El Estado tiene desde hace cinco décadas un programa de vivienda social, el Plan Quinquenal que conduce el ministerio correspondiente (Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Mvotma) y que se financia con recursos del Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización (Fonaviur), hoy alimentado con recursos presupuestales. Es un fondo que supo ser poderoso cuando lo nutrían los aportes de trabajadores y patrones (públicos y privados), la colocación de obligaciones hipotecarias reajustables y el retorno de los préstamos que se otorgaban.
Esos recursos, por otra parte, eran propios y los recaudaba el Banco Hipotecario, por lo cual no estaban sujetos a los avatares presupuestales: la negociación (que ahora es año a año), los recortes, la pérdida si no se ejecutaban. Esto se eliminó en la dictadura, se continuó perdiendo con los gobiernos neoliberales que siguieron y no se ha recuperado en la etapa “progresista”.
Junto con la pérdida de la autonomía, el Fonaviur vio disminuir radicalmente sus recursos, que llegaron a pasar del 5 por ciento del Pbi en los años ochenta (por cierto, muy mal invertidos) a menos del 1 por ciento del producto desde los noventa hasta hoy. Poca plata. Poca plata quiere decir poco hacer, y poco hacer quiere decir muchas menos viviendas que las que se necesitan, o viviendas mucho más chicas y precarias que las que se necesitan. Porque para agrandar el cociente, si el dividendo se mantiene o incluso baja, la única fórmula es disminuir el divisor. Y a pesar de que en 2010 el ministerio elaboró un Plan Quinquenal de Vivienda bien pensado y diversificado, la anemia del fondo se trasmite al plan.
PIEDRAS Y CANGREJOS. Para complicar más las cosas, en 1972 se creó el impuesto al valor agregado (Iva), del que sólo quedó a salvo la obra del Mevir (la ley que lo crea lo exonera expresamente de toda carga impositiva). Aunque la tasa del Iva ha caído en los últimos años (después de llegar a ser la más alta del mundo, cuando se le agregó el Cofis), igual tiene un peso importante en el costo final de construcción, y resulta un verdadero convidado de piedra porque encarece algo que ya es caro y de difícil acceso.
El Mevir, programa que surgió en 1967 para la erradicación de los rancheríos rurales, justificaba (y justifica) largamente no pagar impuestos, pero las viviendas que se construyen para sectores urbanos igualmente carenciados también lo justifican, y no por eso dejaron de pagar el Iva aplicable. Cuarenta y cinco años después, sin embargo, otras viviendas entraron en el selecto grupo de las exoneradas: las que construyen los inversores privados acogidos en la ley 18.795 (antes llamada de vivienda de interés social y ahora, por recato, de “viviendas promovidas”). Así, viviendas de 150 mil dólares y más (de los cuales treinta mil o cuarenta mil son ganancia) no pagan impuestos (ni el Iva, ni ningún otro) mientras que, por ejemplo, las que, con la tercera parte de esa inversión construyen las cooperativas, sí los pagan.
Cuando en 2011 se aprobó la ley de promoción a la inversión en vivienda de interés social (Livis), desgravando las inversiones privadas en vivienda social para que se pudieran hacer más y mejores negocios, muchos pensamos, por aquello de que quien puede lo más puede lo menos, que se desgravaría toda la vivienda social: la obra del Plan Juntos, las relocalizaciones de las intendencias, las cooperativas, los fondos sociales, y otros programas del Mvotma. Así lo prometieron diputados y senadores de todos los partidos, sólo que se haría por una ley posterior. Seis años después, seguimos esperando.
Es cierto que el artículo 2 de la Livis dice que podrán acceder a sus beneficios las cooperativas y los fondos sociales. Sólo que, como pasa tan a menudo, detrás de cada piedra hay un cangrejo, y el cangrejo en este caso es que las viviendas para ser exoneradas de impuestos deben ser “promovidas”, esto es financiadas con recursos privados, condición que no cumple ninguna de aquellas, por el simple hecho de que no acceden a esos préstamos.
El Estado, entonces, se pone impuestos a sí mismo (o mejor dicho, el Ministerio de Economía le pone impuestos al Mvotma), las viviendas se vuelven sensiblemente más caras, la gente no puede pagarlas, y para que pueda, el Mvotma debe aplicar aun mayores subsidios, con lo cual los fondos se le escurren por todos lados.
SE MUERDE LA COLA. Si bien son los cooperativistas quienes reclaman con mayor fuerza ante este sinsentido (exonerar de impuestos lo que se destina a la población de ingresos medio-altos y altos, mientras se grava lo destinado a los medio-bajos, bajos y aun muy bajos), ellos no son los únicos perjudicados. El más perjudicado, en realidad, es el propio Ministerio de Vivienda y su plan, que recibe fondos que ya son escasos, devuelve un buen porcentaje de ellos vía impuestos y tiene que destinar todavía una porción mayor de lo que le queda para subsidiar, porque las viviendas por esta lógica perversa se vuelven más caras.
Lo curioso es que mientras se busca desesperadamente la varita mágica que va a bajar los precios (a través de la prefabricación, de nuevos materiales, de la reducción de las áreas, de la entrega de viviendas incompletas) se le da un mazazo a los precios con el garrote del Iva, anulando cualquier rebaja que se pueda haber conseguido.
Está claro que si las viviendas tienen un precio mayor, las cuotas para pagarlas van a ser más altas, y quienes tienen bajos ingresos no podrán hacerlo. Antes eso les impedía directamente acceder al financiamiento, porque el criterio era que no se prestaba a quien no pudiera pagar, al mejor estilo de la banca privada lucrativa. Desde 2008 el subsidio a la cuota ha resuelto eso, transformando a todos los demandantes en sujetos de financiamiento, otorgando más o menos subsidio: desde el 100 por ciento de la cuota al 0 por ciento.
Está muy bien. El problema es que los subsidios salen del mismo lugar que los préstamos (el Fonaviur) y cuanto más haya que subsidiar menos habrá para prestar, porque el sistema mejoró y se hizo más justo, pero el fondo sigue teniendo los mismos recursos, o menos, en términos reales.
EN NÚMEROS. Al Mvotma se le asigna en el presupuesto un determinado monto de recursos. Supongamos que los aplica a un programa de gestión directa de los destinatarios, como las cooperativas (como sucede hoy en buena proporción, efectivamente). Las cooperativas de ayuda mutua, por ejemplo, tienen una ecuación de costos donde los materiales representan más del 50 por ciento. Ese tramo paga el 22 por ciento de Iva, y también lo pagan los honorarios de asistencia técnica, por lo cual entre un 12 y un 14 por ciento del dinero va a gastarse, no en poner ladrillos, sino en pagar Iva.
Esa cantidad, que se destina a solventar un impuesto indirecto, deberá ser pagada por los cooperativistas: es un impuesto a los cooperativistas. Pero además será devuelto por el Mvotma a Economía, vía pago de impuestos: es una contribución del Mvotma a la reducción del déficit fiscal, pago de los intereses de deuda, etcétera. Una forma más, sutil, de recortar el presupuesto para las políticas sociales.
El Parlamento tiene a discusión la rendición de cuentas. Es allí que estas cosas pueden arreglarse.
