Viejos anhelos - Semanario Brecha
El gobierno busca abrir a la banca privada el acceso a los depósitos de instituciones públicas

Viejos anhelos

La propuesta tomó por sorpresa a los socios de la coalición, que toman distancia de la iniciativa, y al propio Banco República, que podría verse afectado en más de 1.000 millones de dólares según la nueva disposición.

Sedes de los bancos Santander y República, en Ciudad Vieja Mauricio Zina

Entre los artículos calientes del proyecto de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo están el 281 y el 282, que abren el grifo a que los depósitos de fondos públicos vayan hacia la banca privada. Esos artículos modificarían la ley que, desde 1987, establece que los fondos manejados por las instituciones públicas deben ser, por regla general, depositados en los bancos del Estado, y solo en casos de excepción debidamente fundados pueden canalizarse hacia instituciones financieras no estatales. Con este marco legal vigente, según datos difundidos en un comunicado del consejo central de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU), el 96 por ciento de los depósitos del Estado –1.558 millones de dólares– se encuentra en bancos estatales, mientras el restante 4 por ciento –65 millones de la moneda estadounidense– se deposita en la banca privada. La enorme mayoría de esos fondos se dirigen al Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU).

En la nueva redacción propuesta por el Ejecutivo, los dineros manejados por los ministerios, las intendencias, las empresas públicas (donde radica el mayor atractivo, por los montos que manejan) y demás instituciones estatales deben ser depositados, «sin excepción, en los bancos autorizados por el Estado a funcionar» en Uruguay. O, lo que es lo mismo, pueden depositarse libremente en la banca privada. El gobierno aún no ha fundamentado públicamente su iniciativa y, según dijeron desde el Ministerio de Economía y Finanzas a Brecha, no lo hará hasta que las autoridades del ministerio comparezcan ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes, el próximo lunes. Pero el asunto ya levanta polvareda dentro y fuera de la coalición multicolor.

El Partido Colorado resolvió «recabar información» sobre el punto en la interna de la coalición, aunque se muestra prudente hasta no conocer los fundamentos del Ejecutivo. De todas formas, su representante en el directorio del BROU, Max Sapolinsky, adelantó a título personal que el cambio no le parece «atinado» ni ve «motivos firmes» para la modificación (El Observador, 5-7-21). Cabildo Abierto también se ha desmarcado de la propuesta, que no estuvo en las conversaciones con el Ejecutivo previas a la presentación del proyecto de rendición de cuentas. Su asesor económico, Eduardo Ache, si bien se mostró favorable a la apertura de lo que catalogó como un «mercado oligopólico», declaró que «se debe estudiar la globalidad y no la medida aislada» y comparó la situación con la propuesta de desmonopolizar los combustibles, que naufragó sin el apoyo de cabildantes y colorados (El Observador, 5-7-21).

La idea del gobierno tampoco le cae en gracia a la oposición. El representante frenteamplista en el BROU, Leandro Francolino, dijo a Brecha que la propuesta es «una sorpresa para el banco», que no la trató en su directorio. Una vez presentado el texto de la rendición de cuentas y difundidos los artículos, los equipos técnicos del BROU se abocaron a la tarea de calcular las potenciales pérdidas de negocios para la institución, lo que sugiere que el gobierno no contaba con esta información en detalle al plantear el nuevo articulado.

PESOS PESADOS

AEBU considera que la medida planteada, sumada a la restricción de la reposición de vacantes en la institución, «profundiza una tendencia de deterioro general de los servicios y condiciones de competencia de la banca pública», la única «cuyo interés económico no es únicamente la rentabilidad, y que actúa en muchos casos como instrumento de las políticas públicas».

Según Francolino, los depósitos del sector público representan un 30 por ciento de los fondos en moneda nacional de los que dispone el BROU. La potencial disminución de esos montos que traería la medida –sujeta a la decisión que cada institución pública adopte a la hora de depositar sus fondos– adquiere especial relevancia para el crédito social o al consumo, que es al que acceden las familias, pues esos créditos se manejan en pesos. «Le podrías estar dando un negocio a tu competencia que, en crédito social y al consumo, en general no trabaja directamente, sino con las subsidiarias financieras, que tienen tasas significativamente más altas que el BROU. En última instancia, podrías afectar el precio del crédito en pesos a las familias», afirmó el director opositor.

En cuanto al rol de las financieras, la presidenta del Consejo del Sector Financiero Oficial de AEBU, Lorena Lavecchia, enfatizó cómo la banca privada maximiza sus ganancias a través de la precarización laboral que campea en ese sector y los bajos salarios que paga en comparación a los del resto del sector bancario. Lavecchia resaltó, además, que la banca privada en Uruguay está totalmente en manos extranjeras, por lo que estaría habilitándose el depósito de los presupuestos públicos en instituciones que responden a los intereses de sus casas matrices en otros países.

Por otra parte, una afectación a las utilidades del BROU redundaría en una reducción de su aporte a Rentas Generales (el 50 por ciento de sus utilidades), por lo que, como Estado, con esta medida «te estás retaceando a vos mismo tus ingresos», evaluó Francolino. «Una de las razones por las que se podría hacer esto sería si el banco diera un mal servicio y la competencia fuera mucho mejor. Pero no es el caso. Al directorio nunca llegó una queja desde ninguna tesorería pública», afirmó el frenteamplista.

Hasta ahora, el único jerarca del BROU que se ha mostrado despreocupado respecto a la modificación de los depósitos públicos ha sido su presidente, Salvador Ferrer, quien declinó hacer declaraciones para esta nota. «Estamos preparados para competir en el mercado. Competimos en toda la línea de negocios, así que sería un detalle más», señaló la semana pasada en una rueda de prensa en la que un colega le preguntó si se trata de «un viejo anhelo de la banca privada […] que esos dineros puedan ser depositados en sus cuentas» y no solo en el BROU. «Sí, es así», respondió Ferrer. Veinticinco años de trabajo en Citibank –donde fue director de banca corporativa hasta cuatro meses antes de asumir como presidente del BROU– avalan su respuesta.

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