Con las obras de la regasificadora paralizadas por la crisis de la constructora brasileña Oas, unos mil obreros uruguayos llevan tres meses reclamando por salarios e indemnizaciones impagos. En paralelo, un puñado de proveedores locales advierten que están al borde de la bancarrota. Aunque el sayo le quepa al poderoso consorcio extranjero que está al frente del proyecto (Gnls), los reclamos también se dirigen hacia el Estado. No sólo por el impacto social, sino por las incertidumbres que despierta la garantía soberana que extendió cuando en 2013 firmó el contrato con el concesionario. La oposición teme que el caso termine en un litigio internacional y que sea el Estado, otra vez, el que pague los platos rotos. Desde el oficialismo, en cambio, aseguran que con este contrato el país está “bl...