Para un ícono de la izquierda y para un partido de izquierda, nada podría ser peor que afrontar un legado de vulneración de los derechos humanos. Para un ícono de la izquierda que se ha presentado como un defensor de la Amazonia en el escenario internacional, nada podría ser más peligroso que una catástrofe ecológica en la mayor selva tropical del planeta. La importancia de Brasil en el mundo está directamente ligada a la Amazonia, al igual que las inversiones internacionales que el país recibe. Y también lo está la popularidad del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un planeta acechado por la crisis climática. Es en ese marco que cobra un enorme significado para Lula y el Partido de los Trabajadores (PT) la renovación de la licencia de funcionamiento de la represa hidroeléctrica Belo Monte.
Tras 13 años en el gobierno (2003-2016), el PT ya tiene un pasado en el poder. El antipetismo o sentimiento de rechazo hacia el PT que resultó en la elección de Jair Bolsonaro suele ser justificado como respuesta a la corrupción del partido en el gobierno. Aunque la corrupción atraviesa a todos los partidos tradicionales de Brasil –como es muy fácil de demostrar–, el PT se había presentado como un partido diferente. Es natural que, por ello, se le haya exigido más. No obstante, parte de los que despotricaban contra la corrupción del PT en el poder han callado ante la corrupción explícita del gobierno de Jair Bolsonaro, lo que hace sospechar que el antipetismo puede deberse no a los errores del PT, sino a sus aciertos: haber afrontado la desigualdad racial y social de Brasil como ningún otro partido antes, por ejemplo.
Ahora Lula y el PT vuelven al gobierno tras cuatro años de fascismo. Y, a pesar de todos los reveses, el PT es el único de los partidos nacidos durante la redemocratización que ha sobrevivido como tal. Pero si el pasado de corrupción puede superarse, especialmente ahora que Lula carga con la esperanza de millones de brasileños de volver a tener un país propio, hay algo que no podrá superarse. Y ese algo se llama Belo Monte.
Planeada y subastada durante los dos primeros mandatos de Lula (2003-2010), construida durante el gobierno de Dilma Rousseff (2011-2016), la hidroeléctrica se ha convertido en un símbolo internacional de destrucción humana y ambiental en la Amazonia. Impuesta a los pueblos de la selva y de la ciudad de Altamira, en el estado de Pará, la central es objeto de 29 demandas del Ministerio Público Federal. Es muy probable que, en los próximos años, Belo Monte sea formalmente considerada como «crimen» en sentencias del Supremo Tribunal Federal. Con ese sustantivo ya la definen tanto sus víctimas y los movimientos socioambientales como los científicos que la estudian desde que era solo un proyecto de la dictadura empresarial-militar (1964-1985) que nadie creía que pudiera salir del papel. Y ahora, como un búmeran de acero y hormigón, Belo Monte vuelve a la mesa del nuevo gobierno, al que le tocará renovar la licencia para su operativa.
Tanto a Lula como a la mayoría del PT les cuesta asumir la verdad sobre Belo Monte. Pero de Belo Monte no se escapa. Así lo demuestra la serie especial para Sumaúma que firma la periodista Helena Palmquist, que pasó varios días en Altamira y la región circundante investigando por tierra y por agua los impactos de la usina. La hidroeléctrica, impuesta sin consulta previa a los pueblos de la selva, expulsó a 55 mil personas. Hoy, está secando 130 quilómetros de río de una de las regiones más biodiversas de la Amazonia, llamada Vuelta Grande del Xingú, lo que pone en peligro la vida de tres pueblos indígenas, de comunidades tradicionales y de cientos de especies animales. Hasta ahora, las familias ribereñas a las que les ahogaron las islas y les quemaron las casas para construir la represa no han sido reasentadas junto al embalse, lo que ha provocado hambre, enfermedades y muerte. Altamira se ha convertido en una de las ciudades más violentas de Brasil y los niños expulsados de la selva se han hecho adolescentes en periferias dominadas por el crimen organizado.
Esto es solo un pequeño resumen de la obra. Y de todo ello hay abundantes pruebas. Negar los brutales impactos de Belo Monte es tan imposible como negar la crisis climática. Ambas son reales, y la realidad se impone incluso a los negacionistas.
La renovación de la licencia de funcionamiento podría ser la chance para que Lula y el PT enderecen la narrativa de su legado en la Amazonia, una narrativa ahora fuertemente contaminada por Belo Monte. Ya no se puede reparar la destrucción socioambiental que ha producido la hidroeléctrica, pero la renovación de la licencia podría ser la oportunidad para que el Estado obligue por fin a Norte Energia, la concesionaria de Belo Monte, a cumplir sus obligaciones legales: de las 47 medidas que deberían prevenir o reducir los daños provocados por su construcción y operativa, solo 13 se han cumplido integralmente. Es inaceptable que, después de todo lo ocurrido, este gobierno renueve la licencia sin el pleno cumplimiento de las condiciones acordadas, que hasta ahora nunca han condicionado nada.
Hoy la hidroeléctrica secuestra el 70 por ciento del agua de la Vuelta Grande del Xingú, lo que impide la reproducción de la mayoría de las especies y resulta en la muerte de millones de peces y en la condena al hambre de los pueblos de la región. Es imperioso que el gobierno cumpla con su obligación de hacer un reparto del agua ecológicamente viable en el que prime la vida, principio mayor inequívoco. Las familias ribereñas viven hace más de una década arrojadas en las periferias urbanas, a la espera de justicia y, desde hace al menos seis años, a la espera de un territorio ribereño que les devuelva su modo de vida y salve a sus hijos del reclutamiento por el crimen organizado. Un día más sin territorio ribereño puede significar una vida menos. Y cada una de ellas será recordada y reclamada. Ya es hora de que la Constitución valga también para Belo Monte.
«La derrota y la victoria solo se miden en la historia», recordó Marina Silva, ministra de Medioambiente y Cambio Climático, en una entrevista reciente a Sumaúma. Su frase bien la pueden decir las víctimas de Belo Monte, que nunca han permitido que la hidroeléctrica se convirtiera en un hecho consumado, mucho menos en un caso superado y menos aún en un episodio olvidado. A estas alturas, Brasil ya debería haber aprendido el coste en sangre de borrar la historia y a sus gentes. Que la renovación de la licencia para la operativa de Belo Monte haya caído en manos del PT puede parecer un tremendo infortunio para quienes preferirían olvidar… y que los demás se olvidaran. Pero, al contrario, esta es la ocasión para que Lula y el PT hagan lo correcto. Rara vez un presidente y un partido tienen una oportunidad de tal magnitud. Sobre su elección, solo hay una certeza: pasará a la historia.
(Publicado originalmente en Sumaúma. Traducción del portugués de Brecha.)
