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Eduy21 y las elecciones.

Varias campañas políticas suceden montadas sobre la electoral. Una de ellas es la que lleva adelante Eduy21, que el 16 de julio celebró que su petitorio en la plataforma Change.org alcanzó 10 mil firmas para que los partidos políticos suscriban su proyecto educativo. Depositaria de prestigio académico, Eduy21 se presenta como una organización técnica y no política, y ha logrado entusiasmar a muchas personas preocupadas por la situación de la educación en Uruguay. Sin embargo, su condición de think tank empresarial se ha vuelto evidente, reproduciendo un esquema común en la región. En este marco, más allá de la pertinencia de alguna de sus propuestas considerada aisladamente, se debe analizar el proyecto en su globalidad.

Modernización conservadora global. El pedagogo estadounidense Michael Apple llamó “modernización conservadora” al programa de reforma educativa producido por la alianza de las derechas neoliberal (que lleva la batuta), neoconservadora y neopentecostal. Este programa, surgido en Estados Unidos en la década de 1990 y expandido a otros países a través de redes financieras, religiosas y académicas, conjugó mercantilización (creación de mercados educativos, concepción de la escuela como empresa, diseño del currículo para el mercado) con conservadurismo (relatos nacionalistas conservadores, oscurantismo, ataque a la agenda de derechos, presentada como “ideología de género” y “marxismo cultural”).1 Las teorías del capital humano, la nueva gestión pública y las pedagogías de las competencias, sumadas a un fetichismo tecnológico bien explotado por la industria, sustentaron un programa radical de mercantilización de la educación en todos los planos posibles. Allí donde se aplicó, el resultado fue el aumento escandaloso del lucro y una expansión privatizada y segmentada de la oferta que logró armonizar cobertura con clasificación (y control) social, aumentando la desigualdad educativa, empobreciendo la enseñanza y dejando familias con deudas iguales a la educación prometida: “a lo largo de toda la vida”.

La investigación en educación comparada (que es más heterogénea que la confección de rankings) ha identificado estas redes, su modalidad operativa y su identidad programática. La modernización conservadora se afirma sobre una crítica a la crisis de los sistemas educativos modernos, pero presentando los problemas como propios de la educación pública, ubicando las alternativas en el sector privado y al magisterio como el responsable de todas las dificultades (en particular, a los sindicatos, buscando debilitar al actor que podría oponérseles). Los responsables de impulsar la reforma son en general grupos de carácter empresarial‑tecnocrático con gran poder de lobby, que se erigen como ministerios de educación paralelos, adaptando a cada medio el libreto de la Ocde, que a través de las pruebas Pisa se ha convertido –tomando la expresión del pedagogo español Jurjo Torres– en un ministerio educativo global. Ejemplos de estos grupos son Mexicanos Primero, think tank empresarial clave en la reforma educativa de Peña Nieto, y Todos pela Educação, protagonista de la reforma de la enseñanza media en el Brasil del período Temer‑Bolsonaro. Se puede seguir la actividad de Todos pela Educação a través de la cuenta de Twitter de Eduy21, que replica sus tuits.

EL PAPEL DE EDUY21. Eduy21 es un think tank vinculado a la Confederación de Cámaras Empresariales (Cce). Esto no es un comentario mordaz, sino la definición de las propias Cámaras en su documento “Propuestas de la Cce para implementar en el próximo período de gobierno”. Allí, rindiendo cuentas sobre las actividades realizadas, informan que “se contribuyó como organización a la generación del think tank dedicado a los temas educativos Eduy21, una de las principales fuentes de elaboración de propuestas para una reforma en esta área, que resulta impostergable”. Las Cámaras dedican a la educación sólo tres puntos, el primero de los cuales dice, lacónico: “Implementación de propuestas del libro abierto de Eduy21”. Es decir, pusieron todos los huevos en esa cesta. Y si consideramos la relación existente entre poder empresarial y medios de comunicación en Uruguay, se entiende la exuberante y permanente exaltación de las propuestas y los voceros de Eduy21 en los medios asociados a las cámaras.2 Estamos ante un fenómeno que ha sido definido en la academia como “privatización de la política educativa”, esto es, el creciente rol de agentes empresariales, ya no sólo como prestadores que se benefician con la privatización endógena o exógena de la educación, sino en la propia formulación de las políticas.3 No es posible analizar a Eduy21 fuera de las concepciones y los intereses de su marco de pertenencia.

Pero ¿se trata de una propuesta privatizadora? Hace algunas semanas Eduy21 escribió en su cuenta de Twitter que tal acusación era una fake news y que su proyecto “se inscribe en la idea de Estado garante”. ¿Cuál es esta idea? La resume Renato Opertti, uno de los directivos de la organización: “No se debe asimilar ‘Estado garante’ a una visión Estado‑céntrica pretendidamente monopolizadora de ambientes, ofertas, enfoques y saberes. Una visión garantista, que no es Estado‑céntrica, no implica, en modo alguno, una preferencia por el mercado e ipso facto por la privatización de los servicios sociales. Más bien, se reconoce la necesidad de contar con diversos arreglos institucionales (formales, no formales e informales), múltiples ambientes de aprendizaje y ofertas educativas y un amplio repertorio de estrategias curriculares, pedagógicas y docentes, para garantizar que cada alumno/na tenga una oportunidad genuina de educarse y de aprender. El desafío es, pues, forjar soluciones organizativas diferentes, involucrando multiplicidad de instituciones y actores (…). (A su vez) un Estado garante reconoce y ampara el derecho de las personas, las familias y las comunidades a tener capacidad efectiva de elección de la educación que prefieran en función de sus afiliaciones, credos, localizaciones e intereses”.4

“Estado garante” parece más bien una formulación camuflada de la figura de “Estado evaluador”, denominación que refiere al papel que el Estado pasa a tener en la gestión de los sistemas educativos de competencia público‑privada. “Diversos arreglos institucionales” y “capacidad efectiva de elección de las familias” son dos piezas del puzle de los sistemas privatizados. Aunque Eduy21 no proponga directamente privatizar servicios públicos, resulta claro que procura el avance, en la escala de lo posible hoy en Uruguay, de una nueva arquitectura educativa de cara a la generación de un sistema mixto estatal‑privado en competencia por recursos públicos. El cambio en el rol del Mec, las propuestas de incentivos, la forma de entender la autonomía de los centros y el papel atribuido a la evaluación son elementos que deben leerse dentro de esta concepción. Fake news la fake news: sí, es una propuesta tendencialmente privatizadora, porque prepara la arquitectura del sistema para expandir las transferencias de fondos públicos al sector privado, buscando su crecimiento.

Esto está ligado al papel político de Eduy21 en la coyuntura electoral. La alianza neoliberal‑conservadora no está exenta de dificultades. En este marco, Eduy21 cumple una función de unificación programática de la derecha, articulando modernización neoliberal (Ceres) y conservadora (Opus Dei) en una nueva ingeniería educativa que les asegure convivencia en un sistema de competencia. Figuras destacadas de la derecha empresarial y política forman parte de la organización. Además de la Cce, son socios de Eduy21 Robert Silva, el compañero de fórmula de Talvi, y Pablo da Silveira, el anunciado ministro de Educación en un posible gobierno de Lacalle Pou. Está la Universidad de Montevideo, del Opus Dei. Está Adolfo Garcé, consejero académico de Cadal, que forma parte de la Red Atlas, principal red del neoliberalismo global, a la cual también pertenece Ceres, la institución de Ernesto Talvi y Nicolás Herrera, otro Eduy boy, que, a su vez, es presidente de la Fundación Impulso, integra Desem‑Jóvenes Emprendedores (miembro de Junior Achievement, fundación de origen estadounidense dedicada a fomentar los valores del libre mercado y el espíritu empresarial) y forma parte de la exclusiva Mont Pelerin Society, la meca neoliberal mundial. También es “socio académico” de Eduy21 la organización Reaching U, nodo uruguayo de Reduca, la red que exportó el paquete de reforma de la educación media que, con asesoramiento en terreno incluido, se está aplicando en Brasil a partir del golpe de Temer.5

CAMINO PAVIMENTADO. El discurso hostil dirigido a los docentes encuentra terreno fértil cuando se designa a una ministra de Educación y Cultura sin antecedentes en la materia, pero con la credencial de tener mano dura con los sindicatos. Si Larrañaga, en su alicaída versión autoritaria 2019, puede anunciar que aplicará la esencialidad a los docentes, es porque ya la aplicó Vázquez. Los liceos de gestión privada que, con condiciones excepcionales de presupuesto y selección del estudiantado, cumplen una función propagandística en la estrategia privatizadora (véase artículo en páginas 2-3) se multiplicaron y consolidaron luego de las modificaciones de la ley de mecenazgo en 2010 y 2013.6 La precarización laboral dentro del Plan Ceibal es una muestra del tipo de relaciones laborales que conlleva el mundo emprendedor. El aumento de una institucionalidad educativa no autónoma (Plan Ceibal, Utec) se ha utilizado para comprar, con endeudamiento público, un posgrado de dudoso beneficio para el país, que se podría haber generado con otro enfoque, fortaleciendo a las comunidades científicas nacionales.7 Estos ejemplos tienen una lista de etcéteras demasiado numerosa, que ha pavimentado el camino del reformismo neoliberal y la aceptación como sentido común de la ideología empresarial. Como analizan Naser y Delacoste, la ideología neodesarrollista que ha primado en los gobiernos progresistas, aun cuando no deje todo librado al mercado y priorice las políticas sociales, comparte o acepta pragmáticamente premisas básicas del neoliberalismo que redundan en una concepción mercantilizadora de la educación y la cultura.8 Piensa la educación desde la teoría del capital humano, la gestión desde el management y la innovación desde la competencia. La reforma educativa adquiere así todo el realismo y la urgencia de la economía. “Formar para empleos que aún no existen”, entre otras expresiones de vacío pedagógico, funcionan como dictámenes que, no obstante su volatilidad, pasan a justificar sin mayor mediación lógica reformas como la del modelo de las competencias.

OTRO PROYECTO. El pedagogo argentino Daniel Brailovsky llama “pseudoescolanovismo de mercado” a la apropiación y resignificación neoliberal de los cuestionamientos históricos a la educación moderna por parte de la Escuela Nueva y las pedagogías críticas.9 Esta mimetización causa confusión y en ocasiones produce un bloqueo del que es necesario salir. Que nos opongamos a la transformación de la educación según los requerimientos del capitalismo toyotista o tipo Silicon Valley o modelo Uber no tiene por qué llevarnos a defender la forma escolar heredada del capitalismo fordista. Que desmontemos la trampa ideológica de quienes responsabilizan exclusivamente a la institución educativa de la desvinculación no nos debe llevar a ignorar los factores institucionales y pedagógicos que tienen que ver con ese problema. La crítica al autoritarismo tecnocrático sirve si nos permite crear otros modos de relación entre conocimientos académicos, técnicos y pedagógicos, en múltiples niveles generales y situados donde la teoría, la práctica y la experiencia puedan nutrir la formación docente y la política educativa. Que rechacemos la burocracia medidora y precarizadora de la modernización neoliberal no nos debe impedir criticar la burocracia y verticalidad actual. Que nos opongamos al modelo del coaching y directivos‑líderes que promueven relaciones mercantiles entre la escuela y su entorno no debería impedirnos ensayar otros modelos de relación de los centros educativos con su entramado social, que aporten a su fortalecimiento, extiendan todo lo posible su labor pedagógica y expandan el derecho a la educación. Porque la reforma de Eduy21 no nos va a depositar en un siglo XXI de bienestar tecnológico, pero la aplicación del programa de ajuste radical que proponen las cámaras tendrá, lo sabemos, consecuencias nefastas en el tejido social. La posición de resistencia a la modernización conservadora se agota si no va acompañada de un proyecto de reforma alternativo, construido desde un diagnóstico y una metodología diferentes, a partir de la siempre vigente pregunta de Reina Reyes: ¿para qué futuro educamos?

1.   Apple: “Poder, conocimiento y reforma educacional” (Miño y Dávila, 2012).

2.   Véase Geymonat: “¿Independencia de qué?”. Hemisferio Izquierdo, número 32, julio‑agosto de 2019.

3.   Bordoli, Martinis, Moschetti, Conde y Alfonzo: “Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones” (Internacional de la Educación, 2017).

4.   Opertti: “15 claves de análisis para apuntalar la Agenda Educativa 2030” (Oie‑Unesco, 2017).

5.   Clovis de Azevedo y Tarcísio: “Políticas Educacionais no Brasil Pós‑Golpe” (Centro Universitario Metodista, 2018).

6.   Dufrechou, Jauje, Messina, Oroño, Sánchez y Sanguinetti: “El avance privatizador en la educación uruguaya: discursos y políticas” (Internacional de la Educación, 2019).

7.   Véase Randall: “Un ejemplo de lo que no se debe hacer” (La Diaria, 6‑VII‑19).

8.   Naser y Delacoste: “Indigestión cultural: una mirada desde la izquierda a la política cultural de los gobiernos del Frente Amplio” (Cuadernos del Claeh, volumen 37, número 107, 2018).

9.            Entrevista a Daniel Brailovsky. Hemisferio Izquierdo, número 31, junio de 2019.

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