Más testimonios y documentos comprometen a edil herrerista
La dgi ya investiga si el precandidato blanco a la Intendencia de Maldonado Rodrigo Blás está involucrado en presuntas maniobras para evadir el pago de impuestos con la venta de terrenos en el fraccionamiento Valle Di Saronno. El edil herrerista y operador inmobiliario afirma que es apenas “un apoderado” de Javipark sa, la propietaria de los predios. Y dice que nunca supo ni habló con ningún comprador o abogado sobre escriturar los solares por un precio inferior a su valor real. Testimonios y nuevos documentos recogidos por Brecha esta semana ponen en falso tal versión.
Maldonado es un mundo aparte, un sitio mágico, un departamento rico donde cualquiera con ánimo de superación puede echar raíces y trabajar con ahínco para construir su futuro. Algo así como una tierra prometida, donde los ciudadanos honestos pueden hacer sus deseos realidad y cumplir el sueño de la casa propia. Frases como estas alimentaron, durante décadas, la ilusión de los uruguayos que llegaron y prosperaron en estas tierras.
Son las que los siguen trayendo a un ritmo imparable. También aquí el costo de vida es de los más caros del país y la casa propia puede terminar siendo un rancho levantado al alba en algún cinturón de pobreza de la capital departamental. Pero impera la construcción social de un Maldonado próspero. Y hay margen para dejarse tentar: cientos de padrones se venden a precios que rondan los 40 mil dólares, con opciones de financiación a tres o cinco años, en fraccionamientos ubicados al oeste de la ciudad.
Todo sacrificio es válido para tener el privilegio de vivir a minutos de Punta del Este, con servicios en puerta y ninguna otra preocupación que diseñar el futuro hogar. Con esa esperanza decenas de familias dieron con el Valle Di Saronno, donde la aventura hacia la casa propia, más que un sueño, se volvió –por lo menos para varias de ellas– una pesadilla.
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En la grisura de un barrio montevideano Silvia1 hilvanaba la idea de vivir en Maldonado. Su marido pasaba meses trabajando en Punta del Este y ya evaluaban la posibilidad de volcar sus ahorros en alguno de los fraccionamientos en venta en Lausana, muy cerca del inalcanzable Pinares. Visitando amigos ya instalados en la zona, en 2012 el matrimonio dio con el cartel que anunciaba el futuro barrio jardín Valle Di Saronno, vendido por la inmobiliaria del edil herrerista Rodrigo Blás. Parados sobre montículos de pastizales, con la mirada perdida entre bosques de pinos y un irresistible aroma marino, supieron que no podrían vivir en un lugar más bello. Allí se gestó el sueño.
Se contactaron con Blás, apoderado de la propietaria Javipark sa, y con uno de los vendedores de la inmobiliaria, el también edil herrerista Darwin Correa. Tenían la opción de financiar los 42 mil dólares que costaba el padrón de casi 600 metros cuadrados y así firmaron una oferta de compra con la esperanza de recibir el solar en unos meses, con servicios de luz, agua potable, saneamiento y calles en puerta. Pero el documento que recibieron precisaba que el predio sería escriturado por un precio inferior al real y que si optaban por una escrituración superior, tendrían que hacerse cargo de los impuestos que ello generara al vendedor.
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Pasaron los meses, muchos más que los prometidos para la entrega del terreno, y el matrimonio analizó la posibilidad de pagar al contado por temor a no poder afrontar, a futuro, un endeudamiento en dólares. Así lo plantearon en noviembre de 2013 cuando, junto a otros interesados que también habían firmado su compromiso de compra, fueron convocados por Blás Propiedades para escriturar su inmueble. Entonces, asesorada por su escribano, Silvia reveló que no estaba dispuesta a firmar por un valor inferior al precio real de la transacción, entendiendo que eso podría desvalorizar su propiedad y generarle complicaciones en caso de querer venderla en los próximos años. La respuesta que recibió de Blás la dejó atónita.
El apoderado de Javipark y edil de la Junta Departamental de Maldonado le dio un ultimátum: si no aceptaba sus condiciones, le devolvería la seña y no habría trato, le vendería el terreno a otro.
Ella había esperado dos años para firmar, tenía ante su nariz la posibilidad de asegurarse la tierra. Y aunque su escribano advirtió que aquello era “una chantada”, lo desoyó. Siguiendo el sueño de “vivir la casa propia” firmó las escrituras por mucho menos del valor que pagó por la propiedad. Eso fue en noviembre, mes en que el apoderado de Javipark sa lanzó una precoz campaña por la Intendencia de Maldonado por el sector Unión y Cambio (apoyando al precandidato presidencial Luis Lacalle Pou). En su discurso de proclamación, el candidato prometió a sus simpatizantes una gestión municipal “transparente” y “honesta”, asegurando que rendiría cuentas al “olvidado” contribuyente del departamento sobre el destino de sus tributos.
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La subescrituración de terrenos del Valle Di Saronno nunca habría salido a la luz pública si Blás Propiedades hubiera cumplido con su obligación de ofrecer la luz y el saneamiento a los vecinos, según los términos acordados. Sin embargo, al cabo de meses de reclamar estos servicios, los indignados compradores amenazaron con denunciarlo públicamente y hacer escraches frente a su negocio. Algunos, además, esperaban que el apoderado de Javipark sa cumpliera su promesa de entregarles entre 3 mil y 4 mil dólares a cuenta de toneladas de relleno necesarias para nivelar los terrenos. Y otros empezaron a apurarlo para que confirmara en qué lugar iban a estar la plaza y el parque con cañada que les había mostrado en los planos del fraccionamiento, como parte del 10 por ciento del terreno total que, por ley, el vendedor debe ceder a la Intendencia para que ésta lo administre como espacio público.
Cansados de discutir por estos asuntos con el operador inmobiliario, varios vecinos le advirtieron que iniciarían movilizaciones para denunciar públicamente el incumplimiento. Así fue que algunos de ellos plantearon la situación al procurador Gastón Villamayor, quien les recomendó buscarse un abogado que propusiera otras vías de negociación al apoderado de Javipark. Allí comenzó la tarea de Federico de Castellet. El abogado les sugirió opciones tales como “una demanda penal, una denuncia administrativa a la dgi y una demanda por incumplimiento contractual y daños y perjuicios”, según consta en un mail que envió a los vecinos a fines de enero pasado. Por motivos que éstos no precisaron, en febrero el abogado les envió otro mail para informarles que, reunido con Blás, había alcanzado un preacuerdo por el cual éste les reintegraría la diferencia entre el precio subescriturado y el monto real del terreno o, para el caso de los que pagaban en cuotas, “les perdonaría la deuda”.
El acuerdo se firmó entre siete vecinos, en torno al 20 de febrero pasado, bajo estrictos términos de confidencialidad y pena de multa por 10 mil dólares a quien hable sobre el tema (o muestre el documento privado). (Véase Brecha, 28-II-14.)
Como otros propietarios en Valle Di Saronno, Silvia quedó fuera de ese acuerdo. Sigue recorriendo los mostradores de las oficinas de ute y ose con la esperanza de que alguien le informe hasta cuándo tendrá que esperar por los servicios prometidos. Como en un mal sueño del que no puede despertar. n
1. Para preservar el anonimato de la damnificada, Brecha optó por modificar su nombre.
Tiempo al tiempo
La denuncia que el procurador Gastón Villamayor presentó el 21 de febrero ante las oficinas de la Dirección General Impositiva (dgi) de Maldonado ya está siendo investigada.
El organismo tendrá que confirmar si existió una subescrituración de terrenos con el fin de evadir impuestos, entre otros ilícitos que podrían encuadrarse en la figura de estafa o defraudación según se desprende de los documentos presentados por Villamayor, a los que tuvo acceso Brecha.
Luego deberá establecer si el edil y precandidato herrerista Rodrigo Blás tuvo participación en ello y qué responsabilidad le cabe como apoderado de la sociedad anónima Javipark, de la que apenas se sabe que estaría integrada por “capitales argentinos”.
Con razones fundadas, la dgi también puede invocar la ley 18.930 (aprobada en julio de 2012) para que el Banco Central del Uruguay revele quiénes son los “accionistas, socios o partícipes” de Javipark, entre otros datos de interés para la investigación. Como sea, los equipos de auditoría suelen tomarse unas cuantas semanas antes de arribar a una conclusión en casos como el denunciado por Villamayor.
Planchado
Otro dirigente de fuerte linaje herrerista, y en este caso candidato a la Intendencia de Colonia (según da cuenta el semanario Patria, 6-XII-13), enfrenta severos problemas con el fisco. La semana pasada el semanario El Eco de Colonia difundió que la dgi multó al diputado departamental Ricardo Planchón debido a irregularidades detectadas en la facturación de su confitería, ubicada en el casco histórico de Colonia del Sacramento. De acuerdo a fuentes de Impositiva, entre impuestos, multas y recargos por reliquidación el legislador tendrá que abonar unos 18 millones de pesos (cerca de 900 mil dólares). Además, la dgi solicitará a la justicia seis días de clausura para el comercio (que se harán efectivos durante la próxima temporada). Los periodistas de El Eco relataron que los inspectores del organismo recaudador estuvieron en el local entre el 2 y el 16 de enero y hallaron un software “hecho a medida para evadir impuestos”. Planchón alega que el monto de la multa es menor (cercano a los 10 millones de pesos) y que los guardianes del fisco detectaron apenas la ausencia de los “pie de imprenta” en las facturas, un pequeño error para una multa tan abultada como la que Impositiva ratifica.