La sensación es la de la desazón que siente quien tenía razón y no fue escuchado. Pero sobre ella está el enojo por haber comprobado que el montaje de una fraguada verdad histórica hecho por el poder mantiene desaparecidos a 43 estudiantes rurales de pueblos originarios del sur de México, a siete años y medio de los hechos ocurridos el 26 de setiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el estado de Guerrero.
«Desde que fuimos a buscar a Iguala en 2014, un señor nos decía: “Pregúnteles a los de la gendarmería. Ustedes no deben andar buscando aquí”. ¡Cómo desde ese entonces la gente estaba enterada! Pero fuimos agarrando fuerzas con las investigaciones y las aportaciones de la gente, que señalaban al Ejército, al 27.o Batallón, más que nada», dijo a este semanario Clemente Rodríguez, padre de Christian Rodríguez Telumbre, uno de los normalistas desaparecidos. Rodríguez habló con Brecha al concluir la conferencia de prensa de los familiares sobre la bomba informativa que contiene el Tercer Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI),1 presentado públicamente en la Ciudad de México el lunes 28 de marzo.
El 27.o Batallón de Infantería de Iguala era un objetivo tan claro para las familias de los 43 que estas se manifestaron reiteradamente frente a sus instalaciones. «Las primeras veces, cuando entrábamos, íbamos con coraje. Porque ¿cómo es posible que una institución que debe dar seguridad a los mexicanos golpee al pueblo y desaparezca a nuestros hijos? Llegamos con ese coraje para exigirle que nos respondiera por qué no atendió a los normalistas», contó Rodríguez. Sin embargo, las respuestas públicas y privadas que recibieron del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, principal vocero estatal de la «verdad histórica», eran que sus hijos «eran guerrilleros, vándalos». «Lo mismo nos decían los soldados del 27.o Batallón: “¡Ya lárguense, pinches revoltosos!”. Cosas que lo molestaban a uno», contó el campesino.
INFORMACIÓN DETALLADA
Ese mismo funcionario de alto rango, Murillo Karam, había recibido de las familias toda la información requerida sobre la trayectoria previa de los jóvenes desaparecidos: «Le dimos la vida de nuestros hijos: lo que comían, lo que vestían, de dónde venían; incluso, si hablaban español o dialecto. Toda esa información también la tenía el Ejército». Más allá de esos datos, hoy se sabe que los normalistas de Ayotzinapa fueron sometidos durante más de una década a la vigilancia constante de los cuerpos de inteligencia militar, lo que incluye la dolorosa constatación de que uno de los jóvenes desaparecidos era un «órgano de búsqueda de información», es decir, un agente militar infiltrado con «fachada de estudiante», según el término oficial usado para referirse a él.
En abril de 2021 el GIEI accedió a los archivos militares que sustentan estas nuevas revelaciones, aunque en diciembre de 2018 todas las autoridades (militares y civiles) recibieron la orden expresa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de entregar al GIEI toda la información que tuviesen en sus archivos. Se trató de uno de los primeros decretos que el mandatario firmó al asumir el gobierno, en respuesta al pedido de las familias de los jóvenes. Sin embargo, con la reticencia a liberar la información durante más de dos años, se incrementó también la exigencia social de que los archivos se abrieran para investigadores independientes.
Para lograrlo, según explicó durante la presentación del informe la integrante del GIEI Ángela Buitrago, se necesitó que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se apersonara junto con los investigadores y abriera, literalmente, la puerta a la información. Así fue como hallaron el registro de comunicaciones entre zonas militares, batallones y otros elementos de la pirámide militar activa. Están a resguardo del mencionado 27.o Batallón de Iguala –donde los padres fueron agredidos, según el relato de Rodríguez–; la Zona Militar 35, con sede en Chilpancingo (capital del estado y sede del poder político), y la IX Región Militar, el comando estatal sito en Acapulco. «Más allá de la existencia física de estas copias, numerosos documentos evidencian que, en el propio momento de los hechos, los distintos niveles de las autoridades militares estaban al tanto de lo que sucedía e, incluso, realizaron informes al más alto nivel», se lee en el informe, al que accedió Brecha.
SIMULACIÓN HISTÓRICA
El 12 de noviembre de 2021, el GIEI accedió a los archivos de la Marina Armada de México que referían a las actuaciones realizadas un mes después de la desaparición, entre el 27 y el 29 de octubre de 2014, en dos sitios: el antiguo basurero de Cocula y el río San Juan, que se encuentran a menos de 10 quilómetros entre sí y a 20 de Iguala. Según las imágenes registradas por una aeronave no tripulada de la Secretaría de Marina, desconocidas hasta el momento y que no forman parte del expediente judicial de la PGR, a partir de las 6.30 de la mañana del 27 de octubre de 2014 cerca de 40 funcionarios recorrieron el basurero antes de que el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) arribase al sitio, al mediodía, y lo acordonase. La primera autoridad en llegar fue una patrulla de la Marina, que prendió una fogata en la parte alta del sitio, con el argumento de que usaba el humo para señalarle el sitio al dron.
El EAAF emitió ahora un comunicado en el que informa que la diligencia de búsqueda en ese sitio comenzó oficialmente a las 10 de la mañana y que los hechos anteriores, revelados por el GIEI, no quedaron registrados en el expediente. El equipo exigió que las autoridades mexicanas hagan una «investigación exhaustiva» del material y contra los responsables de esta intervención extrajudicial de la Marina. También se refirió al punto más delicado de la información relevada: el hallazgo en ese lugar, un día después, el 29 de octubre de 2014, de un resto óseo, que posteriormente fue identificado en Austria como perteneciente a uno de los normalistas desaparecidos, Alexander Mora Venancio. El equipo argentino, que funciona como perito independiente en México desde hace más de una década, apuntó que, aunque el descubrimiento del resto óseo ocurrió «en medio de este escenario de graves irregularidades, durante la administración del gobierno anterior, la identificación no está científicamente en duda». Lo que sí está en duda es el sitio del hallazgo: las márgenes del río San Juan. «El origen verdadero de ese fragmento óseo continúa siendo desconocido y es clave para esta investigación», concluyeron.
Las familias de los 43 y sus representantes señalan que los funcionarios implicados deben enfrentar la Justicia por su responsabilidad en la dilación de la investigación, hecha en pos de establecer una «verdad histórica» sobre la desaparición, «verdad» que, como también es público, fue cosechada con base en la tortura de una amplia gama de detenidos. El director de la asociación civil Centro Prodh, Santiago Aguirre, que representa legalmente a las familias, dijo a Brecha que es fundamental que los agentes de la Marina sean presentados en la justicia civil y no en los tribunales militares, donde el GIEI también comprobó la existencia de investigaciones paralelas, cuyo contenido aún se desconoce.
1. Informe Ayotzinapa III, Mandato medida cautelar MC/409/14 CIDH, México, febrero de 2022.
