Entre el jueves y el viernes de la semana pasada, el Poder Ejecutivo anunció la creación del Fondo Coronavirus, que prevé un financiamiento de diversas fuentes: utilidades de entidades financieras como el Brou y la Corporación Nacional para el Desarrollo; desembolsos de préstamos de organismos multilaterales de crédito, que podrían ascender a los 1.500 millones de dólares; dos meses de aportes de los funcionarios públicos que cobren más de 80 mil pesos líquidos (excepto los trabajadores de la salud pública) y, por último, contribuciones que hagan los cargos públicos electos y los de confianza.
La medida que generó más controversia fue el gravamen a los funcionarios públicos. Aplaudida por algunos y rechazada por otros, la decisión avasalló la negociación colectiva y excluyó a más del 80 por ciento de las personas que ganan más de 80 mil líquidos: gerencias del sector privado, ganancias empresariales, renta de la tierra, etcétera. No obstante, el presente artículo analiza cómo se podría comprometer a los generadores privados de energía eléctrica a nutrir el Fondo Coronavirus.
UTE SIEMPRE CONTRIBUYE A RENTAS GENERALES. Desde su propia génesis, existe una fuerte controversia en torno a los objetivos y el rol que deben jugar las empresas públicas. Por un lado, están quienes entienden que no deberían existir o que, si existen, su objetivo debería ser estrictamente comercial y ceñirse estrictamente a lo productivo. Por el otro, están quienes entienden que los servicios públicos esenciales deben ser prestados por empresas públicas, a un precio accesible para los hogares. A su vez, quienes se inclinan por esta función suelen ver a las empresas públicas como “palancas para el desarrollo”, es decir, como agentes estratégicos y multipropósito: deben operar en la esfera comercial, intentando ser eficientes y rentables; en la esfera macroeconómica, contribuyendo a las cuentas fiscales, regulando la inflación y sosteniendo la inversión pública, y en las esferas social y científico-tecnológicas, como hacedoras de política.
En Uruguay, la matriz batllista, que todavía cala en el imaginario colectivo nacional, optó por la segunda visión. Por tanto, es razonable que a nadie le sorprenda que el Ejecutivo apele a las empresas públicas para contribuir en caso de emergencia sanitaria y social. Lo paradójico es que lo hace un gobierno que en sus documentos programáticos propone convertir las empresas en simples agentes comerciales que deben dar rentabilidad. Tanto así que si no estuviéramos atravesando un momento crítico en el país y el mundo, hasta podría resultarnos divertido ver cómo la actual administración apela a Ancap para suministrar alcohol en gel y brinda una mayor conectividad ampliando el servicio Universal Hogares, de Antel.
Justamente, una de las tantas ventajas de tener empresas públicas es que pueden salvarte de la catástrofe, mientras que las empresas privadas especulan con los precios ante la escasez o se hace necesario gastar recursos públicos para garantizarles solvencia. Incluso, en momentos en que la economía funciona con cierta “normalidad”, puede observarse cómo las empresas públicas han contribuido a financiar políticas: acuerdos con la Udelar para proyectos de investigación, desarrollo de proveedores a través de las compras estatales, transferencias de recursos a rentas generales, entre otros. Ute, en particular, ha sido, históricamente, una proveedora de recursos a rentas generales, salvo ocasiones excepcionales, asociadas a la falta de hidraulicidad o –como a principios de los cuarenta, por el impacto de la segunda Guerra Mundial– la escasez de combustible. A modo de ejemplo, en 2017 y 2018, cuando las cuentas macroeconómicas se complicaron debido al estancamiento económico, en el marco de una política de ajuste, Ute aportó 380 y 340 millones de dólares a rentas generales, respectivamente.
Incluso, contar con Ute como respaldo fue lo que posibilitó el vertiginoso cambio de matriz energética que tuvo lugar en nuestro país. Según consta en el balance energético de 2018, la potencia instalada del sistema eléctrico en el cierre del año fue de 4.912 megavatios y estuvo compuesta, en un 31 por ciento, por generadores hidráulicos; en un 31 por ciento, por generadores eólicos; en un 24 por ciento, por centrales térmicas de combustible fósil; en un 9 por ciento, por centrales térmicas de biomasa y, en un 5 por ciento, por generadores solares. Si tomamos en cuenta la participación en la generación de cada fuente en el sistema eléctrico total, en 2019 la hidráulica (represas de Ute más Salto Grande) representó un 55,6 por ciento; la eólica, un 33,6; la biomasa, un 6 por ciento, la fotovoltaica, un 2,8 por ciento y la térmica, un 2 por ciento. Las tres nuevas fuentes renovables (eólica, biomasa y fotovoltaica) ascienden a un 42,3 por ciento de la generación total.
¿Y LOS PRIVADOS QUÉ? El sector privado de las nuevas fuentes generadoras (biomasa, eólica y fotovoltaica) se desarrolló en Uruguay con contratos entre el privado y Ute, en los que la empresa pública se comprometía a comprar la energía establecida en ellos. Los generadores se pueden dividir en dos grupos: la coproducción, por la que la empresa genera para autoabastecerse y le vende a Ute los excedentes, y la generación creada exclusivamente para vender energía eléctrica (esta modalidad es la dominante en la energía eólica y la fotovoltaica). Por tanto, la diversificación de la matriz energética tuvo un lado oscuro: la privatización de la generación. Este mecanismo se asentó en el Marco Regulatorio del Sistema Eléctrico (ley 16.832) y, además, se instrumentaron diversas líneas específicas de crédito, descuentos impositivos mediante el instrumento de la promoción de inversiones y, lógicamente, la garantía de Ute como compradora.
El control del sector privado sobre el total de las nuevas fuentes generadoras (biomasa, eólica y fotovoltaica) asciende al 81,1 por ciento de la capacidad instalada. No obstante, este dato no contempla que en varios de los parques eólicos de Ute la propiedad no es 100 por ciento estatal, sino que una parte está abierta al capital privado. La privatización tuvo, además, un signo fuertemente extranjerizante: el 18,9 por ciento es estatal, el 15,5 por ciento es capital privado nacional y el 65,6 por ciento es capital extranjero. Esta participación es mayor en el caso de la biomasa, en el que casi la totalidad de la generación se corresponde con Upm y Montes del Plata, y menor en el caso de la eólica, en el que el capital nacional posee mayor gravitación.
Entre los extranjeros, se destacan grupos económicos argentinos como los de Alejandro Bulgheroni y Eduardo Eurnekián, Eurus Energy –principal jugador japonés en el rubro–, Sowitec y Enercon, de Alemania. En el ámbito nacional, se encuentran los Fernández –antiguos dueños de Fripur–, el grupo Otegui –uno de los principales grupos económicos nacionales– y otros más concentrados en el desarrollo de parques eólicos, como Ventus, del grupo Raquet, vinculado al sector lanero.
Para especificar los ingresos por la vía de los contratos de este sector, en el presupuesto de 2019 de Ute se estiman unos 289,2 millones de dólares por contratos de suministro de energía eólica, unos 34,1 millones de dólares por contratos de suministro de energía fotovoltaica y unos 90,6 millones por concepto de biomasa. De estos últimos, Upm recibe 12,6 millones y Montes del Plata unos 53,4 millones. La suma de todas estas compras de energía a privados ascendió a los 413,9 millones de dólares en 2019, equivalentes a un 0,7 por ciento del Pbi. Todos son ingresos de capitales nacionales y extranjeros que financiamos los hogares uruguayos y no está previsto que contribuyan con el Fondo Coronavirus. Es llamativo, porque son emprendimientos que, además, prácticamente no pagan impuestos. A contrapelo de las declaraciones del Ejecutivo, los generadores privados de energía no se ven afectados por la actual crisis, ya que Ute está comprometida a pagarles. Es más, si tomamos en cuenta el aumento del dólar (que ha sido de más de un 17 por ciento en lo que va de 2020), podríamos decir que son actores económicos que ven mejorar su situación gracias a la crisis.
En este marco, parece imponerse un acuerdo por el cual Ute deje de pagarles por dos meses a los generadores privados y vuelque íntegramente ese dinero al Fondo Coronavirus. Esto representaría un aporte de unos 69 millones de dólares, casi seis veces más de lo que se recaudaría con el impuesto a los funcionarios públicos. Cumpliría, además, con el objetivo de cobrarles a quienes ganan mucho –de hecho, son millonarios en dólares– y no corren el riesgo de perder esos ingresos, ya que es dinero que se sustenta en rentas del aire (eólico), el sol (fotovoltaica) y la tierra (biomasa).
Podría pensarse que es muy difícil de instrumentar, pero, en realidad, si miramos la composición de la Asociación Uruguaya de Generadores Privados de Energía Eléctrica (Augpee), la cercanía con el actual gobierno es clara. Por ejemplo, su presidente, Guillermo Mateos, pertenece al grupo Otegui y Marcelo Guadalupe, del grupo Strauch, tiene vínculos con Ernesto Talvi y Pablo da Silveira. Por si fuera poco, el ingeniero José Luis Pou, primo del actual presidente de la república, fue asesor de la Augpee.
Por tanto, si hay voluntad política, es posible que, durante sólo dos meses, un conjunto de grupos económicos cercanos a algunos integrantes del Ejecutivo contribuya con rentas aseguradas por la generación de energía eléctrica. De esta forma, podrían volcar casi 70 millones de dólares al Fondo Coronavirus sin que ello les significara mayores esfuerzos. ¿O será que al coronavirus no lo frenamos entre todos?
* Integrantes de la cooperativa Comuna (‹https://cooperativacomuna.uy/›).
