Un artículo de la rendición de cuentas puso fin a buena parte del diferendo salarial que tuvo en vilo al Poder Judicial desde los inicios del gobierno de José Mujica, hace ya una década. Por esos años, a través de la Ley de Presupuesto Nacional, se dispuso la equiparación salarial de los ministros de Estado y los senadores. Sin embargo, la norma no consideró la vigencia de otras leyes que consagran la equidad salarial entre los ministros de Estado y los representantes de los organismos de contralor, quienes resultaron beneficiados con un aumento imprevisto.
El tema se agravó en el Poder Judicial. La Ley Orgánica de la Judicatura y de Organización de los Tribunales dispone el «enganche salarial» entre los ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y los jueces, y entre estos y los funcionarios administrativos y otros cargos técnicos. Sin preverlo, la norma implicó un aumento salarial generalizado para los integrantes del Poder Judicial, lo que derivó en un largo conflicto. Este proceso incluyó decenas de demandas civiles contra el Estado y decenas de acciones de inconstitucionalidad contra las sucesivas leyes que pretendieron solucionar el entuerto. Sobre el final del último gobierno del Frente Amplio se logró una solución que contempló buena parte del reclamo salarial (18,8 por ciento del total), que fue aceptada por la amplia mayoría de los trabajadores judiciales y de la fiscalía.
Con esta rendición de cuentas, el gobierno se comprometió a saldar el resto de la deuda con los funcionarios judiciales como forma de corregir las inequidades salariales que se produjeron estos años en la interna del sistema judicial. De esta forma, se llegó al 26,1 por ciento de aumento para los trabajadores. Sin embargo, hay escenarios abiertos con personal equiparado, que aún litiga en los estrados judiciales, como los funcionarios del Registro Civil y los de la Dirección General de Registros.
En este contexto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acordó pagar unos 7 millones de pesos a cuatro jerarcas políticos de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas (TCR) que iniciaron una demanda civil por la equiparación salarial. Los beneficiados fueron los ministros de la Corte Electoral, Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional), Arturo Silvera (Partido Nacional) y Juan Máspoli (Partido Colorado), y el ministro Francisco Gallinal, representante nacionalista en el TCR y el principal nexo con Presidencia de la República. Estos jerarcas obtuvieron una sentencia de inconstitucionalidad favorable al recurrir la ley 18.996 (una de las que pretendieron zanjar el conflicto salarial), tras lo cual presentaron una demanda civil contra el MEF. El litigio duró una audiencia. Como establece la normativa, las partes fueron convocadas a una audiencia de conciliación para encontrar una solución amistosa. La conciliación tuvo éxito.
En esa instancia, el MEF reconoció la deuda contraída con los jerarcas y expresó su disposición a pagarles. Como contrapartida, los jerarcas desistieron del cobro de reajustes e intereses. El acuerdo, homologado por la jueza Shirley Pérez, implica el cobro del total del reclamo: Gallinal cobrará 1,2 millones de pesos por las diferencias salariales generadas en un período de 12 meses y los tres ministros de la Corte Electoral embolsarán 1,9 millones de pesos cada uno por un período de 18 meses. Se trata de deudas generadas entre 2019 y 2020, que fueron verificadas y ratificadas por el MEF. El acuerdo implica que el cobro se haga en dos cuotas: el 60 por ciento a los 30 días y el resto a los 60 días.
El acuerdo transaccional entre el gobierno y los jerarcas políticos de los organismos de contralor causó sorpresa entre los operadores del sistema judicial. En particular, porque se trató de un acuerdo en la etapa de conciliación, cuando la tónica de este y de los anteriores gobiernos fue agotar todo el proceso judicial antes de sentarse en la mesa de negociación. «Siempre tuvimos que litigar. Nunca nadie nos propuso un acuerdo durante el juicio, y menos en la conciliación», dijo una fuente gremial a Brecha. Este es el caso de, por ejemplo, los funcionarios del Registro Civil, que obtuvieron fallos a su favor en la primera y la segunda instancia, pero cuya causa está a estudio de la SCJ tras el recurso de casación presentado por las actuales autoridades del MEF. A esto se le suma que varios trabajadores con juicios ganados y con el proceso de liquidación de sentencia terminado siguen sin cobrar sus haberes. Según las fuentes, los funcionarios que adhirieron al último acuerdo cobraron el total de la deuda generada hasta el 30 de junio de 2019 al contado, con reajustes e intereses. Sin embargo, hay un grupo de unos 300 funcionarios que decidió seguir adelante con el juicio, ganó todas las instancias y sigue sin cobrar.