La seguridad se ha transformado en una demanda consolidada. Más allá de sus orígenes, significados y consecuencias, las vivencias y los miedos en torno a los delitos condicionan las agendas cotidianas, mediáticas y políticas. En la base de estos fenómenos está la expansión de distintos tipos de violencias y sus impactos devastadores sobre la vida de las personas. La violencia homicida, la violencia de género (en todas sus manifestaciones), los abusos, las amenazas, las extorsiones, las estafas y los robos violentos han escalado de forma significativa en Uruguay. Sin dejar de mencionar a las violencias más implosivas, como los suicidios y sus tentativas, las estructuras sociales –producto de sus propias dinámicas– moldean un conjunto de conductas más o menos regulares y sistemáticas. Estudiar, desentrañar, explicar, comprender e incidir sobre todo esto es una tarea exigente.
En los últimos tiempos –en especial, en la última década– la Universidad de la República ha asumido algunos de estos desafíos mediante investigaciones, propuestas y respuestas de distinta magnitud. Una producción amplia y heterogénea, que no siempre se ha dejado reducir a la noción de conocimiento técnicamente aplicable, según marcan ciertos criterios de interés. En contextos de regresiones punitivas y de debates estruendosos y vacíos, la Universidad ha producido, colaborado y sostenido posiciones públicas muy relevantes. Tanto sus aportes sustantivos como su vocación crítica han sido especialmente útiles para interpelar el sentido común de la hegemonía conservadora en el campo de la seguridad.
Aun así, como en todo, se puede y se debe hacer balances. Los asuntos de fondo no solo han crecido, sino que se han complejizado y desafían los marcos interpretativos. Las instituciones tradicionales de la seguridad se desbordan y no logran estabilizar respuestas sostenibles. El campo de la seguridad se torna más denso y con intereses cruzados. En ese contexto, la universidad pública tiene un papel para jugar. Repensar su rol y su marco de relaciones con todos los actores relevantes es una tarea que también forma parte de su proyecto de extensión e integralidad. Hay que pasar de un modelo de inserción individual (el «experto») a un esquema de compromiso colectivo e institucional. Anclar la propuesta en la producción de conocimiento original, promover nuevas rutas de formación, contribuir a la discusión pública y mantener autonomía de pensamiento y de crítica. Esas deben ser las claves innegociables del proyecto. Sin visiones homogeneizantes, la Universidad puede cumplir con todos esos papeles. Y debe hacerlo con un propósito contributivo, tal como lo exigen sus compromisos republicanos.
La primera línea de trabajo se vincula con la política pública y las instituciones del campo de la seguridad. La Universidad ha trabajado más con el sistema carcelario que con la Policía y el sistema de justicia. En las cárceles se despliega hoy un ambicioso proyecto de enseñanza para personas privadas de libertad que ha llevado las carreras universitarias al interior de los establecimientos. También se han concretado investigaciones sustantivas e infinidad de proyectos de extensión y de colaboración técnica tanto con el Instituto Nacional de Rehabilitación como con el Comisionado Parlamentario. Los vínculos con la Policía no han tenido el mismo alcance, pero aun así se han podido materializar iniciativas muy importantes, como, por ejemplo, un censo de funcionarios policiales en 2007, cursos de capacitación en materia de violencia de género y otras exploraciones etnográficas sobre el trabajo policial. Menos claro es el panorama con el sistema de justicia penal, y aunque el derecho y la sociología jurídica han tenido una presencia dominante, hay un espacio de crecimiento para iniciativas de naturaleza multidisciplinaria, en particular con todo lo relacionado con el mundo de las víctimas y sus vicisitudes en el sistema penal.
Pero el trabajo con la política pública y las instituciones tiene que ir más allá. Las políticas de integración y reinserción sociales se dirimen en otros ámbitos del Estado. Infancias, adolescencias, cuidados y precariedades son asuntos decisivos para pensar dispositivos de prevención y bienestar que impacten de manera duradera en los niveles de violencia. Trabajar con infancias institucionalizadas, tener una agenda sobre violencia y convivencia en el sistema educativo e involucrarse con las problemáticas de las personas en situación de calle han marcado el trabajo de varios equipos universitarios en los últimos años. Los aportes que puedan surgir para la elaboración de una política integral podrán ser más relevantes si se potencia un trabajo coordinado y vinculado que comprometa esfuerzos y resultados de toda la institución.
La segunda línea de trabajo se vincula con los territorios. La Universidad tiene una larga tradición en este sentido a través de sus programas integrales territoriales. Pero además hay iniciativas nuevas, por ejemplo en la zona de la cuenca de Casavalle y en los departamentos del litoral norte del país. Las violencias territoriales han configurado por completo la vida de infinidad de barrios. Estudiar la intensidad, la especificidad y los impactos de todo eso ha sido un camino de los últimos años. Volcar los resultados de esos proyectos a la deliberación y la apropiación de instituciones, organizaciones y colectivos locales es un recurso que todavía hay que profundizar. Programas de reinserción comunitaria, modelos de abordaje de conflictos y demandas, proyectos para religar a niños y niñas al sistema educativo, promoción de redes de convivencia, etcétera, son asuntos programáticos sobre los que la Universidad puede hacer aportes sustantivos.
La tercera línea para un programa de extensión e integralidad en los temas de seguridad implica el trabajo con organizaciones sociales. Con muchas de ellas se trabaja en los territorios, tanto en la promoción de formación y acompañamiento como en el estímulo a desarrollar formas asociativas que fortalezcan sus capacidades. Nuevas organizaciones de personas privadas de libertad, así como colectivos emergentes de víctimas de violencias (entre otras, de violencias estatales), suponen un esfuerzo de aproximación, cercanía y respuesta que sintoniza con las mejores prácticas de la extensión universitaria. Por otro lado, organizaciones y colectivos más institucionalizados –como el movimiento sindical, las organizaciones de derechos humanos y el movimiento de mujeres– exigen una revitalización de la agenda y la posibilidad de nuevos acuerdos con la Universidad para promover líneas de extensión e incidencia política en estos asuntos.
Un proyecto de esta magnitud, apenas esbozado, exige nuevos esquemas de gestión y promoción. Pero también supone desafíos metodológicos para la propia función de extensión universitaria. Además de las clásicas metodologías participativas, asentadas en enfoques dialógicos y de coproducción de conocimiento, es necesario entrelazar otros instrumentos. La violencia, la criminalidad y la inseguridad precisan de múltiples tipos de proyectos de investigación aplicada, sin los cuales es muy difícil orientar las distintas conversaciones. A su vez, hay que pensar también en dispositivos de atención y abordaje. Las víctimas de la violencia, por ejemplo, necesitan asesoramiento legal, acompañamiento social y psicológico y atención médica. A través de distintas carreras universitarias, la enseñanza y las prácticas integrales pueden contribuir en la línea de esas demandas.
Pero hay más: las estrategias inmersivas de corte etnográfico son capaces de combinar esfuerzos relevantes de comprensión de las dinámicas sociales con compromisos de relacionamiento y reciprocidad con colectivos y habitantes de los barrios. También es posible impulsar la producción de datos y evidencias que quedan por fuera del radar de las rutinas de información de las instituciones públicas. El concepto de activismo de datos como herramienta de producción de conocimiento en el marco de proyectos de extensión puede jugar un papel muy significativo en los asuntos de las violencias y la seguridad.
La complejidad de las demandas, los efectos adversos de políticas y rutinas institucionales, la necesidad de estudios de evaluación de impactos y el imperativo de construir espacios de discusión y acciones de fortalecimiento de lo público obligan a la convergencia de una multiplicidad de actores. En este escenario, la Universidad debe proyectarse de una forma más exigente. Al fin y al cabo, si las violencias organizadas son capaces de poner en jaque a la propia democracia, cada uno de los actores, siempre dentro de su ámbito de competencia, tiene que asumir su responsabilidad.