Uruguay es una especie de mosca blanca entre los países de la región. Su economía creció 3,5 por ciento en 2014, en un escenario donde los socios mayoritarios del Mercosur han tenido un desempeño menor y enfrentan problemas. Brasil, en el mismo período, tuvo un aumento de su Pbi del 0,1 por ciento, Argentina del 0,5 por ciento, y Venezuela enfrenta serias dificultades, debido al derrumbe de los precios del petróleo en un 50 por ciento, desde mediados de 2014. Para los dos primeros países distintos organismos internacionales pronostican para este año una caída de su producto, esperándose una leve recuperación para 2016.
Sin embargo, el escenario para Uruguay no se presenta halagüeño, y aunque todos los pronósticos confluyen en que su Pbi crecerá en los años subsiguientes entre 2,8 y 2,5 por ciento, algunos datos de la macroeconomía y el complicado panorama regional han disparado alertas en el gobierno, al grado de que en la discusión del próximo presupuesto quinquenal la tónica es de cautela.
El enlentecimiento del crecimiento económico (desde 2005 y hasta dos años atrás se creció en guarismos que oscilaban entre 6 y 7 por ciento) y la baja en los precios internacionales de algunos commodities que exporta el país, básicamente los agrícolas, más un déficit fiscal que se ubica en 3,4 por ciento del Pbi, han determinado algunas decisiones de la nueva administración. Un ejemplo de ello es lo expresado por la ministra de Educación, María Julia Muñoz, que en las jornadas de Planificación, Información y Evaluación, realizadas el miércoles pasado en la Udelar, manifestó que “Uruguay no está en condiciones de plantearse una Universidad de la Educación, pero sí está en condiciones de plantearse una nueva Universidad de la República. Como integrante del Poder Ejecutivo tengo preocupación por el rumbo económico de Uruguay debido a la situación que atraviesan nuestros vecinos grandes, Brasil y Argentina, por lo tanto creo que tenemos que mantener la austeridad”.
Es que el gobierno deberá elegir sus prioridades en el momento de asignar recursos, en el presupuesto quinquenal, aunque ello le signifique dejar de lado algunos de los proyectos de la anterior administración.
Las dificultades en la región, hacia donde el país dirige los productos con mayor valor agregado, han provocado problemas serios en la colocación de los lácteos en Brasil y Venezuela (téngase en cuenta que hacia esos países ingresaban sin aranceles y por tanto con precios mejores a los conseguidos extrarregión), en la industria automotriz y de autopartes (según los datos del Ine, en esta rama la producción descendió un 50,8 por ciento), así como en papelería y alimentos envasados. Por ejemplo, Venezuela bajó del quinto lugar de destino de las exportaciones uruguayas al decimoquinto.
A nivel mundial, Uruguay es un país tomador de precios y eso hace que en algunos renglones ello juegue favorablemente y en otros no. Es claro que la rebaja del precio del crudo, que puede situarse en un 50 por ciento a partir de mediados de 2014, tiene una repercusión positiva. En cambio la soja, que por momentos ha superado a la carne en la cantidad exportada, ha sufrido una baja de precio de 150 dólares por tonelada (hoy ronda los 350 dólares cada mil quilos). Lo mismo ocurre con otros granos, como el trigo y el arroz. El único rubro exportable que ha mejorado su performance es la carne, que en la actualidad ha tenido un incremento de 2,6 por ciento de su valor con respecto al pasado año.
DÉFICIT E INFLACIÓN. En el crecimiento del Pbi tuvo una influencia importante Montes del Plata, la planta de celulosa instalada en la zona de Conchillas (Colonia) que explica en un 1 por ciento ese aumento anualizado del 3,5 por ciento. En los números de 2015 su producción ya no contará para el incremento del Pbi. Otro rubro que explica la suba del producto es la inversión pública. Por ejemplo lo realizado por las empresas públicas, tanto en el tendido de la fibra óptica como en aerogeneradores (en algunos casos en asociación con privados y en otros con la estatal brasileña Electrobras) y en la obra conjunta de la conflictiva regasificadora (Ute y Ancap) o la central de ciclo combinado de San José. A esas inversiones deben sumarse la inversión del sector privado nacional y la extranjera directa.
Sin embargo, un factor que puede limitar el despliegue de las empresas estatales es el déficit fiscal (diferencia entre ingresos y egresos del Estado) de 3,3 por ciento, que aunque manejable dada la situación financiera del país, la nueva administración se ha propuesto reducirlo. Actualmente el déficit tiene un componente de 2,9 por ciento correspondiente al pago de intereses de la deuda externa pública. Y aunque esa variable de amortizaciones e intereses puede cambiar según el perfil de la deuda, todo indica que, puntos más o puntos menos, será un componente permanente de las cuentas públicas.
Para bajar ese número negativo son necesarias dos medidas, o se reduce el gasto del Estado o se mejora la recaudación, en función del crecimiento económico. Las promesas electorales del nuevo gobierno frenteamplista podrían, en principio, prefigurar una expansión del gasto. No obstante, el ministro de Economía, Danilo Astori, ha sostenido, que sin dejar de cumplir con lo prometido, la cautela será la norma. Una variante que parece asomar es el control, más que en el período pasado, de las inversiones de las empresas públicas, priorizando un aspecto fundamental para el crecimiento económico –en palabras del gobierno– como el desarrollo de mayor infraestructura en áreas como la vialidad y los puertos fluviales.
El ex senador y economista asesor de la bancada del Mpp Héctor Tajam sostuvo que la cuestión es mantener las bases sobre las cuales se fue construyendo el crecimiento. A su criterio, en el primer período de gobierno frenteamplista se desarrolló más el sector primario, y en el de José Mujica las empresas públicas fueron muy importantes. El economista reconoció que la cuestión de las inversiones de las empresas públicas generará una discusión dentro del oficialismo. “Creo que hay que mantenerlas porque son bases de soberanía y sustentación del desarrollo. Para la oposición las inversiones de las empresas públicas no se integran en una contabilidad patrimonial, sino que se integran como gasto. Por eso incrementan el déficit, pero hay que verlas como inversiones que bajarán los números rojos a futuro, porque se apuesta a un desarrollo económico superior. Si entráramos en una lógica exclusivamente financiera, obvio que habría que reducir las inversiones de las empresas públicas, pero eso afectaría el desarrollo”, afirmó Tajam a Brecha.
Según el economista del Partido Independiente (PI) Marcel Vaillant, el gobierno debe desarrollar políticas consistentes en materia fiscal e inflacionaria (hoy anualizada en 7,5 por ciento), por lo que la interrogante es cómo se van a abordar ambos aspectos en el marco del nuevo presupuesto. El especialista comentó a este semanario que una cuestión importante a atender es “la política de ingresos y salarial, cómo se traduce eso en los consejos de salarios y cómo se impulsa una actitud moderada en los instrumentos que tiene el gobierno, para que la central sindical y los empresarios se alineen en una concepción más cautelosa”. Para Vaillant la variable productividad debe estar presente a la hora de fijar nuevos salarios. Por otro lado, añadió que primero deben tenerse en cuenta “los déficits estructurales que el país tiene en relación con la infraestructura”, porque no se trata de dejar para más adelante el tema de las carreteras.
Tajam, discordante con esta opinión, no cree que desde el gobierno se deba plantear contener los salarios, ya que de hecho el aumento de las remuneraciones de los trabajadores siempre se ha adecuado al crecimiento y han dinamizado el mercado interno.
Otro asunto a abordar por el nuevo gobierno es la pérdida de valor del peso con respecto al dólar. Este fenómeno tiene varias puntas, al decir de Tajam. Por un lado favorece al sector exportador, permitiendo incluso absorber la pérdida de valor de algunos productos agrícolas que Uruguay exporta, pero por otro incrementa el precio de los bienes importados y con ello podría, a mediano plazo, empujar al alza la inflación.
Astori sostuvo, en varias declaraciones públicas, que el aumento del dólar no incide en la canasta básica de las familias uruguayas. Sin embargo, distintas asociaciones de comerciantes, entre ellas Cambadu, han manifestado que se verán obligadas a aumentar algunos precios de alimentos. Por ejemplo, los aceites de soja y enlatados como arvejas, atún y demás provienen de Brasil o Argentina en su mayoría. Y el comercio intrarregional también se hace en dólares.
La dificultad en referencia al dólar es que éste se ha apreciado en todo el mundo debido a que la autoridad monetaria estadounidense dejó de emitir en esa moneda, atendiendo al comienzo de la recuperación de la economía de Estados Unidos.