La noticia sacudió el ambiente político a pocos días del cambio de gobierno. El Grupo Vía Central –concesionario de la obra del Ferrocarril Central– anunció el inicio de un arbitraje por presuntos incumplimientos de pagos por parte del Estado uruguayo con relación a la obra. La nota de intención entregada por el consorcio fijó el adeudo en 165 millones de dólares, un gasto que no estaba en el radar del gobierno entrante.
Entonces el designado secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, manifestó su sorpresa por la situación y apuntó contra el gobierno saliente: «Lo cierto es que [el exministro José Luis] Falero se va y nos deja este problema, nos deja un clavo, [y] eso no se tapa con nada». La sorpresa –y la molestia– de las autoridades entrantes refería a que la posibilidad de un arb...
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