El problema de los suicidios va despertando mayor interés en nuestro país, a pesar de ostentar a lo largo del tiempo tasas muy elevadas. Hay una conciencia pública y social que se abre camino, a golpes de casos resonantes que no distinguen espacios sociales. Lo que se administraba en silencio y acotado a la vida individual, ha adquirido ahora un alcance mayor y exige no solo respuestas mucho más completas, sino, además, nuevas sensibilidades, otras actitudes y más conocimiento. Algunas muertes ocurridas en el ámbito del fútbol (jugadores retirados o, algunos, en actividad) han impactado con fuerza. Algo parecido puede decirse de la acumulación de situaciones en la Policía. Todo parece indicar que aquí la prevalencia es alta y que la tendencia, en el último tiempo, es al aumento.
En su momento, las tasas de suicidio casi triplicaban a las de homicidios, y la lectura del fenómeno, antes y ahora, hace escala en los problemas de salud mental o en patologías de orden psiquiátrico. Sin embargo, el suicidio tiene su geografía social, como sabemos a partir de esa clásica investigación escrita en 1897 por Émile Durkheim. Y uno de los asuntos centrales es poder saber hasta qué punto influye en este fenómeno la pertenencia a distintos estratos socioprofesionales. ¿Los suicidios prevalecen más en la Policía que en el resto de la sociedad o simplemente estamos ante un sesgo en materia de difusión pública? En rigor, no hay todavía ninguna claridad sobre este punto, como no la hay sobre otros aspectos del fenómeno. Sabemos que se matan más los hombres que las mujeres, en su gran mayoría, integrantes del personal subalterno y en tramos de edad relativamente jóvenes. Pero queda en zona de nebulosa qué tanto gravita el ambiente sociolaboral de la Policía en la precipitación de un comportamiento que, sin dudas, tiene raíces multidimensionales.
En este terreno, como en tantos otros, estamos a ciegas, sin estudios en profundidad que nos permitan dilucidar algo. Aun así, estas situaciones recurrentes de suicidios en la Policía pasan a tener una resonancia política de primer nivel. Así como la violencia homicida interpela la eficacia de la política de seguridad, la violencia del suicidio comienza a cuestionar resortes internos de la propia herramienta. Es difícil no atribuir relación entre la naturaleza y las formas del trabajo policial y la producción regular de muertes implosivas de funcionarios y funcionarias.
Mal o bien, los actores involucrados en el campo policial lo saben o lo intuyen, aunque estén muy lejos de poder explicitarlo con claridad. Y algunas reacciones se han hecho visibles en el último tiempo. Por ejemplo, el Ministerio del Interior (MI) divulgó un informe sobre los suicidios en la Policía ocurridos entre 2019 y 2023. Además de colocar algunas descripciones del fenómeno, el informe establece una arriesgada clasificación por «motivos» de los suicidios, y concluye que el 33 por ciento de los casos acontece por «problemas amorosos» y solo el 2 por ciento, por «problemas laborales». No hay que hacer demasiadas disquisiciones técnicas para saber que esa imputación de motivos no tiene como eje la producción de un conocimiento relevante, sino la justificación de un atajo para deslindar responsabilidades institucionales. Hace más de diez años, el MI inventó la clasificación de los homicidios «por ajustes de cuentas», precisamente para instalar la idea de que los criminales se mataban entre ellos. Este esfuerzo clasificatorio de los suicidios en la Policía parece perseguir el mismo propósito: las muertes derivan de problemas personales o privados. Analizar el suicidio desde una perspectiva de salud mental individualizante corre el enorme riesgo de neutralizar las claves sociales e institucionales que forman parte del mundo de la vida de las personas.
Aunque no pretendemos caer en el error inverso (explicar estos comportamientos solo por razones endógenas), sí nos parecen atendibles las situaciones que los sindicatos policiales ponen sobre la mesa: abusos jerárquicos, traslados arbitrarios, hostigamientos, acoso sexual y persecución sindical. Nada de esto es una novedad ni se aleja del campo tradicional de funcionamiento interno de la institución. De hecho, esas situaciones de desigualdad, injusticia y violencia son las que estuvieron en la base del impulso para los procesos de sindicalización en la Policía. Más allá de los suicidios, estas prácticas producen afectaciones múltiples sobre la salud mental y los derechos humanos de las personas, cuyas implicancias están lejos de ser desdeñables. Sin ir más lejos, hace pocos días un exdirector de la Escuela de Policía fue imputado por violencia privada luego de golpear y maltratar a un cadete. Ejemplos de estos se cuentan a raudales a lo largo de generaciones.
En definitiva, las evidencias sobre los suicidios, las tentativas, los problemas de salud mental, el estrés laboral, etcétera, tienen que ser colocadas en un marco de análisis que permita identificar las dimensiones del problema. Esquivar los factores institucionales y sociales, y remitirse al plano de la responsabilidad privada o individual no solo distorsiona la realidad, sino que supone niveles reprobables de irresponsabilidad política. Además, el problema no se agota con dibujos sobre la tendencia y la prevalencia, con descripciones previsibles o búsquedas abstrusas de la «causalidad». Hay dimensiones singulares y estudios de casos que son especialmente reveladores. Poner el ojo en las historias concretas, en los grados de sufrimiento, en las fallas preventivas y en la ausencia de mecanismos de protección o de cuidado es tan o más relevante que el relato generalizador. Si los funcionarios policiales no tienen ámbitos para hablar con libertad y confianza sobre sus problemas laborales y personales, al punto de promover una cierta conciencia autorreflexiva, se seguirá reproduciendo la lógica de un aparato que ejerce represión sobre sí mismo. Si la dignidad del policía vale, eso tiene que traducirse institucionalmente y trascender las meras referencias demagógicas para buscar adhesiones o tramitar intereses propios de carreras políticas. Si el funcionario es el centro, debería haber un correlato en materia de construcción institucional.
Esta reflexión nos conduce a asuntos más generales. En términos concretos, la Policía no es la organización encargada de hacer cumplir la ley (o lo es solo en el plano normativo), sino que es el resultado de un proceso histórico y político para producir un cierto tipo de orden social. Eso ha implicado la construcción de un conjunto de rasgos sobre la base de la jerarquía y de un modelo de organización del trabajo que, si bien no puede considerarse una subcultura, genera un patrón socializador unilateral, machista, castrense y corporativo. Es un patrón de gran alcance y calado, más intenso en algunos espacios de la institución que en otros, y que se reproduce mediante la incorporación de los estratos medios-bajos y bajos de la sociedad. Este marco de funcionamiento lejos está de ser secundario, y ejerce distintos tipos de coacciones y violencias cotidianas sobre las personas que trabajan allí. ¿El trabajo policial puede organizarse bajo formas más racionales, dignas y humanizadoras? ¿O acaso a la violencia social hay que abordarla de una sola manera? Aquí se abren muchas líneas de pensamiento en términos de modelos internos de organización y de procesos formativos, que nos advierten que el único punto decisivo no es el de la conducción política de la Policía, sino el de la conformación de una institución de base ciudadana y legitimidad democrática.
Los dispositivos orientados al control, la represión, la vigilancia tecnológica, el encierro, el castigo y la violencia subterránea en los barrios –y todo ello en un momento de presiones sociales y políticas– nada bueno pueden producir sobre el trabajo de quienes sostienen tal engranaje. A instituciones pensadas para el castigo, o sea, para hacer daño, no les podemos pedir respuestas protectoras o restaurativas. El asunto crucial no es solo la distancia entre lo que se hace (indiferencia jerárquica, falta de respuestas, tiempos muertos, exigencias mecánicas o arbitrarias) y lo que se debería hacer, sino el sentido último de lo que se hace. Si se explorara a fondo (es decir, si se permitiera), se hallaría que los funcionarios y las funcionarias no le encuentran razón sustantiva a sus trabajos cotidianos. Y mucho más cuando la lógica de lo que se hace (las necesidades del servicio) aplasta por completo la necesidad de los trabajadores.
Desde distintos lugares se señala que la Policía no puede sola con la violencia y el delito. Estamos de acuerdo con eso, pero hay más: al ser el actor predominante (por decisiones políticas y por propia voluntad), las respuestas a la violencia no han hecho más que reproducir las violencias. La lógica del predominio y la imposición han generado toda clase de comportamientos crueles. En ese juego de acción y reacción, todos saben, de un lado y del otro, que matar es una forma de protegerse de morir. Lidiar con las formas más impensables de la violencia predispone a la alienación o a la negación. ¿Acaso todo esto puede tramitarse sin niveles significativos de afectación subjetiva? ¿Cuál es la racionalidad que asegura que el sufrimiento solo se revierte con más sufrimiento?
Esta vez no hablamos de paradojas o de caminos sin salida para las políticas de seguridad. Hoy toca hablar de situaciones dramáticas y de vidas dañadas sin remedio por factores estructurales de desigualdad y por respuestas institucionales incapaces de promover formas de vida digna.
