Figueredo reconoció que los principales perjudicados por la corrupción de la dirigencia del fútbol continental son los clubes y los futbolistas. El ex monarca del fútbol sudamericano está encarcelado por los delitos de estafa y lavado de activos, sus bienes y cuentas están embargados y busca obtener la prisión domiciliaria tras su extradición desde Suiza. “De la prueba reunida en la causa se desprende que el señor Eugenio Figueredo, formando parte de un grupo organizado, desde que integró el Comité Ejecutivo de la Conmebol, en sus diferentes cargos, de vicepresidente y presidente, recibió abultadas sumas de dinero indebidas, provenientes de empresas dedicadas a la comercialización de derechos de televisación de los diferentes torneos de fútbol, recurriendo a estratagemas y engaños en perjuicio de los clubes uruguayos y los futbolistas profesionales”, expresa la jueza de crimen organizado Adriana de los Santos en el auto de procesamiento del dirigente.
En su vista fiscal, Juan Gómez sostiene que –según Figueredo– las estratagemas tenían por finalidad “mantener un statu quo de una aviesa forma de corrupción”. La magistrada consigna que el dinero ilícitamente obtenido “y que se confunde con fondos lícitos, como ocurre en la operativa del lavado de activos, mediante sociedades”, Figueredo lo invertía en el mercado inmobiliario, “adquiriendo diversos inmuebles tanto en Montevideo como en el departamento de Maldonado, o formando parte de emprendimientos principalmente de la empresa Weiss Sztryk Weiss, según sus dichos”.
El dinero ingresaba por dos vías: mediante giros efectuados por la empresa Full Play a través del Banco Santander dirigidos a la empresa constructora, y por aportes en efectivo para la construcción de un hotel y la compra de un terreno contiguo, “en el cual invirtió aproximadamente la suma de 3 millones de dólares”. Los giros de dinero oscilaban entre los 150 mil y 250 mil dólares y se hacían fundamentalmente a través de una casa cambiaria de Pocitos, que junto a Weiss Sztryk Weiss, el Santander y los profesionales involucrados (uno de ellos tuvo un cargo destacado en la Asociación Uruguaya de Fútbol), estará entre los principales indagados.
A ellos se suma el director general de la Conmebol, Gorka Villar –hijo de Ángel María Villar, presidente de la Federación Española de Fútbol y vicepresidente de la Fifa–, quien reside en Paraguay y fue citado por la jueza De los Santos.
En su testimonio Figueredo se encargó de dejar fuera de toda posible irregularidad a Francisco Casal. Cuando le preguntaron si alguien había recibido dinero por coimas de algún empresario uruguayo, contestó que sabía por dónde venía la pregunta. “Del señor Casal nunca recibí dinero de ninguna naturaleza”, dijo luego, de acuerdo a las fuentes judiciales de Brecha. Pero Figueredo apuntó en cambio a otro objetivo. Relató que cuando Full Play tomó los derechos de la Copa América “premió” con 400 mil dólares a los directivos de las asociaciones que integran la Conmebol y que uno de ellos fue el entonces presidente de la Auf, Sebastián Bauzá. Justamente Bauzá, quien durante su gestión estuvo enfrentado a Casal, fue el único de los presidentes de las federaciones de esa época que no fue acusado de irregularidades por la justicia estadounidense, y está en libertad.
“El balance es sumamente positivo. Somos un país chico pero generamos credibilidad, y en mérito a eso trajimos a este hombre desde Suiza. Era importante en la causa, reconoció que los grandes perjudicados fueron los clubes y los jugadores de futbol (…). Entonces tan errados no andábamos”, comentó a Brecha Pablo Barreiro, abogado de la Mutual de Futbolistas Profesionales. Tras este procesamiento la Mutual analiza presentar una demanda civil contra la Conmebol, Figueredo y otras personas. La organización, junto a algunos clubes, presentaron la denuncia penal original que derivó en este procesamiento, pero luego los clubes recibieron presiones de la Conmebol y se bajaron de la denuncia.
De los Santos y Gómez expresaron a sus allegados su sorpresa por los cuestionamientos a la extradición de Figueredo desde Suiza, por las condiciones presuntamente “benignas” de reclusión de Montevideo. Los magistrados consideran que fue un enorme logro, que arriesgaron a quedar en ridículo al solicitar la extradición, ya que eran pocos los que creían que primaría el pedido de Uruguay por sobre el de Estados Unidos. Entienden que el procesamiento decretado permite pensar que en un plazo razonable más de 5 millones de dólares involucrados en las maniobras podrían pasar al Fondo de Bienes Decomisados.
Es probable que aunque Figueredo no hubiera sido extraditado a Uruguay habrían llegado a las mismas conclusiones. Pero que el ex dirigente reconociera y diera detalles es muy importante, y da más elementos para que el Estado se haga de los bienes inmovilizados, estiman los magistrados.
Gómez dejará en febrero su cargo de fiscal en crimen organizado, pero en los últimos 15 días de enero pretende avanzar en este expediente y citar a las personas mencionadas por Figueredo.
