Uso problemático – Brecha digital
INISA excede límites de pases en comisión

Uso problemático

Un instituto que trabaja con adolescentes recluidos, largamente vulnerados en sus trayectorias vitales, se puebla de funcionarios del Ministerio del Interior, que asumen roles jerárquicos dentro de la organización, aunque la ley solo los habilita a prestar asistencia a los directores. Además, el Ministerio de Defensa habilitó el pase hacia el organismo de una soldado por fuera del régimen que establece la ley orgánica militar.

Rosanna de Olivera Méndez, presidenta del INISA junto a autoridades del Ministerio del Interior. INISA

El Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) se creó en enero de 2016 como servicio descentralizado y, como todo organismo recién nacido, adujo desde un principio dificultades de personal. Por eso, el artículo 224 de la ley de rendición de cuentas de 2017 autorizó al INISA, «en carácter de excepción a la regla general» y dada «la carencia de recursos especializados», a incorporar un máximo de 20 funcionarios mediante pases en comisión (suerte de préstamos transitorios de personal entre distintos organismos del Estado). «La posibilidad de solicitar estos pases caducará a los tres años de creación del organismo», cierra el artículo. Ese plazo cesó en enero de 2019.

Luego, la ley de presupuesto de 2020 autorizó a los directorios de los entes autónomos y los servicios descentralizados a recibir hasta cinco funcionarios en comisión desde la administración central (presidencia y ministerios). Tanto esta autorización como la de 2017 especifican que el pase de estos funcionarios se habilita para tareas de «asistencia directa a los directorios». Pero, en ese organismo, quienes han llegado por esta vía no se han limitado a ser asesores o secretarios de los directores, sino que, en varios casos, pasaron a integrar la estructura orgánica, en distintas direcciones y departamentos.

La funcionaria de la Jefatura de Policía de Montevideo Katty Pereira pasó en comisión a INISA el 4 de setiembre de 2018. El 20 de julio de 2020 el Ministerio del Interior (MI) autorizó la renovación del pase. En el expediente, al que accedió Brecha, consta que Pereira cumple funciones como directora de la Unidad de Apoyo a la Familia y Seguimiento de Arresto Domiciliario. Fue designada allí a instancias del exdirector blanco en el organismo y actual diputado Álvaro Viviano, según dijeron fuentes del instituto. Algo similar sucede con la directora del Departamento de Comunicación, Ana Laura Pizzoli, designada en esa función –en la que aún se mantiene– por la anterior presidenta, Gabriela Fulco, del Frente Amplio. Ya durante la actual administración, Mónica Durán, que estaba en pase en comisión desde el período pasado, fue designada como directora de Inspección General. Las tres vienen del MI.

Otro caso es el del abogado Rony Griot. Su pase fue solicitado en diciembre de 2020 por la presidenta del INISA, Rosanna de Olivera, de Cabildo Abierto, para brindarle «asistencia directa», y fue autorizado en abril de 2021 por el MI. Sin embargo, actualmente Griot es subdirector de la División Jurídica, dijeron las fuentes. A estos pases desde el MI se suma el de Jorge Namús, designado en abril de este año como director del Programa de Privación de Libertad y Semilibertad (véase «Matrimonios y algo más», Brecha, 28-IV-22). A su vez, el pase en comisión de la soldado de primera Macarena Passarino fue autorizado por el Ministerio de Defensa Nacional (MDN), el 19 de julio de 2021, para «cumplir tareas de asistencia directa a la presidencia del organismo como subdirectora en la División Gestión y Desarrollo del Capital Humano», según la resolución firmada por el ministro Javier García.

Este caso es complejo por dos motivos. Por un lado, la propia resolución del MDN considera la función de subdirección de una división como asistencia directa a la presidenta del INISA, cuando entre ambas median varios niveles jerárquicos, como la gerencia general y las direcciones generales, de acuerdo al organigrama del instituto. Por otra parte, el artículo 88 de la ley orgánica militar de 2019 establece que «el Personal Militar –Superior y Subalterno– está excluido del régimen general de pases en comisión previsto para los funcionarios públicos, no resultándole de aplicación dicho instituto, sin perjuicio de lo previsto en el capítulo siguiente». Ese siguiente capítulo crea un régimen especial para el traslado de personal militar, que «podrá tener destino o comisión de servicio» en otros órganos del Estado (además de en la interna del MDN) conforme a tres «reglas». El traslado hacia organismos «que no sean del MDN» se incluye en la primera regla, por tanto debe dictarse «por resolución del Poder Ejecutivo», o sea, con la firma del presidente de la república. La segunda regla autoriza al MDN a designar destinos y comisiones de servicio exclusivamente en la interna del ministerio, salvo que se trate de oficiales generales y superiores (la tercera regla refiere a los comandantes en jefe y no viene al caso). Sin embargo, el pase de la soldado Passarino hacia el INISA no fue autorizado por el presidente, sino que solo tiene la firma de García, y la resolución del MDN lo enmarca en las leyes que regulan el régimen general de pases en comisión, expresamente prohibido para militares.

Hasta aquí tenemos seis casos, por lo que el INISA supera el tope de cinco pases establecido en la ley presupuestal. Pero actualmente se tramita un nuevo traslado desde el MI, cumpliendo una solicitud del directorio resuelta en su última sesión.

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