El Poder Ejecutivo comunicó la intención de crear el fondo coronavirus el 26 de marzo. Había entonces una atmósfera de incertidumbre y la proliferación de malas noticias sobre la situación internacional estimulaba la sensación de alarma. Las estrategias de prevención dominaban la escena, puesto que la estructura sanitaria todavía no se hallaba comprometida. El tironeo político se concentró en discutir qué medidas paliativas se iban a implementar para sostener a quienes tendrían dificultades serias para lidiar con el parate económico. La oposición y el movimiento social jugaron sus fichas. Hicieron hincapié en la solidaridad y reclamaron intervenciones extremas como el gravamen al gran capital, la renta transitoria para informales, la rebaja de tarifas, el congelamiento de alquileres y de los créditos hipotecarios, etcétera. Nada de eso sucedió. En medio de aquella presión, el gobierno –que corría el riesgo de reñir con su base liberal– optó por el camino tangencial: propuso un fondo nutrido de recursos fiscales y a la vez abierto a las donaciones privadas. Lo llamaron Fondo Solidario Covid-19 (la disputa también era semántica). Públicamente, además, destacaron que incluiría un impuesto a los sueldos más elevados del funcionariado público. El proyecto se aprobó de manera exprés. La anuencia de la izquierda en el Parlamento –otra postura era improbable– no permitió que el texto se demorara más de un día en cada Cámara. A la vez, los gremios del sector público quedaron neutralizados, sin margen de maniobra para defender ante la opinión pública la inviolabilidad de los ingresos de más de 120 mil pesos. El fondo se convirtió en ley a principios de abril. Había que ser rápido en las respuestas.
La gravedad de la situación sanitaria ha dado el tono de la disputa política en torno a los recursos dispuestos por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia. Cuando el peligro sanitario acecha, el debate económico se sosiega. A mitad de año, un nuevo cruce se disparó sobre los cálculos de la Comisión Especial para América Latina y el Caribe (CEPAL), según los cuales Uruguay era uno de los países del continente que menos recursos había dedicado a evitar la pobreza extrema durante la emergencia sanitaria. El propio Luis Lacalle Pou intervino pretendiendo corregir el informe del organismo: «Cuando terminemos los números, vamos a informar claramente cuánto dinero ingresó y por qué concepto al fondo coronavirus, y en qué gastamos cada peso, porque no es plata nuestra, es plata de la gente», dijo. En aquel momento –fines de agosto– la expansión del virus en Uruguay no había generado mayores problemas en lo sanitario y el tono de los reproches por parte de la oposición volvió a subir, de la mano de la CEPAL. Pero el suspenso en relación con los gastos del fondo continuó. En virtud de que nuevamente la situación sanitaria volvió a ensombrecerse a partir de octubre, el sistema político cerró filas respecto a las medidas de prevención y ya nada se dijo de eso.
UN ERROR
Haber votado de forma exprés la creación del fondo coronavirus le jugó una mala pasada política al Frente Amplio, según admitieron algunas fuentes políticas del partido a este semanario. La decisión de haber apoyado el artículo 11–que calificaron como «un error»– implicó perder el control sobre los gastos que el gobierno viene haciendo a través de este recurso. El inciso en cuestión señala que el Ejecutivo deberá rendir cuentas de lo actuado «dentro de los 90 días posteriores al vencimiento de la vigencia del Fondo Solidario Covid-19» (con una opción de prórroga por 90 días más si el vencimiento del plazo se da en medio de una instancia presupuestal). De modo que el artículo le permitió a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, admitir, con ciertas licencias, que «la ley de creación del fondo coronavirus tiene un artículo que indica que una vez finalizada la emergencia sanitaria se dispondrá de un plazo para presentar los resultados. Por lo tanto, hasta la fecha no hemos presentado el detalle de los ingresos y egresos de este fondo, pues se hará cuando se dé su cierre».1 El mismo tono de la respuesta fue utilizado por la cartera para responder los pedidos de informes sobre los gastos del fondo, solicitados por la diputada Lilián Galán (el 2 de abril), por las diputadas Lucía Etcheverry y Margarita Libschitz (el 15 de junio) y por el diputado Álvaro Lima (el 6 de julio).
SÓLO FOTOGRAFÍAS
Según la ley 19.784, los ingresos del fondo coronavirus están integrados por: las utilidades del ejercicio 2019 del Banco de la República Oriental del Uruguay; hasta el 100 por ciento de las utilidades de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND); el impuesto a los altos sueldos públicos; las donaciones de privados; los préstamos de organismos internacionales, y las contribuciones de personas públicas no estatales. Y los egresos pueden ir dirigidos a: las erogaciones del Ministerio de Salud o transferencias por parte de este a los prestadores privados; el Sistema Nacional de Emergencia (SINAE); el pago de prestaciones del Banco de Previsión Social (BPS), y compensar la caída en la recaudación del BPS, producto de la caída de la actividad.
El Ministerio de Economía ha vedado la vía parlamentaria para transparentar estos números. Sin embargo, parte de la información aparece en los reportes de desempeño del sector público en términos de impacto en el PBI.2 De abril a octubre, el fondo gastó lo equivalente a aproximadamente 0,9 puntos del PBI (aproximadamente 460 millones de dólares). En cuanto a los ingresos y al destino del dinero, la relación varía según el mes. En octubre, por ejemplo, los ingresos provinieron de donaciones de privados, transferencias del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional para el pago de subsidios a monotributistas (no incluidos en el fondo), remisiones de la CND y recaudación del impuesto covid. Y los egresos se fueron en «pagos adicionales» a los beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social, programas de apoyo alimentario del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), transferencias al gobierno central y transferencias al BPS (seguro de enfermedad, desempleo, asignaciones, etcétera). Las prestaciones del MIDES y las transferencias al BPS constituyeron el gasto más pesado del fondo.
En cuanto a los gastos del fondo que fueron destinados a solventar insumos sanitarios y los detalles de las donaciones recibidas, la información no fue transparentada aún. Pueden rastrarse, sí, algunas compras computadas al fondo desde su aprobación. Respecto a los insumos, por ejemplo, en mayo se dispensó 1.500.000 dólares en respiradores y monitores de signos vitales y más de 7 millones de pesos en tapabocas. También cerca de 350 millones de pesos se fueron en muestras y estudios diagnósticos para covid-19. En junio se gastaron 21 millones de pesos en «fármacos analgésicos y tapabocas de alta eficiencia». Al mes siguiente se compraron –por 24 mil dólares– respiradores y monitores de signos vitales, 50 termómetros digitales a 140 mil pesos, equipos de «protección personal de uso médico» por casi 3 millones de dólares, ventiladores de emergencia de fabricación nacional por 1 millón de pesos, 40 mil ampollas de morfina por 875 mil pesos, 14 mil dólares en «material médico» y más respiradores por 810 mil dólares. Y en agosto se compraron «tapabocas de alta eficiencia» a un precio de 107.604 dólares.
En diciembre el Ministerio de Salud Pública gastó en «servicios [de laboratorio] para la toma de muestras y equipos diagnósticos» para covid-19 por más de 241 millones de pesos. A fines de setiembre había reembolsado a los prestadores de salud privados por 100 millones de pesos por gastos de test. En noviembre repitió la operación por 450 millones de pesos. En octubre el Poder Ejecutivo había resuelto ingresar en el llamado Compromiso Anticipado de Mercado (CAM) un pool de compras que busca garantizar el acceso a las vacunas contra el covid-19 a través de una fundación internacional (GAVI Alliance) con sede en Suiza. Las erogaciones corrieron por cuenta del fondo coronavirus: se trata de 750 mil dosis (dos vacunas), a un costo de 2,5 millones de dólares la reserva, según indicó el gobierno.
Respecto a las donaciones, la información es más opaca. Se conoce que en junio la empresa FUCAC donó 5 millones de pesos al Instituto Pasteur, por ejemplo. Otras empresas donaron termómetros, insumos médicos, mobiliario, chocolates, cantidades industriales de tapabocas. El 24 de noviembre la Oficina de Cooperación de Defensa de la Embajada de Estados Unidos donó al SINAE un «hospital de campaña desmontable» por un valor cercano a los 400 mil dólares y un «salón multipropósito estructural desmontable» por 220 mil dólares. Todo en el marco del Programa de Asistencia Humanitaria del Comando Sur. Para conocer el cuadro completo, habrá que esperar hasta el fin de la emergencia.
1. Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda, Cámara de Representantes, 7 de setiembre.
2. Resultados del sector público a octubre, Ministerio de Economía y Finanzas.
