a las leyes, no susceptibles de ser impugnadas ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo”, son apelables ante la Cámara de Representantes por un tercio del total de los ediles o por mil ciudadanos inscriptos en el departamento. Así, el recurso entró el 16 de agosto a la Comisión de Constitución, Códigos y Legislación2 con la firma de los 15 ediles de la oposición.
En la semana pasada Silvera presentó antecedentes y comenzó a fundamentar su planteo ante diputados de todos los partidos políticos. Paralelamente, los abogados de la Intendencia expusieron su versión ante los legisladores, tratando de convencerlos de la improcedencia del recurso. Según el citado artículo constitucional, finalizada esta etapa de alegatos la Cámara de Representantes contará con 60 días más para expedirse; en caso contrario, la apelación se tendrá por no interpuesta y la decisión de Antía quedará firme.
COSA POLÍTICA. Mientras las consultas se procesan, esta semana la Idm contrató una solicitada en los principales medios gráficos del país para ampliar una versión que ya ha ofrecido en numerosos notas de prensa.
En el espacio contratado a los medios Antía acusa a la oposición de llevar “hacia ámbitos políticos un asunto que debe resolverse por vía administrativa y jurisdiccional” (véanse páginas 10 y 11). Los ediles consultados por Brecha coincidieron en que el argumento es “magro”, en tanto el Parlamento tiene la potestad constitucional de resolver jurídicamente sobre las decisiones de los gobiernos departamentales. Sin embargo, para los colorados identificados con el sector batllista fernandino la movida de Silvera es una oportunidad para marcar perfil y tomar distancia de la concertación tácita entre Antía, el diputado Germán Cardoso (Vamos Uruguay) y la poderosa familia Sanabria, caída en desgracia cuando se descubrieron sus maniobras delictivas en el Cambio Nelson. El edil, sin embargo, asegura que no piensa en réditos políticos y que actúa movido por un “deber moral y ético de defensa del derecho público y la transparencia” en el gobierno.
Los frenteamplistas, que en sus dos administraciones (2005-2015) hicieron una rutilante defensa de la faja costera ante litigios de particulares, observan el debate como una vía para recuperar algo del terreno político perdido en las elecciones pasadas: es la primera vez que la coalición de izquierda se une para frenar los ímpetus de Antía. Y no es que antes de Edén Rock faltaran motivos para fustigar la gestión nacionalista: el Frente Amplio (FA) en Maldonado ha denunciado que volvieron el clientelismo y el amiguismo; desmedidas excepciones a la normativa edilicia acompañadas por pedidos poco transparentes de “contrapartidas” a los desarrollistas; el aumento del boleto departamental en un 42 por ciento; la negativa de la Idm a responder pedidos de informes sobre gestión o licitaciones; decenas de observaciones del Tribunal de Cuentas de la República y, más recientemente, el aumento del déficit detectado en la última rendición de cuentas.
Hasta ahora, sin embargo, las batallas se daban por sectores y ningún tema lograba abroquelar a los alineados con la “oposición constructiva” impulsada por el diputado Darío Pérez (Cabildo, Liga Federal Frenteamplista) y los aliados en la “cruzada ideológica” encabezada por el diputado Óscar de los Santos (Fls) desde el Espacio 738. El FA todavía sigue quebrado por la polarización entre los líderes –el episodio más reciente se juega en la comisión parlamentaria que investiga el financiamiento de los partidos3– y por las movidas de pequeños sectores o agrupaciones independientes que aspiran a restarles poder y convertirse en un tercer polo. La presidenta de la mesa departamental del FA, Susana Hernández (lista 738), no ha conseguido el apoyo que esperaba para retomar el funcionamiento orgánico dinamitado hace años e inducir a la búsqueda de una estrategia opositora. Es más, desde que el año pasado De los Santos la postuló como su candidata para 2019, abundan las maniobras para sacarla de circulación, y su propio sector le ha brindado un tímido apoyo. Así que el FA de Maldonado parece más ocupado en urdir acuerdos maquiavélicos y perfilar candidatos internos que en visualizar al PN como un poderoso adversario político y trazar estrategias para recuperar el gobierno perdido. Esta circunstancial alianza con los colorados, que parece trasladarse al plano nacional a través del Parlamento, podría trazar un camino de repunte hacia las próximas elecciones.
COSA JURÍDICA. Entretanto, un Antía acostumbrado a marcar la agenda se vio obligado a salir de atrás. Silvera considera que la solicitada de la Idm “induce a confusión e incurre en falsedades”; que nada explica la decisión de resignar un juicio “ganable” para entregar a privados terrenos con un altísimo valor patrimonial (albergan uno de los pocos montes psamófilos o espinosos del este) y que no pueden ser comercializados, según ratifican numerosos dictámenes judiciales para casos similares.
Es que los padrones reclamados en Edén Rock tienen como origen un único padrón rural, luego fraccionado, y por eso los tres demandantes manejan los mismos argumentos y las mismas escrituras públicas, explica Silvera. Eso hace del expediente Teubal –con sentencia definitiva y varias sentencias interlocutorias– una buena guía para lo que ocurrirá con el resto. “Es imposible que la Idm se expusiera a pagarle a Rey una indemnización millonaria por no emitirle planilla (de contribución); es una afirmación falsa, porque estos juicios comenzaron fuera del plazo legal para reclamar: la ley de caducidad cuatrienal es insoslayable” para los tres, enfatizó.
Tampoco corresponde aducir que los bienes son privados porque salieron de dominio fiscal en 1810: “Eso no tiene nada que ver. Cuando se vendió el primer gran padrón original quedó claro en las escrituras que el límite era la faja fiscal de 150 metros. Es decir que nunca pudieron ser dueños de esa faja porque nunca fue incluida en lo que compraron, limitaban con ella, según marcan agrimensores y escribanos de aquella época”.
Para Silvera es claro que todos los reclamantes pretenden construir en la playa –por eso “hacen juicio para que el gobierno les cobre impuestos y generar derechos”–, y tienen esperanzas de lograrlo, considerando los antecedentes del primer gobierno de Antía.
LA OTRA HISTORIA. Según constató Brecha al repasar el expediente administrativo del caso Rey, en la “historia” que se cuenta en los espacios contratados por Antía en los medios se omite información relevante para entender las motivaciones actuales.
El desarrollador inmobiliario Jorge Cristian Rey le compró a su colega Ricardo Daniel Costa los cuatro padrones (del 924 al 927) de Edén Rock en agosto de 2005. Apenas un mes antes de firmar las escrituras de compraventa y patrocinado por el estudio de abogados de Enrique Jorge Méndez, Costa había obtenido el visto bueno de la Idm para construir ocho viviendas unifamiliares en esos predios. Quien dio ese aval fue el director general de Planeamiento, Juan Daniel Chiacchio, hermano de quien actualmente ocupa ese cargo en la administración de Antía.
Costa también logró que la Idm retomara la emisión de la planilla de contribución inmobiliaria a los cuatro padrones –el nacionalista Domingo Burgueño la había suspendido en 1995– mediante la resolución 2987/2005. El documento fue firmado por el intendente Luis Eduardo Pereira, sucesor de Antía cuando éste renunció para postularse a la reelección; ahora Pereira es director general de Hacienda. También llevó la rúbrica del entonces secretario general Álvaro Villegas, actual prosecretario de la Idm. Según revela el expediente administrativo, ambos se basaron en un informe del entonces director de Jurídica, Guillermo Ipharraguerre, quien sugirió que los padrones eran privados, pero no manifestó certezas. Durante el mes anterior a esa resolución de julio 2005, en plena transición de gobierno, el expediente tuvo maratónicos movimientos entre direcciones, y hubo días en que se registraron actuaciones e informes de cuatro jerarcas. Así, todo el trámite se finiquitó, sugestivamente, dos días antes de que asumiera el intendente De los Santos.
Entonces Rey compró convencido de que tendría la propiedad y de que podría construir en la playa, pero el cambio de gobierno le jugó en contra. El nuevo intendente recibió informes jurídicos que marcaban dudas sobre el procedimiento anterior y, decidido a retomar la política de defensa de la faja costera legada por Burgueño, resolvió no aplicar la medida firmada por su antecesor hasta que Rey documentara la propiedad invocada. Más de una vez, en los años siguientes, el presunto propietario presentó escritos urgiendo a la Intendencia a tomar una decisión. En uno de ellos reconoció que había “levantado un muerto” al pagar una millonaria hipoteca por el “inmueble y por el proyecto autorizado en el mismo, con la finalidad de realizar un negocio que le permitiera recuperar el capital invertido en la adquisición”. Mientras la administración frenteamplista seguía analizando el caso, en febrero de 2011 Rey presentó su demanda para exigir que se cumpliera la resolución de 2005 y que el Estado lo indemnizara por daños y perjuicios porque había perdido ventas y tiempo. Para 2013, en pleno litigio judicial, incluía esos padrones como parte del emprendimiento del Punta del Este Polo y Country Club –ubicado enfrente, al norte de la ruta 10–, que él mismo promocionaba desde el grupo empresarial Buenos Lugares Desarrollos.
TIEMPO PRESENTE. No es de extrañar que con el regreso de Antía a la Idm, y con los mismos jerarcas que estaban a favor del proyecto diez años atrás, surgiera un acuerdo extrajudicial. De hecho, el 23 de diciembre de 2015 Luis Eduardo Pereira emitió un informe a favor de Rey. Se lee en el expediente: “Considerando los documentos públicos que acreditan la propiedad y posesión de la tierra referida en este expediente, así como los relevantes informes de profesores y especialistas en derecho civil que ubican con precisión el tema de fondo (…) considerando que la Idm no debe seguir sufriendo el daño patrimonial que resulta de no percibir el impuesto de contribución inmobiliaria y otros tributos contenidos en la planilla, lo que podría ameritar una responsabilidad de quienes incidieron en ella, se concluye que debe restituirse la emisión de la planilla en cada uno de los padrones que se dejó de hacerlo. Dejando expresa constancia de estas consideraciones, pase a la Dirección General de Asuntos Legales para que se tenga presente”.
Seis días después obtuvo una sugestiva respuesta de la ex jueza Adriana Graziuso, titular de la citada dirección: “Teniéndose presentes las interpretaciones jurídicas del director general de Hacienda, además de las resultancias e informes de este expediente y de los accionamientos judiciales que ya carecerían de objeto si se consideran válidas e irrefutables las conclusiones jurídicas del director en cuanto al dominio de los bienes de referencia, compartiendo su afirmación de que todos los funcionarios públicos tenemos responsabilidad civil, penal y administrativa en nuestros actos funcionales, especialmente si fuesen dolosos o en conjunción con intereses privados –previa agregación por escáner de los recaudos de los juicios mencionados que obran en poder de la dirección de Asesoría Jurídica– pase a Secretaría General a los efectos de su consideración”.
Claramente, la máxima jerarca de Asuntos Legales discrepaba con Pereira. Pero aun así en la antesala de las sentencias contra Teubal y Axis, cuando ya era inminente un fallo en la misma línea respecto al caso de Rey, Antía firmó la resolución que hoy los ediles le impugnan ante el Parlamento. En contrapartida, el flamante “propietario” corrió al Juzgado Penal de 5° Turno de Maldonado a desistir del litigio, pero la magistrada no archivó el caso y pidió la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas (co-demandado junto a la Idm) sobre el acuerdo extrajudicial en cuestión.
En este escenario, la semana pasada los ediles colorados y frenteamplistas presentaron un escrito en todas las sedes judiciales donde se sustancian demandas por predios en Edén Rock para advertir que el recurso de apelación realizado ante el Parlamento tiene efecto suspensivo sobre la resolución firmada el 2 de junio pasado por el intendente.
Quizás hicieron bien, porque esta semana, mientras revisaba el expediente en Montevideo, Silvera descubrió que Teubal también pretendía desistir de su demanda a cambio de un acuerdo extrajudicial con la Idm. Pero llegó un día después de la sentencia definitiva en la que perdió.
- Documento disponible en Pdf en la web del Parlamento.
- Véase “Arenas movedizas”, Brecha, 4-VIII-17.
- Véase “Ven y cuéntanos”, Brecha, 24-VIII-07.
