En palabras del escritor y exvicepresidente sandinista Sergio Ramírez, Nicaragua ha sido testigo, en el último mes, de un “despertar popular” (veáse Brecha, 11-V-18). Este cambiante proceso iniciado el 18 de abril, y cuyo desenlace aún no está claro, ha llegado a un punto de inflexión en la última semana.
La represión sigue sumando muertos y heridos. Según cifras que manejan los estudiantes, las víctimas fatales alcanzarían ya a 68 personas desde el comienzo de las manifestaciones, mientras que organismos de derechos humanos manejan cifras de entre 58 y 65 fallecidos.
En la noche del 10 de mayo miembros de la Juventud Sandinista y de la policía realizaron un ataque nocturno en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli) en Managua, símbolo de la resistencia del nuevo movimiento estudiantil. En esa represión, confirmaron familiares y diversos organismos, fueron asesinados Jimmy Parajón, de 35 años, y Kevin Joel Valle, de 18 años.
El pasado fin de semana se produjeron protestas, enfrentamientos y saqueos en Masaya, uno de los destinos turísticos en el oeste del país, que quedó aislada por algunas horas. Allí la fuerza pública y grupos de choque paramilitares atacaron a los manifestantes dejando un saldo de 150 heridos y un joven muerto por impacto de bala.
El martes pasado, en Matagalpa, en el noroeste del país, los enfrentamientos entre manifestantes y antimotines dejaron decenas de heridos y un muerto. Muchos heridos fueron atendidos en templos católicos donde se improvisaron puestos médicos.
Un hecho nuevo ha sido el firme pronunciamiento de los obispos católicos. El viernes pasado los miembros de la Conferencia Episcopal emplazaron al gobierno para iniciar un “diálogo nacional”. Exigieron como condiciones previas al diálogo que el gobierno permitiera el ingreso al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) “para investigar y aclarar las muertes y desapariciones de nicaragüenses” en el último mes; un alto a la represión policial y la supresión de “los cuerpos paramilitares, fuerzas de choque que intimidan, coaccionan y agreden a los ciudadanos”; que diera “signos creíbles de su voluntad de diálogo y paz” y que no obligara a los empleados públicos “a asistir a eventos partidarios”.
De esas exigencias, la única que se ha efectivizado hasta ahora es la primera. El lunes pasado el secretario ejecutivo de la Cidh, Paulo Abrao, y el secretario general de la Oea, Luis Almagro, comunicaron que aceptaban la invitación cursada el día anterior por el canciller nicaragüense, Dennis Moncada, para “observar la situación de los derechos humanos en Nicaragua en el contexto de los sucesos del 18 de abril del 2018 a la fecha”.
CONFRONTACIÓN SIMBÓLICA. A pesar de que no se cumplieron los otros requisitos planteados por los obispos para el diálogo nacional –cuya mesa es integrada por representantes del gobierno, empresarios, estudiantes, grupos de la sociedad civil y del movimiento campesino con representantes de la Iglesia como mediadores y testigos–, este miércoles se celebró su ceremonia inaugural en el seminario Nuestra Señora de Fátima de Managua, en medio de un ambiente exasperado en las calles.
El evento estuvo profundamente marcado por la gran polarización entre manifestantes y el gobierno que ha sacudido a Nicaragua el último mes. El presidente Daniel Ortega y su vicepresidenta y esposa, Rosario Murillo, ingresaron al recinto rodeado de manifestantes que no cesaban de gritarles “asesinos, asesinos” y durante el acto, cuando se leyeron los nombres de los estudiantes y jóvenes que murieron en las protestas, tras cada uno de ellos el público decía “presente”.
Otra de las expresiones simbólicas de protesta fue la lectura de una poesía de Murillo por el estudiante Víctor Cuadras, integrante del Movimiento 19 de abril. Titulada “Canción de Navidad”, la primera dama la compuso tras la muerte de su tercer hijo en un terremoto en Managua en 1972. Esta vez el poema fue leído en referencia al dolor de las madres de las víctimas de la represión.
Ortega apenas pudo comenzar a pronunciar su discurso inaugural cuando un joven estudiante, Lesther Alemán, miembro de la organización Alianza Universitaria Nicaragüense (Aun) lo increpó: “Hoy seguimos esclavos, sometidos”. El estudiante verbalizó también uno de los reclamos que se oye a cada vez más desde sectores de la sociedad nicaragüense, tanto desde la sociedad civil –incluso las iglesias evangélicas– como desde el mundo empresarial: “Ustedes saben bien que esta no es una mesa de diálogo, esta es una mesa para negociar su salida”.
SIN AUTOCRÍTICA. Pero la polarización y confrontación no sólo se evidenció en las intervenciones más simbólicas, sino también en las declaraciones del propio Ortega, quien insistió en que una “violencia diabólica ha explotado” en Nicaragua y se rehusó a hacer cualquier autocrítica, empeñándose en negar cualquier responsabilidad por la represión y los muertos y heridos con la que se saldó. “Que nos pasen la lista y verán que no hay un solo desaparecido ni un solo preso”, expresó un desafiante Ortega en su discurso que no pudo pronunciar sin ser interrumpido varias veces. Para eso “hemos invitado a la Cidh”, afirmó el mandatario, para que “reine la justicia en nuestro país”.
Mostrando poca proclividad al diálogo, el mandatario se aferró a esa postura a lo largo del evento a pesar de los pedidos de diversos participantes de que cesara la represión del Estado. El obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata, le reclamó “que se retire la policía a sus cuarteles” y se deje actuar a la Cidh: “Presidente, repiense con su gabinete los caminos que ha recorrido. Ha comenzado una revolución no armada. Aquí no es ejército contra ejército, es una población que está manifestándose (…). Si quiere usted despuntar la revolución, no es a fuerza de presión, a balas de goma, ni balas de plomo, ni con fuerza de paramilitares”.
Por su parte, el jurista y ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (Unan) Carlos Tünnermann desafió a Ortega: “Vino haciendo un llamado a la paz, y es su pueblo que le pide que aquí mismo ordene que va a cesar la represión, diga que está dando la orden para que cese la represión de la policía y fuerzas paramilitares”.
Desde el movimiento campesino, el portavoz Medardo Mairena expresó su solidaridad con los jóvenes y luego reiteró el reclamo que desde hace semanas se escucha en las calles: “El pueblo de Nicaragua te pide que te vayas” porque “no queremos más sangre, y ustedes son los responsables”.
“QUE SE VAYA.” Al cierre del evento reinaba la algarabía por el triunfo simbólico y moral frente a Ortega en esta sesión inaugural. A la vez diversos participantes expresaban la incertidumbre por la utilidad que puede llegar a tener la comisión del diálogo nacional, que este viernes 18 comenzará a trabajar y conformará su agenda.
El jueves la Cidh anunció que una delegación llegaría ese mismo día a Nicaragua en una visita de carácter preliminar y se quedaría hasta el lunes 21 de mayo para observar “la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de los sucesos que han tenido lugar desde el 18 de abril de 2018”, para mantener “reuniones con autoridades del Estado, representantes de la Conferencia Episcopal, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes” y para recabar “testimonios de estudiantes y familiares que han resultado afectados en el marco de la situación objeto de la visita”.
Para la mayoría de los sectores de la sociedad involucrados en este diálogo, la resolución del conflicto en Nicaragua, tras la insurrección cívica y pacífica, pasa necesariamente por la salida, de un modo o de otro, del matrimonio presidencial.
La mayoría de los analistas concuerdan en que es difícil pensar que Ortega llegue como presidente a las próximas elecciones generales de 2021. Según una encuesta de Cid Gallup, publicada el martes pasado y realizada entre el 5 y 15 de mayo entre 1.200 personas, el 69 por ciento de la población, incluido un alto porcentaje de simpatizantes sandinistas, exigen la renuncia perentoria e inmediata de Daniel Ortega.
