—Cuando asumiste como directora del Instituto Nacional de las Mujeres [Inmujeres], alertaste sobre un retroceso en materia de políticas de género durante el período anterior. A un año de estar en funciones, ¿qué tanto ha variado el diagnóstico?
—La exigencia ha sido muy grande porque ha habido complejidades adicionales en las situaciones de violencia, que son fruto de la realidad social del país. Por ejemplo, el impacto que causó la pandemia, el aumento de la población en situación de calle y el incremento de la prisionización femenina por delitos menores a partir de la Ley de Urgente Consideración. Un elemento central y relativamente nuevo es la presencia de la violencia doméstica en contextos de crimen organizado. En un estudio presentado a fines del año pasado junto con el Ministerio del Interior [MI] y la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía, el cruce de datos de femicidios por año muestra que después de 2019 es sistemáticamente más habitual que el crimen organizado esté presente como parte del contexto de esas víctimas.
—Con este panorama, ¿qué líneas de trabajo abrió el instituto?
—Desde el inicio de esta administración, a través del consejo consultivo de violencia –creado por la Ley de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género– se viene trabajando en la revisión de protocolos de actuación y de coordinación de las instituciones, por ejemplo, entre el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay [INAU] y el Inmujeres, porque la mayoría de las mujeres institucionalizadas tienen niños y niñas a cargo. De hecho, en los hogares para mujeres con riesgo alto o moderado de violencia, cerca del 40 por ciento son mujeres y el 60 por ciento son infancias a su cargo. Y esto es importante porque la temática de violencia sigue siendo la herida de desigualdad más importante que tenemos las mujeres en Uruguay. Estamos entre los primeros cinco países de la región. A su vez, reactivamos toda la institucionalidad bajo la órbita del Inmujeres: el trabajo del consejo nacional de trata y el Consejo Nacional de Género, que en el período anterior a veces se reunían, pero no puedo dar fe de su funcionamiento, si bien se los cita en algunas actuaciones. En esa línea, la idea es que este año se finalice el plan nacional de género, sobre cuyo cumplimiento vamos a ir rindiendo cuentas a la ciudadanía año a año.
—¿Qué resultados se esperan de esa revisión?
—La idea es elaborar un nuevo modelo de respuesta para las situaciones de violencia, que ofrezca un abordaje integral e interinstitucional. Se está pensando junto con el MI, el INAU, la Unidad de Víctimas y Testigos, y el Ministerio de Salud Pública. Todavía estamos en la etapa de estudiar ejemplos de distintas partes del mundo para ver lo que se pueda adecuar mejor a nuestra realidad. Uno que se acerca bastante es el del Polo Integral de la Mujer en Córdoba, que en un único lugar físico reúne el trabajo de 14 instituciones y ofrece a las víctimas asesoramiento legal, psicológico, social. Este es el tipo de interacción de informaciones, de desfragmentación, al que queremos apuntar para mejorar los estándares de respuesta.
—El lunes, el Inmujeres va a presentar su rendición de cuentas de este primer año, después de una asignación de recursos que los movimientos feministas consideran insuficiente. ¿Qué se puede adelantar de esa instancia?
—El año pasado los 14 ministerios asumieron compromisos en el marco del 8 de Marzo, que llegaron a ser 90. En este acto vamos a rendir cuentas de esos compromisos. Tenemos un cumplimiento de un 80 por ciento en las metas. Aún no hemos terminado la evaluación. En el caso del Inmujeres, lo sustantivo era reforzar los cupos de atención de las mujeres víctimas de violencia, y se logró. Hoy tenemos 35 servicios de atención a víctimas y otros 20 para varones agresores, además de cinco casas 24 horas. Entre el 95 y el 97 por ciento de nuestro presupuesto está destinado a esta área. También estamos trabajando en programas de autonomía económica, en la formación de género para funcionarios del Estado, pero presupuestalmente la prioridad está puesta en la violencia. Siempre vamos a pedir más recursos. Un logro fue que se tome como línea de base del presupuesto todo lo ejecutado en 2024. Además de eso, hubo refuerzos presupuestales. Seguramente no alcancen y haya que pedir más, pero estamos en mejores condiciones.
—Los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social [MIDES] se declararon en conflicto a raíz de los retrasos en los pagos a los trabajadores de los servicios técnicos de atención a víctimas de violencia. ¿Cómo se trabaja para solucionar esa situación, que se sostiene desde hace meses?
—Es un tema que nos tiene muy preocupados. Se da en todo el MIDES. Los problemas para el pago de algunos convenios son por diferentes razones, algunas desde la institucionalidad, otras desde la sociedad civil que convenia, que generan cuellos de botella para que se pueda cobrar en tiempo y forma. Pero cómo solucionarlos es algo que excede al Inmujeres, que le corresponde al ministerio todo.
—¿Al presidente Yamandú Orsi le faltó hacer énfasis en materia de género en su rendición de cuentas ante la Asamblea General? Hubo escasas menciones al respecto en un discurso que duró casi 50 minutos.
—Para mí fue muy importante que el discurso iniciara con el aumento del empleo, con 19 mil nuevos puestos de trabajo para las mujeres. Me parece fundamental, además, el compromiso que hizo de mejorar el sistema de cuidados, que suele recaer en las mujeres. Y en materia de violencia de género, el destaque del instrumento Élida 360, un plan piloto que se puso en funcionamiento en diciembre y que refuerza las medidas de protección de las mujeres víctimas de violencia. Estos son avances en la vida de las mujeres.
—De todos modos, no recibió la jerarquización que la militancia feminista y parte importante de la sociedad civil progresista esperaba del nuevo gobierno progresista. Tampoco se ha dado mayor rango institucional al Inmujeres, algo que usted ha defendido.
—Yo siempre le voy a pedir más a un presidente de mi fuerza política, que está comprometida con esta perspectiva de género, y lo he hecho con todos. Pero, más allá del discurso, me parece que hay que poner arriba de la mesa los avances significativos que se han hecho y que son los que van a modificar efectivamente la vida de las mujeres. Y sí, en cuanto al rango institucional, por el momento no está en la agenda del gobierno, lamentablemente. A la interna del Frente Amplio se ha discutido la creación de un ministerio de la mujer, o de la igualdad, pero bien podría ser, en todo caso, una secretaría o un órgano descentralizado. Es difícil lograr priorizar estos temas dentro de un gobierno –también en otras áreas; por algo ha sido tan difícil, y sigue pendiente, aprobar una ley de paridad para el Poder Legislativo–. En ese sentido, estoy sola.
—En setiembre del año pasado, tras el recordado caso del doble infanticidio a manos de su padre en Río Negro, el gobierno anunció la creación de una mesa de trabajo junto con la sociedad civil para elaborar soluciones a esta problemática. ¿Qué pasó con esa propuesta?
—El pedido de las organizaciones era que se instalara una mesa. Se quedó en dar una respuesta a la brevedad y esa respuesta nunca se dio. No tuvimos una siguiente reunión.
—Pero el compromiso de convocar una nueva instancia era del Poder Ejecutivo. El secretario de Presidencia habló de una «hoja de ruta» en la que gobierno y organizaciones trabajarían en conjunto.
—Sí, lógicamente, yo comparto. De todos modos, creo que los objetivos que fueron planteados por parte de la sociedad civil en esa reunión se vienen cumpliendo. Eso no quita que hubiera sido muy necesario dar esa respuesta y darla a tiempo.
—¿Qué objetivos se traza el instituto para el resto del período?
—Tenemos un foco, que planteamos en este 8M, que es avanzar en la autonomía económica de las mujeres, lo que implica trabajar en la corresponsabilidad en el hogar, cerrar la brecha salarial de género y mejorar las condiciones laborales. Promedialmente, las mujeres recibimos un 22 por ciento menos de salario que los varones, por un conjunto de situaciones que se dan. La maternidad, eso que preocupa tanto por la baja natalidad que hay en el país, después se termina penalizando; en diez años una mujer que ha tenido un hijo gana, en promedio, un 40 por ciento menos que una que no es madre. Y esas consecuencias en los varones no se observan. Por eso, durante la negociación colectiva impulsamos, junto con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y la secretaría de cuidados, que hubiera cláusulas de género y de cuidado. Estamos convencidos de que hay que cambiar el paradigma e ir de una economía del cuidado a una sociedad del cuidado, y transitar a una forma de organizar la sociedad que incorpore a las mujeres en igualdad de condiciones.
