La liberación del “Buñuelo”, sindicado como uno de los líderes del narcotráfico en San Carlos y vinculado a una cadena de homicidios entre bandas rivales, no sólo atemoriza a sus vecinos y frustra a los policías y al equipo de la fiscalía que trabajaron durante meses hasta detenerlo. También puso en evidencia que cualquier presunto delincuente puede eludir la prisión si su defensa interpone un recurso de inconstitucionalidad contra el nuevo Código Procesal Penal. La llave para impedir el mal uso de esas acciones está en manos de la Suprema Corte de Justicia.
En el barrio Rodríguez Barrios, epicentro de los enfrentamientos entre los grupos dedicados al narcomenudeo en San Carlos, hay vecinos aterrados. El término no es exagerado. En la nochecita del martes, cuando cayeron en la cuenta de que el Buñuelo no iría tras las rejas, como esperaban, hubo llantos de impotencia, rabia y miedo. Nadie entendía por qué este hombre quedó libre después de que la Policía le incautó 448 dosis de cocaína, dinero y vehículos, entre otra evidencia suficiente para iniciarle un juicio por comercialización de estupefacientes y encarcelarlo de forma preventiva, como ocurrió con los líderes de las otras dos organizaciones locales, el Kane y el Dani. Con el paso de las horas, habitantes de todo el departamento desataron una catarata de acusaciones contra la Policía, la fiscalía y el sistema político a través de las redes sociales y medios de comunicación. Sin embargo, la responsabilidad por la liberación del Buñuelo no recae en ninguno de esos actores sino en las abogadas defensoras, Gabriela Gómez y Ana Audifred, que encontraron la salida a través de la Constitución.
El martes por la tarde, un día después de los siete allanamientos que derivaron en la detención del Buñuelo, las abogadas plantearon un recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos del nuevo Código del Proceso Penal (Cpp). Tomaron la tesis de los abogados Gustavo Salle y Enrique Viana, detractores públicos del nuevo sistema acusatorio, que refiere a una supuesta “ingeniería jurídica” montada para excluir a los jueces del conflicto penal y que reivindica “la competencia funcional, el deber-poder de instrucción” para los magistrados y no para los fiscales, como establece el Cpp. En el escrito presentado en la audiencia de formalización, Gómez y Audifred sostuvieron que el nuevo código colide los artículos 7, 8, 10, 12, 15, y 16 de la Constitución.
La inconstitucionalidad de una ley “por vía de la excepción” puede ser planteada a solicitud de la defensa cuando ésta entienda que la aplicación de esa ley lesiona “el interés directo, personal y legítimo” de su representado. Es un principio para evitar que se violen los derechos y garantías de cualquier ciudadano, en cualquier causa. De acuerdo a las disposiciones del Código General del Proceso, el planteo suspende los procedimientos hasta que la Suprema Corte de Justicia (Scj) evalúe el recurso y dicte su sentencia, que es inapelable.
De esta forma, el juez de San Carlos, Vital Rodríguez, tuvo que paralizar todo. El magistrado entendió, además, que en esas circunstancias no correspondía hacer lugar a las medidas cautelares que solicitó la fiscal Patricia Rodríguez para evitar que el imputado obstaculizara la investigación mediante la “destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos probatorios”. El ministro de la Scj Jorge Chediak reconoció la necesidad de “buscar una solución legislativa”que habilite al juez penal a tomar medidas cautelares en estos casos. Ya tiene un ejemplo a replicar: “Para los recursos de amparo, dada la importancia de los derechos constitucionales que están en juego, se estableció un régimen diferencial: antes de la suspensión del proceso por una acción de inconstitucionalidad el juez puede tomar las medidas cautelares indispensables”, remarcó ayer en Telemundo.
MIENTRAS TANTO. La fiscal Rodríguez y el jefe de Policía de Maldonado, Erode Ruiz, están convencidos de que la defensa actuó con la única finalidad de postergar la prisión de su representado. Pese a esto, en conversación con Brecha ambos reivindicaron los procedimientos policiales y manifestaron su certeza de que lograron las evidencias suficientes para someter al Buñuelo a juicio, con prisión preventiva, cuando se retome la causa. Pero no ocultan su preocupación por lo que ocurra mientras este hombre esté libre. “Se corre el riesgo de que alguien haga justicia por mano propia y entonces una persona desesperada, que no tiene que ver con sus delitos, termine presa”, advirtió el jefe, que ya acordó con la fiscal reforzar los patrullajes y operativos policiales con más personal y vehículos, sobre todo durante la noche.
Entienden el temor del barrio a la reacción de un sujeto que salió fortalecido y envalentonado: varios vecinos escucharon al Buñuelo festejar a gritos su salida del juzgado. Para agravar la situación, en la noche del miércoles un patrullero que circulaba a pocos metros de la casa del narco, según informó el portal Maldonado Noticias, fue alcanzado por una bala que se incrustó a milímetros de la ventanilla del conductor. Hacía tiempo que esto no ocurría y aunque no hay pistas sobre el autor del disparo, las hipótesis asocian el atentado con el desenlace de la audiencia de formalización del martes.
En este contexto, si ya era difícil encontrar personas dispuestas a declarar bajo anonimato –tres lo hicieron en esas condiciones para este caso–, la suspensión de los procedimientos es una mala señal para otros testigos que podrían colaborar con la investigación.
La Scj no tiene plazo para dictar sentencia. Cada uno de los cinco ministros tiene veinte días para evaluar el expediente, pero este lapso comienza a correr una vez que todas las partes involucradas (la Fiscalía General de la Nación, el fiscal del caso y el Poder Legislativo, que redacta la ley) argumentan y se expiden sobre la pertinencia del recurso, explicó a Brecha el vocero de la Corte, Raúl Oxandabarat. “Los plazos no refieren a la duración de todo el proceso de inconstitucionalidad sino a cada acto concreto. No existe un plazo único, aunque aproximadamente, por estadística, (la decisión de la Scj) tarda unos seis meses”, acotó.
Cada dictamen de la Corte puede acelerarse por “resolución anticipada”, aplicable cuando ya existe jurisprudencia sobre otra acción de inconstitucionalidad similar a la que se evalúa, o cuando existe la convicción de que la defensa utilizó el recurso para postergar un fallo, dice el Cgp. Pero ocurre que para las acciones contra el Cpp no hay jurisprudencia: la Corte todavía no se expidió sobre el primer recurso de este tipo, planteado en febrero por Salle y Viana para el abogado José Ayala, imputado de amenazar de muerte al fiscal de corte Jorge Díaz. Si tomara posición, por “resolución anticipada” habría una respuesta más rápida sobre los otros dos recursos contra el Cpp pendientes de resolución.
LA LLAVE EN LA CORTE. Más allá del drama particular de los carolinos, el caso del Buñuelo desató la alerta entre los operadores judiciales ante la posibilidad de que cada vez más abogados defensores utilicen los recursos de inconstitucionalidad con la finalidad de mantener libres a sus clientes por un tiempo. En su entrevista con Telemundo, el ministro Chediak consideró que la situación generada es “deplorable” y que le preocupa.
El fiscal de flagrancia Carlos Negro –que espera resolución sobre la acción que también planteó Salle contra el Cpp en el caso de dos barrabravas de Nacional que atacaron la sede de Welcome– comparte el sentimiento de preocupación. “En mis 25 años de carrera nunca vi utilizar este recurso con tanta liviandad, de una manera tan manifiestamente dilatoria, como en los últimos tiempos”, aseguró a Brecha. “Me asusta la utilización de este recurso con fines dilatorios en todas las causas, eso es peligrosísimo y es jugar fuera del sistema. Si el recurso no tiene fundamento y sólo pretende la impunidad para gente que cometió delitos graves, es atentar contra las instituciones”, remarcó. Por eso cree importante que la Scj se expida “con premura” sobre el primer recurso de Salle por las amenazas al fiscal Díaz, como forma de laudar sobre un tema “largamente discutido entre académicos y congresistas” y sentar jurisprudencia para los restantes casos.
También a la ex jueza Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos, le inquieta que el recurso de inconstitucionalidad se transforme en “una medida para obstaculizar el sistema de aplicación de justicia”. “La llave para evitar la utilización absurda del recurso e impedir que esto fructifique y funcione como un mecanismo dilatorio de fallos está en la Scj”, dijo a Brecha, coincidiendo con Negro. En su opinión, “la Corte tiene que bajar una línea y decir cuál es el espíritu del código y del sistema acusatorio, para impedir que se bastardee el uso” de las acciones de inconstitucionalidad.
