Con un rayo, símbolo de la strajk kobiet (huelga de mujeres), dibujado en sus caras, impreso en sus tapabocas o en carteles, las polacas irrumpieron en las calles una vez más. Desde el 22 de octubre, las movilizaciones –que tienen como centro la oposición a las restricciones al derecho al aborto, la política conservadora y la vinculación de la Iglesia Católica con el Estado– no han parado.
El detonante fue un fallo del Tribunal Supremo que en los últimos días de octubre prohibió el procedimiento para los casos de malformaciones fetales, lo que implica el 98 por ciento de los abortos realizados anualmente en todo el país. A los grupos feministas se ha sumado la comunidad LGBT, que también ve con preocupación la pérdida de sus derechos. Desde 2019, varios municipios y ciudades polacas se autoproclamaron como «zonas libres de ideología LGTB». Se trata de espacios donde los miembros de la comunidad no son bien recibidos y se impone como única opción aceptable la de la familia y los roles de género tradicionales. Si bien estas proclamas no tienen ninguna validez legal, lo que generan es censura y opresión.
Las movilizaciones de las últimas semanas fueron tan masivas y consistentes –con concentraciones de más de 150 mil personas– que el presidente, Andrzej Duda, tuvo que dar un paso atrás respecto al fallo del Supremo. El gobierno tenía plazo hasta el 2 de noviembre para publicar la sentencia en el Boletín Oficial del Estado, pero no lo hizo y, por tanto, quedó sin implementación. En cambio, el viernes 6, Duda presentó un nuevo proyecto de ley que busca «suavizar» la medida, al admitir la legalización en casos en que la malformación del feto sea grave y su muerte sea inevitable. Desde las organizaciones feministas entienden que es sólo una forma de dispersar y apaciguar la reacción y el despertar de la sociedad.
MENOS DERECHOS
La transición democrática en Polonia en 1989 se llevó consigo uno de los derechos conquistados por las mujeres 33 años atrás: el aborto legal y accesible. Con el apoyo contundente de la jerarquía eclesiástica, en 1993 se aprobó una ley que quedó a medio camino entre la legalización y la prohibición: autorizaba el aborto solamente en caso de riesgo para la salud de la mujer, violación o malformación en el feto.
Las mujeres lograron frenar el endurecimiento de las condiciones para acceder al aborto en 2016, cuando se realizaron multitudinarias marchas que se conocieron como Lunes Negro. Sin embargo, en 2017 el gobierno estableció que las mujeres que quieran comprar la pastilla del día después sólo pueden hacerlo con receta médica y el médico puede negarse a realizarla si alega objeción de conciencia por creencia religiosa. En la normativa anterior cualquier mujer mayor de 15 años podía comprar la pastilla en una farmacia sin necesidad de receta.
Este año el ministro de Justicia, Zbigniew Ziobro, anunció, además, que el país se retiraría de la Convención de Estambul, un tratado que establece definiciones y obligaciones en cuanto a la violencia contra la mujer. Entre otros temas, la Convención fija un consenso en la definición de qué es una violación y solicita que los gobiernos contemplen en sus leyes la violencia de género como un delito contra los derechos humanos.
EL PIS Y LA REFORMA JUDICIAL
El fallo del Supremo llega en medio de una crisis constitucional que atraviesa el país desde 2017, cuando una reforma judicial resultó, de acuerdo a la Unión Europea y a la oposición polaca, en la pérdida total de independencia de los jueces, que reciben ahora una gran influencia del partido gobernante y de la Iglesia Católica. El Parlamento que aprobó esa reforma se encuentra controlado desde 2015 por la coalición Derecha Unida, integrada por el partido ultraconservador Ley y Justicia (PIS, por sus siglas en polaco), el derechista Polonia Unida y el centrista Alianza.
La reforma afectó, en primer lugar, al Consejo Nacional Judicial, el órgano encargado de nombrar y fiscalizar a todos los jueces del país. Antes de la reforma, funcionaba bajo un régimen cercano al autogobierno, en el que los jueces elegían a 15 delegados en el Consejo y en el Parlamento a seis. Pero la nueva ley promovida por el PIS otorgó enteramente al Parlamento la facultad de decidir quiénes integran el órgano y estableció que los magistrados pueden ser sancionados «por acciones que entorpezcan el funcionamiento del sistema de justicia» y deben dar a conocer sus eventuales vínculos con ONG y sus actividades en medios de comunicación. La justificación de esta reforma se basó en una encuesta de opinión de mayo de 2017 en la que la mayoría de los polacos afirmaban estar cansados de la lentitud y la complejidad del sistema judicial. A esto se sumó una campaña oficialista contra los jueces, en la que el presidente Duda los acusó de ser «una casta corrupta».
En este nuevo escenario, la coalición mayoritaria en el Parlamento colocó a cuatro jueces en reemplazo de los magistrados que fueron elegidos bajo la normativa anterior, cambió la organización y la estructura del Tribunal Supremo y obligó a más del 30 por ciento del Poder Judicial a la jubilación anticipada gracias a un cambio en la edad de retiro de 70 a 65 años. La medida apuntaba sobre todo a quien era entonces presidenta del Supremo, Małgorzata Gersdorf, una de las representantes de la oposición a la reforma, que se negaba a renunciar.
Aun con el cambio en los años de retiro, al principio el oficialismo no logró moverla y Gersdorf recién dejó el cargo el año pasado. En la carta de despedida dirigida a sus compañeros la magistrada decía: «Pagué por defender la independencia judicial y de los jueces. Me convertí en objeto de ataques brutales. No estaba preparada». Las medidas también provocaron críticas de la Comisión Europea, que señaló que la reforma iba en contra del Tratado de la Unión Europea y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión, de la que Polonia es miembro.
Con este desmantelamiento de la Justicia, el gobierno ganó, sin embargo, un gran campo de maniobra para actuar en el Poder Judicial y promover desde allí reformas sociales conservadoras, como el fallo sobre el aborto del mes pasado. Se trata de un camino despejado que comienza con el interés del lobby religioso, sigue por los políticos gobernantes y luego por los jueces mandatados. El final parece ser claro. En una nota que dio en abril al canal polaco TVN24, Gersdorf señaló que Polonia se dirige muy rápido a convertirse en un Estado autoritario.
Oasis católico
Polonia es un país tradicional, conservador y altamente católico. La importancia que tiene la Iglesia hoy en día se remonta a la época en que el país quedó bajo la influencia de la Unión Soviética. Durante la República Popular de Polonia, el Estado controló a los sacerdotes, impuso prohibiciones de culto público y censuras, y disolvió las organizaciones católicas. Dos hombres se convirtieron en héroes nacionales: el cardenal Stefan Wyszynski, que se rebeló contra la autoridad y estuvo preso durante tres años, y el papa Juan Pablo II, conocido por su anticomunismo y que hasta el día de hoy despierta una gran devoción entre los polacos.
A comienzos de los años ochenta se creó el sindicato obrero y católico Solidaridad, con el liderazgo de Lech Wałęsa, que poco a poco presionaría a los soviéticos por reformas democráticas y lograría llegar al poder al final de la década. La Iglesia supo tomar el papel de mediadora y de oposición constructiva frente al régimen prosoviético, a tal punto que, cuando se estableció una mesa redonda para negociar con Solidaridad, los representantes eclesiásticos estuvieron allí sentados para decidir sobre el futuro del país. Así, ante la caída del comunismo en 1989 y atrincherada en el sentimiento nacionalista, la Iglesia se convirtió en un símbolo de libertad y resistencia.
Hoy, el 92 por ciento de la sociedad polaca dice practicar la religión católica, uno de cada cuatro curas europeos es polaco (se ordenan unos 350 nuevos sacerdotes cada año) y el lobby religioso tiene una gran influencia en la política local. En tal medida que, aunque oficialmente el país es aún una república, en 2016 el Parlamento aprobó declarar a Jesucristo como «rey de Polonia».
