Calle Nicaragua 1332. “¿Va a Familiares?”, pregunta atento el portero. “Apartamento 205”, agrega. Esa es una de sus opciones. Si sabe algo, puede ir directamente a ese apartamento. También puede llamar al 0800 9942 y dejar grabado un mensaje. O acercarse a cualquier parroquia, templo o sinagoga del país. Puede identificarse o no, esa también será su elección. “Somos familiares de desaparecidos. Pedimos su ayuda como ser humano, un dato nos ayuda a buscar”, decía parte del mensaje que llegó a los celulares de Antel del país el 15 de octubre. Ese día más de cien personas llamaron al 0800. Algunos para insultar, otros porque se habían sentido invadidos en su teléfono, otros –presumiblemente más veteranos o con dificultades con la tecnología– para preguntar por qué les habían escrito si ellos no sabían nada de eso. Pero el teléfono suena todos los días, y los datos se van sumando. Hasta el momento recibieron más de 300 llamadas: “Algunas podemos decir que son realmente interesantes, se dan datos precisos de sitios, y hasta se han establecido contactos para acercar planos y que se marquen los lugares”, cuenta en el apartamento de Nicaragua Ignacio Errandonea, integrante de la organización. “Hay otro caso muy preciso que dice yo fui militar en tal período, tal año, y vi tal cosa. No estoy dispuesto a que se dé mi nombre, no estoy dispuesto a que me vean, pero si se mantiene mi anonimato estoy dispuesto a ir y marcar el sitio exacto”, dice. Y agrega: “Han llegado llamadas del Interior. Una de las llamadas que en lo personal me produce mayor expectativa viene precisamente de ahí, una información que supuestamente es bastante precisa. Se envió un plano, se marcó el lugar. Ahora, hasta que no se produzca el hallazgo no podemos saber realmente lo que vale ese dato”. La mayoría de la gente que llama, dice Errandonea, tiene miedo. Y por eso a lo que más apuntan es a generar la confianza necesaria, preservando la posibilidad del anonimato. Aunque en algunos casos, luego de varios contactos, hasta han podido encontrarse con los informantes. A esta intención de generar confianza y espacios de recepción de información responde la inclusión de las iglesias. “Lo que la iglesia permite es desde otro ángulo dar otro tipo de seguridades. Por ejemplo, un cura tiene el secreto de confesión, entonces uno dice algo en secreto y sabe que no va a ser denunciado”, explica, y suma: “en definitiva en esta campaña lo que estamos buscando es información sobre nuestros familiares, que llegue de la forma que llegue y la proporcione quien la proporcione”. El domingo pasado el arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, se expresó desde Roma, en su audición “La alegría del evangelio”: “Es un pedido que hemos recibido, que la Iglesia ha acogido, y que por supuesto es una contribución para la paz entre los uruguayos” y “quizás ayude a traer paz a muchos corazones”, dijo. Sturla aclaró que no es un pedido del papa Francisco, algo que podría ser razonable luego de que en febrero este ofreciera su ayuda al gobierno uruguayo para encontrar a los desaparecidos: “Este es un planteo uruguayo” y “lo que interesa en este caso a este grupo de familiares no es llegar a quiénes son los que saben, sino encontrar los restos para dar paz a las familias que están implicadas”. Hasta el momento no ha llegado información a través de las iglesias, pero desde Familiares creen que esta vía será efectiva a pesar de ser más lenta. “¿Qué sucede con esta campaña? Que tenemos más apoyo de equipos que están trabajando. El problema que teníamos cuando se iniciaban ideas como esta, era que no teníamos capacidad de seguir la información que nos dieran. En este momento el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, la Secretaría de Derechos Humanos y los equipos de trabajo de antropólogos e historiadores son los que están incorporando y corroborando esos datos o indicios”, dice Elena Zaffaroni, también integrante de Familiares.
Entre tanto, las excavaciones en el Batallón 13 continúan detenidas desde agosto, cuando se encontró enterrada una granada antitanque, lo que podía suponer un peligro para los investigadores. El juez Pedro Salazar dijo a Brecha que todavía no hay fecha definida para que se retomen, pero según supo este semanario, habría voluntad de las partes de comenzar al menos a demarcar el terreno la semana próxima.
Es todo un síntoma que, a 30 años de la reapertura democrática, para romper el cerco de silencio y ausencia los familiares de desaparecidos tengan que apelar a la empatía de una sociedad que en dos oportunidades les dio la espalda y consolidó la impunidad de los torturadores.
No por eso la apelación es menos necesaria, ni la herramienta menos válida.
