Un modelo desquiciante

El modelo de atención en salud mental para la infancia del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), gestionado mayormente por actores privados, se instaló hace ya varias décadas y ninguna administración ha podido reformarlo en profundidad. Al día de hoy, el Estado mantiene tercerizado el servicio, cuyo costo permanece enquistado al presupuesto del instituto, drenando silenciosamente buena parte de sus recursos.

La historia reciente de este modelo registra también numerosos episodios de vulneración de derechos –incluidas algunas muertes–, soterrados bajo una compleja trama institucional. Los contratos con estas entidades privadas se celebran regularmente a partir de convenios o licitaciones públicas, a través de los cuales el INAU compra «cupos» o «camas» en cada uno de los establecimientos y envía allí a los usuarios cuando la situación lo amerita. En 2016, por ejemplo, Brecha rastreó el origen de un conglomerado de empresas que surgió, creció y aún permanece a la sombra de este costoso modelo de atención, alimentado por los dineros públicos y sostenido gracias a la pujante demanda que en Uruguay imponen la marginación social y el abandono. Una tragedia cotidiana que no sale en las noticias.

Los informes que presenta el semanario –inéditos hasta ahora– son documentos internos del INAU, resultado de un trabajo de contralor que el instituto lleva a cabo para evaluar la calidad de los servicios privados que contrata. En este caso se trata de una serie de empresas y organizaciones de la sociedad civil que gestionan centros de salud mental para atender a los menores de edad al amparo del instituto, que muchas veces requieren de cuidados psiquiátricos especializados.

Se trata de un servicio que no existe a nivel público en Uruguay y que el INAU no tiene más remedio que costear con su presupuesto, dadas las situaciones de vulnerabilidad extrema que enfrentan muchos niños, niñas y adolescentes que están bajo responsabilidad directa del organismo. Según dejan claro los auditores, el servicio en cuestión enfrenta un «riesgo extremo» de índole operativo, financiero, legal y reputacional, que naturalmente pone en peligro la vida de los usuarios allí internados y atenta notoriamente contra sus derechos.

Los dos documentos fueron ordenados durante las presidencias de Guillermo Fossati y de Pablo Abdala al frente del organismo –entre 2023 y 2024– y le fueron presentados finalmente al directorio de la institución en julio de 2025, cuando la presidencia y la vicepresidencia del instituto ya eran ocupadas por Claudia Romero y Mauricio Fuentes.

LOS HALLAZGOS

Los auditores analizaron nueve centros de salud mental contratados por el INAU. Se incluyen centros residenciales, de pacientes agudos, de discapacidad y patologías persistentes y de tratamiento a las adicciones. En el proceso, entre otras tareas, los auditores entrevistaron a 34 pacientes y analizaron 47 historias clínicas.

En 2025 había 104 plazas disponibles para el tratamiento de adicciones, que brindan servicios de desintoxicación o deshabituación al consumo. Los demás centros contaban con 60 cupos disponibles a la fecha de realizada la auditoría, distribuidos en varios centros de distinta modalidad (agudos, «medio camino» y para patologías persistentes), que habían resultado ganadores de una licitación en 2018 (que a la fecha del informe estaba vencida y no se había renovado). Los auditores constataron que posteriormente el instituto se vio obligado a realizar compras directas de más «camas» en centros «que no calificaron en la licitación». Las compras directas sumaban entonces 101 cupos más.

Los centros de «agudos» atienden a pacientes que pasan por intentos de autoeliminación, crisis de excitación, intoxicaciones, episodios delirantes, trastornos afectivos severos, entre otros. Algunos de los usuarios están «en situación de extrema vulnerabilidad, con exposición a grupos de narcotráfico o vinculados a explotación sexual». La internación en este tipo de centros no puede superar los 90 días.

Los centros de medio camino, en tanto, brindan asistencia integral en salud mental en modelo residencial a niños, niñas y adolescentes «que presenten trastornos mentales compensados», en una intervención «que procurará no superar los 18 meses», luego de los cuales el usuario deberá volver a su entorno de procedencia (familia u otro proyecto del instituto).

En los centros para patologías persistentes residen aquellos con «trastornos mentales severos y compensados», por un período que no sea mayor a tres años; además, los usuarios no pueden superar los 21 años.

Al momento de la auditoría, la lista de espera para estos servicios era de 81 usuarios; la mayoría para centros de medio camino –llamados oficialmente Centros de Atención Integral en Salud Mental–, «con tiempos de espera desde algunos días a 4 años, siendo en la mayoría de los casos entre 6 y 8 meses», según el documento.

Los auditores constataron que la situación obligó a algunos jerarcas a tomar medidas de mitigación, tales como el pago de tratamiento privado «con la partida de funcionamiento» o con recursos de otros proyectos. A la vez, hallaron un grave problema vinculado a los tiempos de permanencia de niños, niñas y adolescente en los distintos centros, a pesar de que estos ya habían recibido el alta médica.

En las clínicas de agudos, «si bien el tiempo promedio de internación está dentro de parámetros razonables», de 460 niños, niñas y adolescentes atendidos durante el período auditado, «54 sobrepasaron los 90 días de atención (11,74 %), existiendo población que permanece internada a pesar de contar con el alta médica, lo que constituye en sí mismo una situación vulneradora de derechos», dice el informe.

En esta modalidad se constataron casos de usuarios internados durante cinco meses, a pesar de contar con alta médica, «sin posibilidad de derivación». También se consignan casos de derivación exitosa que, sin embargo, se realizan «sin las condiciones de contención y apoyo», lo que tiene como consecuencia «el reingreso a poco días del alta por recaídas».

En los centros de medio camino, en tanto, «la atención excede ampliamente el tiempo de permanencia estipulado» y «se constata un porcentaje significativo de desvinculaciones por mayoría de edad sin registros del trabajo para un egreso garantista», afirma el documento.

El equipo auditor encontró casos de usuarios cuya atención se prolongó por cinco años y se extendió a diversas modalidades, «sin reintegro al sistema de protección que motivó la institucionalización», además de situaciones de usuarios que ingresaron al sistema de adicciones y su tratamiento se dilató durante seis años, sin que los equipos de atención lograran identificar fehacientemente la razón de la permanencia.

Con respecto a las clínicas de agudos, se constató que la alta demanda y la falta de cupos disponibles había provocado que el instituto efectúe compras directas –repetidamente observadas por el Tribunal de Cuentas por superar los montos autorizados– a servicios que fueron originalmente desestimados en el proceso licitatorio y sin un plan de contingencia.

De acuerdo con los auditores, por otra parte, de los nueve centros relevados, cuatro «no se adaptan a las necesidades de la población y/o a los requerimientos institucionales» por contar con dormitorios ciegos, sin ventilación natural ni comunicación entre sí, por carecer de «sala de contención» debidamente acondicionada, por «cantidad y peligrosidad de escaleras», que han propiciado «accidentes importantes», por el deterioro del mobiliario «en cinco de los nueve centros» y por ausencia de «espacios recreativos adecuados para el esparcimiento».

Los auditores también constataron otras situaciones incompatibles con los términos de las licitaciones y los convenios, como la falta de coordinaciones institucionales o algunos aspectos relacionados con el uso de las cámaras de seguridad. Además, consignaron disparidades entre «la cantidad de [usuarios] atendidos, en el costo proyectado por cada servicio, y el pago efectivamente realizado», que «evidencian ineficiencia en gestión y en la forma de pago, generando un alto costo para el organismo sin medidas para revertir la situación». Del mismo modo, la inacción del INAU con relación a estos problemas, según los auditores, «denota una ineficiente gestión de los fondos de la institución».

LAS PERSPECTIVAS

En este caso, cinco de las nueve clínicas auditadas afirmaron haber recibido denuncias relacionadas con la atención de los usuarios en el año previo a la visita de los auditores. Algunas de las denuncias fueron presentadas por familiares, por los propios niños o adolescentes, o por equipos del Programa Escuelas Disfrutables. Una de ellas –luego de la revisión de cámaras de seguridad– derivó en el despido de un funcionario.

Durante las entrevistas a los niños, niñas y adolescentes atendidos en una de las clínicas de agudos, «se mencionan situaciones de presunta irregularidad» y «poca confianza en el personal […], escenario que, lejos de brindar protección, reedita la exposición a posibles situaciones de vulneración de sus derechos». Según el documento, los testimonios indican que «la mayoría desconoce su tratamiento farmacológico», pero los usuarios «afirman sentirse muy somnolientos». Uno de ellos contó, por ejemplo: «Tomo una medicación porque se me dan vuelta los ojos, pero nadie me explicó por qué me pasa eso». Otro dijo: «Ahora siento que no puedo hablar bien, parece que me aumentaron la medicación, pero nunca nos dicen cuando la aumentan».

Algunos adolescentes de la clínica declararon que reciben golpes de los funcionarios y que estos se dirigen a ellos con afirmaciones despectivas como: «De vivos ustedes no tienen nada; si no, no estarían acá». De acuerdo con los auditores, los adolescentes perciben mayormente que tanto la medicación como las medidas de contención aplicadas son «castigos por portarse mal» y que se utilizan como medidas correctivas ante faltas mínimas.

«Un número importante de entrevistados manifiesta sentirse solo ante situaciones de angustia» y que «se van solos a llorar», agrega el documento, que también destaca la perspectiva de los funcionarios, algunos de los cuales hacen repetidas referencias a la «sobrecarga del trabajo» y a la ausencia de «prácticas de cuidado a la salud mental de los cuidadores».

Los familiares de los usuarios, por su parte, señalaron en las entrevistas que desconocen los medicamentos que les son indicados a los menores de edad, así como sus efectos o sus contraindicaciones. No obstante, observan «somnolencia, incremento de peso, crisis epilépticas y dificultades en el habla». Las familias también demandan más apoyo del INAU «en el territorio» una vez que los niños reciben el alta médica.

LOS RIESGOS

La auditoría indica que puede que los centros de salud mental estén siendo utilizados «como estrategia» para evitar que los niños, niñas y adolescentes en alta vulnerabilidad estén expuestos a la captación de redes de explotación y narcotráfico, lo cual constituye una práctica reñida con la normativa. También se indica que existe una carencia de respuesta institucional que favorece «recaídas y reinternaciones».

El informe señala que existe «fragilidad en el trabajo de coordinación, apoyo, enlace y seguimiento en territorio» de los niños que egresan de las clínicas, que hay «desvinculaciones no garantistas, cuyas condiciones reeditan la vulneración

extrema de derechos», y que se excedieron «los tiempos previstos para las prórrogas de la licitación 2018 y no se ha concretado aún el nuevo llamado a licitación».

Por último, se advierte que el sistema carece de mecanismos para conocer las perspectivas de los usuarios o sus referentes, lo cual «limita el acceso al conocimiento de situaciones de aparente vulneración grave de derechos y la posibilidad de mitigar la exposición de población altamente vulnerable a situaciones de riesgo».

El informe concluyó que existían disfunciones del sistema de protección integral 24 horas, un bajo nivel de adecuación de las propuestas a las necesidades y demandas, y debilidades en el proceso de monitoreo y supervisión. En todos los casos calificó de «extremo» el nivel de criticidad de los hallazgos, a nivel legal, operacional, financiero y reputacional.

Se señala finalmente que existen «riesgos de no cumplir de forma oportuna, eficiente y garantista» con el cometido de «protección y restitución de los derechos de la población que requiere abordaje socioeducativo y terapéutico», y «de no detectar prácticas vulneratorias de derechos e ineficiencia en los controles, monitoreo y corrección de prácticas que no resultan alineadas a las políticas institucionales».

El riesgo «extremo» es la peor calificación entre las cuatro utilizadas por los procedimientos de auditoría (bajo, medio, alto y extremo). Al respecto, los propios documentos internos dejan consignado que «el efecto de las debilidades detectadas es muy significativo», lo que obliga a la administración a «adoptar acciones a la mayor brevedad posible de modo de mitigar la exposición del organismo».