La reciente decisión del Ministerio del Interior (MI) de trasladar las funciones del Observatorio de Criminalidad a una nueva Área de Estadística y Criminología Aplicada ha sido presentada por su coordinador, Diego Sanjurjo, como un avance técnico. Sin embargo, este cambio no resuelve –ni enfrenta– los problemas de fondo en la producción de información sobre criminalidad en Uruguay: errores persistentes en la categorización y la clasificación de los fenómenos que se miden, y una concepción reducida de lo que implica estudiar la violencia, el delito y la conflictividad social.
Es necesario recordar que la criminología, en sí misma, no es una ciencia exacta ni autónoma, sino un campo interdisciplinario, nutrido por aportes fundamentales de la sociología, la antropología, el derecho, la historia, la psicología, entre otros. Pretender que el mero procesamiento estadístico pueda sustituir un enfoque comprensivo y situado de los fenómenos delictivos implica desconocer no solo la complejidad de estos fenómenos, sino también décadas de producción académica crítica al respecto.
Más allá de la postura administrativa o legislativa, que propone que ciertos delitos descendieron o determinadas acciones son necesarias, el elenco del MI debería cuestionarse las formas en que el Estado se ha hecho presente en los territorios más precarios, principalmente a través de las fuerzas de seguridad.
La nota de Abril Mederos, publicada hace dos semanas (véase «En veremos», Brecha, 1-VIII-25), relata al menos seis muertes a manos de la Policía en lo que va de este año, hechos graves que dan cuenta de que el debate sobre seguridad ciudadana y las estrategias para garantizarla tienen que incluir un planteo acerca de qué tipo de Policía queremos y cuáles son las condiciones de trabajo en que se encuentran los funcionarios, entre otros aspectos. Sin embargo, la centralidad otorgada a las fuerzas policiales como actor casi exclusivo en el abordaje de la criminalidad y la seguridad ha obstaculizado
el reconocimiento y el tratamiento de factores estructurales subyacentes, tales como la desigualdad socioeconómica, los procesos de empobrecimiento y la localización territorial en relación con circuitos delictivos. Asimismo, para el coordinador del área de estadística del MI, la información sobre fallecidos a manos de funcionarios policiales está relevada, pero no se le hace un seguimiento, es decir: no es tan importante y para el ministerio no es un aspecto prioritario.
Es necesario que se abran más perspectivas sobre el rol que deben tener los Estados en la interacción social cotidiana y la vida en comunidad. La presencia policial en determinados barrios de Montevideo ha sido históricamente desigual, compleja y ha estado plagada de estigmatización. Durante el último semestre del año 2023, un grupo de vecinas del barrio Marconi fueron atacadas con balas de goma por parte de la policía; una de ellas, que sufría de diabetes, perdió su empleo por no poder ir a trabajar luego de que le lastimaran la pierna. Hasta había un bebé que también padeció el episodio. Todo un desmadre de diversos niveles: destrato, lesiones físicas y abuso. Lesionaron gravemente a una menor de edad con un disparo de bala de goma. La mayoría de las personas involucradas eran mujeres trabajadoras del barrio.
Por este motivo, en diciembre de 2023, las vecinas hicieron la denuncia acompañadas por el Servicio Paz y Justicia (Serpaj) y sus abogados Rodrigo Rey y Micaela Benavente. La denuncia no llegó a nada: nunca se llamó a los forenses, más allá de las pruebas, y el caso simplemente quedó encarpetado como un simple «exceso».
En este sentido, el planteo de Sanjurjo acerca de que se podría incluir eventualmente la categoría de «abuso policial» para su estudio evidencia un profundo desconocimiento sobre el carácter estructural y extendido de las prácticas discrecionales de la Policía en los territorios más desiguales del país. No se trata de eventos aislados ni de desviaciones individuales. Se trata de formas de intervención estatal que la investigación académica, periodística y la acción territorial vienen documentando desde hace años.
Comprender ciertos comportamientos delictivos, pero también la actuación estatal sobre los territorios, exige mucho más que contabilizar eventos: requiere trabajo de campo, análisis cualitativo, estudio de trayectorias, escucha atenta de las comunidades afectadas y capacidad de situar cada fenómeno en su entramado político, económico y social. Ninguna reforma institucional en el procesamiento de datos podrá sustituir esa mirada.
Sería deseable que los espacios de diálogo que se proyectan incluyan la participación de quienes investigamos estos temas desde el territorio y que no se limiten a perspectivas cerradas, dominadas por visiones conservadoras y punitivistas. Las prácticas de violencia estatal no ocurren en el vacío: se entrelazan con otras problemáticas sociales marcadas por profundas desigualdades. En este sentido, resulta imprescindible construir instancias de articulación entre el Estado, la academia y la sociedad civil que permitan abordar estos fenómenos con mayor complejidad, responsabilidad y compromiso democrático.
En un momento en el que los discursos punitivistas ganan terreno y la gestión de la seguridad se vuelve cada vez más opaca, resulta indispensable defender el conocimiento como bien público y la investigación académica como herramienta clave para pensar otras formas de convivencia, justicia y políticas públicas.
Luciana Scaraffuni es socióloga y doctora en Antropología. Docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
