La creación de nuevas zonas francas de tecnología y de servicios en Maldonado, anunciadas el mes pasado por el presidente Luis Lacalle Pou y el intendente Enrique Antía, y la intención de empresarios argentinos de instalar un polo universitario internacional en ese departamento vienen de perillas al gobierno para justificar cambios en la normativa que regula la instalación de universidades extranjeras en Uruguay. El tradicional discurso de que el sistema actual «no funciona», de que debe «aggiornarse», «desburocratizarse» y ser «más amigable» para favorecer las inversiones privadas –sobre todo ahora que miles se radican en el país en la coyuntura pandémica–, se plasmará en un proyecto de ley del Ejecutivo, dedicado a las universidades privadas en general y a las extranjeras en particular, ...
Artículo para suscriptores
Hacé posible el periodismo en el que confiás.
Suscribiéndote a Brecha estás apoyando a un medio cooperativo, independiente y con compromiso social
Para continuar leyendo este artículo tenés que ser suscriptor de Brecha.
¿Ya sos suscriptor? Logueate
