La Suprema Corte de Justicia (SCJ) destituyó por «ineptitud» al juez de Artigas que agredió verbalmente a la fiscal Sabrina Massaferro durante una audiencia. «Que te revienten las tetas», le dijo el juez Javier López Portillo a la fiscal, quien había pedido un receso tras una larga audiencia para poder ordeñarse, ya que estaba amamantando (su hijo tenía 6 meses). «Necesidades fisiológicas tenemos todos», le espetó el magistrado. La situación llevó a que la fiscal quedara muy angustiada, llorando en los pasillos del juzgado.
Tras la denuncia pública presentada por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay y ante una queja remitida por la Fiscalía General de la Nación, la SCJ inició un sumario administrativo contra el magistrado. Durante la instrucción fueron interrogados más de 50 testigos. Con base en estos testimonios, el juez sumariante confirmó la agresión verbal contra la fiscal, pero también abusos verbales y psicológicos contra otros operadores del sistema de justicia, según la resolución a la que accedió Brecha.
En efecto, los testimonios revelaron que el magistrado catalogaba, en público y a viva voz, a fiscales, juezas, peritos y policías como inútiles, sinvergüenzas, mediocres, retardados o incompetentes. En una ocasión se molestó porque una jueza de paz se había certificado al inicio de una feria judicial luego de que se le detectara un tumor en una pierna y dijo que tenía que trabajar con cáncer igual. De una perita del Instituto Técnico Forense dijo que estaba «más loca que una cabra».
Pero también existía una situación de hostigamiento y acoso permanentes contra funcionarias administrativas, actuarias y receptoras. De todas decía que eran ineptas e incompetentes, de una, que era «una vieja senil», «una vieja gagá», que no le dieran más trabajo. «Había compañeras que pasaban dos o tres días inmersas en tremenda tristeza», declaró una funcionaria. Otras quedaban llorando en la oficina y sufrían alergias en brazos y piernas.
El hostigamiento era tan intenso que funcionarias con 12 años de experiencia empezaron a preguntar si lo que hacían en forma rutinaria estaba bien: «Me provocaba inseguridad y miedo de equivocarme». «Hemos vivido situaciones intolerables que se prolongaron en el tiempo por parte del doctor López que la mayoría de las veces no era directamente a la persona, el modus operandi siempre fue por detrás, nunca era directa la ofensa», contó una funcionaria.
Tras la investigación, el juez sumariante recomendó como sanción «el descenso de categoría» del magistrado, pero la Asesoría Jurídica de la SCJ recomendó su destitución. La SCJ se plegó a esta postura: las pruebas incorporadas en la causa demuestran sobradamente que las acciones del juez López Portillo «configuran lisa y llanamente una hipótesis de acoso laboral», lo que representa una actitud absolutamente intolerable para un magistrado. Además, la SCJ señaló que tiene la obligación de promover un ambiente de trabajo saludable y libre de hostigamiento para todos los trabajadores y cuestionó que el magistrado reduzca la lactancia materna a una mera «necesidad fisiológica», lo que supone un desconocimiento absoluto de la función trascendental que ella implica y la especial protección de la que goza la maternidad
en Uruguay.
