No deja de ser curiosa la reacción que ha despertado en las redes sociales la visita de León XIV a Uruguay. Ha aparecido por estos días una legión de indignados, muchos de ellos argentinos, que al parecer han descubierto de pronto que existe un pequeño país al otro lado del Río de la Plata que tiene la particularidad de ser laico. Por lo visto, el descubrimiento les ha resultado insoportable.
Entre comentarios despectivos, insultos y lecciones de moral impartidas desde la superioridad de quien se considera depositario de alguna verdad revelada, se nos reprocha no haber prodigado al jefe de la Iglesia católica los honores, la adhesión y la reverencia que, según algunos, merece quien es considerado representante de Dios en la Tierra. También se nos pasa factura por nuestras leyes: aborto legal y seguro, matrimonio igualitario y eutanasia. Del divorcio, curiosamente, ya no hablan, quizás porque, a estas alturas, buena parte de quienes pontifican sobre la moral ajena también han tenido que recurrir a él.
Lo que para algunos constituye una alarmante señal de decadencia moral y perversión, para buena parte de los uruguayos es, sencillamente, motivo de orgullo y resultado de una construcción política, cultural y social que lleva más de un siglo.
Uruguay no llegó a la laicidad por accidente. Fue una decisión política y una concepción de país. José Batlle y Ordóñez impulsó una transformación profunda que permitió separar progresivamente al Estado de la tutela religiosa, sacar a la Iglesia de los espacios de decisión política y consolidar una educación pública de carácter laico que José Pedro Varela había inspirado varias décadas antes. La separación formal entre la Iglesia y el Estado, consagrada en la Constitución de 1918, fue uno de los hitos de ese proceso.
Aquella generación entendió algo que todavía hoy parece costarles comprender a algunos: las convicciones religiosas pertenecen al ámbito de la libertad individual y no pueden convertirse en una imposición colectiva. El Estado no está para decirnos en qué debemos creer, cómo debemos vivir, con quién debemos casarnos o qué decisiones debemos tomar sobre nuestro propio cuerpo. Está para garantizar derechos, libertades y condiciones de convivencia para todos, creyentes y no creyentes. Porque ser un país laico no significa ser un país antirreligioso ni supone desconocer la importancia que la fe tiene para millones de personas, ni pretender que las religiones desaparezcan de la vida pública. Significa algo bastante más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más civilizado: que ninguna confesión tiene privilegios sobre las demás, que todas pueden ejercer libremente su culto y que ninguna puede pretender convertir sus dogmas en leyes obligatorias para quienes no los comparten.
En ese sentido, la visita de León XIV fue una demostración bastante más elocuente de tolerancia y respeto que muchas de las críticas que hemos tenido que leer estos días. El papa fue recibido por las máximas autoridades del Estado, se desplazó libremente por nuestro territorio, celebró misas y participó en distintas ceremonias con todas las garantías institucionales y de seguridad. El actual y los expresidentes de la república, de distintos partidos políticos, estuvieron presentes en algunas de esas actividades. Sin fisuras, sin desplantes y sin convertir las diferencias ideológicas o filosóficas en un obstáculo para la convivencia.
La cultura también estuvo presente en esa recepción, representada por la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Nacional y la Orquesta Juvenil del Sodre, además de una cuerda de tambores que imprimió un sello popular al evento. Difícilmente pueda interpretarse semejante despliegue institucional como una muestra de hostilidad hacia la Iglesia católica o hacia su máximo representante.
Quien quiso acercarse al papa pudo hacerlo. Quien quiso participar de sus ceremonias religiosas tuvo todas las oportunidades para hacerlo. Quien sintió curiosidad por conocerlo también pudo satisfacerla. Es difícil sostener que Uruguay le negó hospitalidad, respeto o consideración.
Lo que parece molestar a algunos no es el trato que recibió León XIV, sino que ese trato no estuviera acompañado de una adhesión confesional del conjunto de la sociedad. Como si la hospitalidad exigiera profesar la misma fe que el visitante y el respeto institucional debiera traducirse necesariamente en reverencia religiosa. Como si un presidente, por el hecho de recibir al jefe de la Iglesia católica, tuviera que compartir sus creencias o someter a ellas las decisiones de su gobierno.
Hay, además, una contradicción bastante evidente en quienes reclaman respeto mientras insultan a quienes piensan diferente. Los mismos que se escandalizan porque Uruguay no se arrodilla ante una autoridad religiosa parecen no tener inconvenientes en descalificar a una sociedad entera por haber elegido un camino distinto al suyo. Para algunos, la libertad de culto es perfectamente aceptable siempre que todos terminen creyendo lo mismo.
Las leyes que tanto irritan a algunos tampoco fueron impuestas por una conspiración contra la religión ni por una supuesta voluntad de destruir la familia, la moral o las tradiciones. Son el resultado de debates democráticos, decisiones parlamentarias y conquistas sociales que ampliaron derechos y reconocieron realidades que durante demasiado tiempo fueron condenadas a la clandestinidad, el silencio o la discriminación. Nadie está obligado a abortar, a casarse con una persona de su mismo sexo o a recurrir a la eutanasia. Pero nadie debería poder impedir que otro ejerza esos derechos porque sus convicciones religiosas se lo prohíben.
Esa es, precisamente, la diferencia entre un Estado confesional y uno laico: el primero pretende organizar la sociedad según una determinada moral religiosa; el segundo garantiza que cada persona pueda vivir de acuerdo con sus propias convicciones, siempre dentro del marco de derechos y libertades que nos hemos dado democráticamente.
Quizás por eso Uruguay sigue siendo una rareza para quienes confunden sus creencias personales con una obligación colectiva. Un país pequeño, sin grandes recursos ni vocación de potencia, que hace más de cien años decidió pensar con cabeza propia. Que construyó una educación pública emancipada de la tutela religiosa, que separó el poder político del eclesiástico y que, con avances, retrocesos y contradicciones, fue ampliando derechos civiles que hoy forman parte de su identidad republicana.
No tenemos por qué pedir disculpas por ello. Tampoco por recibir con respeto a quien representa una fe que la mayoría no compartimos. Ambas cosas son perfectamente compatibles. De hecho, esa es la esencia de una convivencia democrática madura: poder escuchar al otro con consideración sin necesidad de convertirnos en el otro.
Uruguay no necesita demostrarle a nadie que es un país respetuoso –aunque acaba de hacerlo–. Pero tampoco tiene que renunciar a su historia, disimular sus convicciones ni avergonzarse de sus libertades para satisfacer a quienes consideran que la única sociedad moralmente aceptable es aquella que se parece a la que desean imponer.
Tal vez las preguntas que deberían hacerse quienes nos observan con semejante indignación no sea por qué Uruguay es laico, sino por qué les molesta tanto que lo sea. Por qué les resulta tan difícil aceptar que pueda existir una sociedad en la que la religión se respete, pero no gobierne; en la que la fe sea una elección y no un mandato, y en la que la libertad de los demás no se viva como una amenaza.
Porque si algo ha demostrado esta visita es que se puede recibir al papa con todos los honores institucionales, garantizarle el ejercicio pleno de su ministerio y, al mismo tiempo, seguir siendo un país laico. No hay contradicción alguna.
El problema, quizás, no esté en Uruguay. Quizás esté en quienes todavía no han terminado de entender que la libertad religiosa también incluye la libertad de no profesar ninguna religión, y que el respeto no consiste en exigir adhesiones, sino en aceptar las diferencias.
Uruguay no tiene que pedir perdón por ser Uruguay ni mucho menos por haber aprendido, hace ya más de un siglo, a vivir sin pedirle permiso a ninguna sotana.
