Ecuatorianos, en pocas horas se consumará el golpe de Estado planificado y anunciado por el presidente Daniel Noboa y su gabinete», señaló en una rueda de prensa el 9 de enero la vicepresidenta Verónica Abad. «Se ha roto el orden constitucional. El presidente y su gabinete han violado la Constitución una y otra vez y están dando un golpe de Estado letal para la historia democrática de Ecuador.»
Noboa, que se presenta a las elecciones presidenciales del 9 de febrero, se ha resistido a renunciar para participar en la campaña, tal y como marca la Constitución. En noviembre suspendió a Abad, con la que tiene profundas discrepancias incluso desde antes de instalar su gobierno, y nombró luego a la ministra Cynthia Gellibert como vicepresidenta encargada, a pesar de un pronunciamiento contrario de la Justicia.
Por su parte, el secretario general de la Asamblea Nacional de Ecuador, Alejandro Muñoz, devolvió el miércoles al Ejecutivo el decreto para ceder el cargo a Gellibert al ser inconstitucional. Lo cierto es que la inquina viene de lejos. Un día después de jurar como presidente de Ecuador, el 24 de noviembre de 2023, Novoa designó a Abad para la función exclusiva de «colaboradora para la paz y precautelar el escalamiento de la conflictividad entre Israel y Palestina», por lo que debía trasladarse a la oficina de la embajada de Ecuador en Tel Aviv. Un año después, Abad fue suspendida por el Ministerio de Trabajo por «abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales consecutivos».
Finalmente, la jueza constitucional Nubia Vera ordenó la inmediata restitución de Verónica Abad como vicepresidenta de Ecuador, lo que anula la destitución dispuesta por el presidente. En medio del escándalo, Noboa puso fin abrupto a su licencia presidencial por el asesinato del alcalde de Arenillas, Eber Ponce, por presuntos sicarios.
La novela entre los dos principales cargos electos de Ecuador revela la profunda crisis institucional que atraviesa el país. La perla de este proceso es que Novoa no hará campaña electoral personalmente para su reelección para no dejar el cargo, algo que es evidentemente inconstitucional. Sin embargo, pese a la violencia y los apagones de hasta 14 horas diarias, es muy probable que sea el próximo presidente y se imponga a la correísta Luisa González.
UN PAÍS MILITARIZADO Y ALINEADO
La violencia continúa siendo la más alta de la región. Un informe del portal Plan V, del 9 de enero, sostiene que en 2024 hubo una caída del 17 por ciento de los asesinatos intencionales, pero se acumularon centenas de denuncias de violaciones a los derechos humanos: 20 desapariciones forzadas, 80 casos de presunta tortura, 145 abusos de la fuerza y 15 probables ejecuciones extrajudiciales.
Hace más de un año el presidente declaró el «conflicto armado interno» para luchar contra las bandas criminales, que se complementa con sucesivos estados de excepción. La invasión a la embajada de México en Quito, en abril de 2024, marcó un punto de inflexión. La Policía ingresó a la embajada por la fuerza y capturó al exvicepresidente Jorge Glas, asilado desde diciembre pasado tras ser condenado por la Justicia ecuatoriana por corrupción, pese a la unánime condena internacional.
El de Noboa es un gobierno de transición y, como tal, débil. Llegó a la presidencia tras la aplicación del mecanismo constitucional de «muerte cruzada» por parte de su antecesor, Guillermo Lasso, quien ante la inminencia de un juicio político que podría acabar con su gobierno disolvió la Asamblea Legislativa y convocó a elecciones anticipadas.
Para el sociólogo Decio Machado, «no tendría sentido hacer una invasión de un espacio diplomático sin el consentimiento de Estados Unidos. La presencia de Washington en la política interna de Ecuador es tremendamente fuerte en este momento, el propio embajador norteamericano en el país, Michael Fitzpatrick, habla de política nacional sin ningún recelo ni pudor» (Canal Abierto, 9-IV-24).
El segundo hecho dramático fue la detención y la desaparición de cuatro menores afrodescendientes en Guayaquil, el más pequeño de solo 11 años, que habían salido de sus casas a jugar al fútbol, el 8 de diciembre. En el video que circuló en redes, se puede ver cómo al menos diez militares los suben a una camioneta y los maltratan. Quince días después aparecieron sus cuerpos calcinados cerca de un cuartel militar.
Mientras la Justicia declaró la desaparición forzada de los chicos y responsabilizó al Estado ecuatoriano, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos aseguró que este caso se «inscribe en una práctica de abuso de autoridad y de fuerza, discriminación, estigmatización y perfilamiento racial» por las fuerzas de seguridad del Estado.
Pero, a pesar del registro fílmico, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, dijo que «no ha existido participación directa ni indirecta de esta noble institución en acto alguno de desaparición forzada» y rechazó enfáticamente las acusaciones que vinculan al Ejército con la desaparición forzada de cuatro menores. Además, acusó a figuras políticas de pretender «arrodillar a las Fuerzas Armadas» y advirtió sobre los riesgos de que las organizaciones de derechos humanos «se conviertan en instrumentos de persecución política» (ICN, 7-I-25).
Ambos hechos, el de la embajada de México y el encubrimiento oficial de la evidente violencia de los cuerpos armados del Estado, se inscriben en un amplio proceso de militarización interna que, en los hechos, va de la mano con la militarización de la política exterior ecuatoriana, alineada ahora con la Casa Blanca y el Comando Sur.
En diciembre, el diario mexicano La Jornada indicó que, con la aprobación el 10 de ese mes del «Proyecto de seguridad integral en la región insular» y el «Instructivo para la aplicación de los acuerdos de cooperación entre Ecuador y Estados Unidos», el gobierno ecuatoriano dispuso en la práctica la entrega de las islas Galápagos para que Estados Unidos establezca una base militar permanente y dio facilidades para la operación de la flota y la fuerza aérea del Comando Sur. Es la ubicación geográfica ideal para responder la creciente presencia de China, que semanas atrás inauguró el puerto de Chancay, en el norte de Perú, que aspira a convertirse en un eslabón clave del comercio entre Asia y América del Sur.
Según Plan V, Estados Unidos «ha puesto en marcha dos proyectos militares geoestratégicos». En Ecuador ha conseguido la anexión de las islas Galápagos a su arquitectura de seguridad. En Perú, se ha concretado un acuerdo con el Comando Espacial de Estados Unidos para construir el puerto espacial más grande de la región en la Base Aérea El Pato, en Talara, Piura.
El mismo informe señala que «la política económica y la estrategia militar adoptadas por el gobierno de Daniel Noboa fueron moldeadas por Estados Unidos», y concluye que «se evidencia tutelaje del Departamento de Defensa de los Estados Unidos sobre las Fuerzas Armadas Ecuatorianas, dada la debilidad institucional de la fuerza militar en su conjunto y la gravísima penetración criminal, en especial, en la Armada de Ecuador». En el país se registra un creciente alineamiento con el Pentágono desde el gobierno de Lenín Moreno (2017-2021), que se apartó de la política de independencia exterior de Rafael Correa, quien había dispuesto cesar la actividad de la base estadounidense de Manta.
ESTADO DE EXCEPCIÓN PERMANENTE
El colectivo feminista y anticarcelario Mujeres de Frente, que trabaja en las cárceles, sostiene que Ecuador se convirtió en «un Estado paramilitar» cuyo epicentro se encuentra en las prisiones: «Desde 2015 el Estado, a través de la Policía, con el apoyo de grandes empresarios y la embajada de los Estados Unidos, armó a los presos y los fue “organizando” en grupos del crimen para facilitar el modo de acumulación por despojo al servicio de los poderes de arriba». Según ellas, el Estado muestra en las redes la violencia extrema que se da en las cárceles (recuerdan cuando difundieron imágenes de presos «jugando» al fútbol con una cabeza decapitada) para generar rechazo y, sobre todo, racismo.
Un estado de excepción prolongado ha dejado una sociedad atomizada y atravesada por hondos temores. Pero al adquirir carácter permanente deja de ser una instancia coyuntural. «El totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración, a través del estado de excepción, de una guerra civil legal que permite la eliminación no solo de los adversarios políticos, sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrales en el sistema político», señala el filósofo Giorgio Agamben. La explosión del narcotráfico y otros crímenes y la instauración del régimen de excepción llegan luego de un intenso ciclo de protestas indígenas que venía frenando los intentos más radicales de ajuste en el país. En Ecuador existen 14 nacionalidades indígenas (que han frenado a través de levantamientos la implantación de las aristas más depredadoras del neoliberalismo), además de una importante población negra, y solo el 6 por ciento de los ecuatorianos se definen como blancos.
