El caso del empresario y sindicalista argentino Marcelo Balcedo dejó en evidencia la vulnerabilidad de los controles antilavado en el sector no financiero. Para el secretario nacional antilavado, Daniel Espinosa, alcanzar en este sector un nivel de acatamiento de la normativa antilavado similar al del financiero tomará entre dos y tres años de trabajo. La justicia investiga a varios profesionales que facilitaron las operaciones ilícitas en Uruguay.
En los últimos diez años el empresario de medios y sindicalista argentino Marcelo Balcedo y su esposa, Paola Feige, introdujeron ilegalmente a Uruguay vehículos de alta gama, por lo menos 6,5 millones de dólares que hasta la semana pasada ocultaban en cofres fort, compraron cientos de hectáreas de campos en jurisdicción del Municipio de Piriápolis, pagaron millones de dólares para refaccionar un chalet y construir una fastuosa estancia, traficaron diversas especies de animales para montar un zoológico privado y utilizaron sociedades fantasma para ocultar el origen de buena parte de sus bienes. Eso, al menos, fue lo que pudo detectar el equipo multidisciplinario que auxilió al fiscal de tercer turno de Maldonado, Rodrigo Morosoli, en la investigación iniciada luego de que, el pasado 4 de enero, Interpol allanó la residencia de la pareja en Cerro de los Burros (Piriápolis) y los detuvo a ambos a pedido de la justicia argentina (véase recuadro).
La Dirección General Impositiva (Dgi) constató que Balcedo no posee ingresos declarados ni su esposa registra actividad remunerada conocida. Sin embargo, entre 2008 y 2017 el matrimonio y sus empresas vinculadas en Uruguay –en su mayoría firmas fantasma encabezadas por Feige y testaferros– tuvieron egresos (gastos) “por 14.813.374 dólares que no están justificados”, informó Morosoli, quien el martes 30 formalizó la indagatoria a Balcedo y Feige por presuntos delitos de lavado de activos, contrabando y tráfico de armas.
Todavía no se sabe cómo ingresaron al país los fajos de dinero, vehículos y armas no declarados, pero es evidente que los controles aduaneros no se cumplieron o fueron eludidos. Se investigará si se debió a una falla estructural del sistema de prevención o si hubo complicidad de funcionarios para facilitar el pasaje de esos bienes sin ser detectados, indicaron fuentes del equipo, aunque admitieron que esto último será “muy difícil” de probar. De todos modos, para el fiscal Morosoli “hay una cuestión básica que es la gran falla de los sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas” ante el Estado. Mientras profundiza con Interpol en lo que llama “el mapa de las personas físicas y jurídicas” utilizadas por Balcedo para operar en Uruguay, piensa en citar a los profesionales y responsables de instituciones que no alertaron a las autoridades sobre la existencia de un eventual origen ilícito del dinero invertido.
SUBIDOS AL TREN. Aunque los abogados Alejandro Balbi y Víctor della Valle sostienen que Balcedo tenía ingresos profesionales y que había “ahorrado” sus millones a lo largo de una década, el alegato no convenció a nadie. “Las diligencias de allanamiento practicadas permitieron ocupar evidencia material (automóviles, maquinaria, joyas, acciones, aeronave, animales, vehículos acuáticos) y documental (recibos de pago de arrendamiento de servicios, recibos de pago de consumos) que da cuenta de un tren de vida imposible de justificar mediante la detentación de ingresos lícitos”, sentenció el fiscal en su escrito de formalización.1
A ese “tren de vida” se subieron empresas proveedoras de bienes y servicios, profesionales universitarios que oficiaron en las transacciones inmobiliarias, instituciones públicas (vecinos de Playa Verde lamentaron perder al principal benefactor de la escuelita local, y alguien recordó que Balcedo supo integrar la Comisión de Colaboración de la seccional policial de Piriápolis), además de trabajadores (niñeras, chefs, jardineros, personal trainers, amas de llaves, etcétera) que prestaban servicios al matrimonio a cambio de suculentos salarios (subdeclarados ante el Bps).
Buscar antecedentes de los Salcedo-Feige en Internet alcanzaba para sospechar del origen del dinero que ostentaban y negarse a formar parte de sus turbias operaciones (véase Brecha, 12-I-18). Pero nadie investigó y si lo hizo, no denunció. Ni siquiera los que están obligados por la normativa antilavado.
La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) confirmó que nunca hubo reportes de actividades sospechosas ante el Banco Central (Bcu), como exige la ley. Así que ahora está procesando información para definir qué sujetos evadieron la responsabilidad de investigar la actividad de sus clientes y comunicar anomalías, confirmó a Brecha Daniel Espinosa, titular de ese organismo dependiente de la Presidencia de la República. La indagatoria apuntará al sector no financiero de la economía ya que, según los informes, en todos estos años Balcedo operó por fuera del sistema bancario. En general operó a través de sociedades fantasma creadas por estudios montevideanos y que son usadas como fachadas para despistar controles sobre el origen de bienes muebles o inmuebles. Si bien la actividad de esos estudios es legal, la fiscalía se enfocará en quienes figuran como administradores o directores de las firmas, que sí son sujetos obligados por ley.
Los registros marcan que la primera inversión del empresario en Uruguay fue la compra del chalet Sounión en el balneario Playa Verde (jurisdicción del Municipio de Piriápolis), anterior a la ley que en 2009 incluyó a los escribanos como “sujetos obligados” a rastrear las actividades de sus clientes. Pero la adquisición de los padrones en Cerro de los Burros, que luego se unieron para formar la estancia El Gran Chaparral, se concretó a partir de 2011 por valores que en varios casos superaron los 200 mil dólares cada uno. Los escribanos que participaron en la transacción tenían la obligación de preguntarle a su cliente de dónde obtuvo el dinero y pedirle documentación para fundamentarlo, pero no aparece nada. La Senaclaft tiene en la mira a dos profesionales que participaron en la operación, e indagará por esa vía, adelantó Espinosa. También analizan la actuación de un arquitecto que cobró casi 3 millones de dólares por realizar refacciones y construcciones en las residencias de Cerro de los Burros y Playa Verde; las empresas constructoras son sujetos obligados desde 2015 y la Senaclaft pretende cotejar fechas, para establecer si el profesional también tiene alguna responsabilidad.
Las instituciones dueñas de los cofres fort que Balcedo arrendaba anualmente y en los que ocultaba 6.219.700 dólares, según se supo al abrirlos el 18 y 19 de enero en Montevideo y Punta del Este, también serán investigadas. Estas sumas “se encontraban precintadas con fajas con membretes de bancos argentinos, lo que demuestra su ingreso no declarado a nuestro territorio nacional y su voluntad de ocultamiento”, remarcó Morosoli en su escrito. Espinosa explicó que los arrendatarios deben identificar y buscar antecedentes de quienes tienen acceso a los cofres y que se investigará si cumplieron con esta disposición, aunque era imposible que conocieran qué montos movían Balcedo y su esposa. Para el jerarca está claro que Balcedo operó deliberadamente por fuera del sector financiero “porque hace más de diez años que comenzaron los controles y hay una actuación más uniforme en todas las instituciones”. Sin embargo, reconoció que en el sector no financiero “está costando implementar los controles adecuadamente y por eso no llegan las alertas”. Coincide con el fiscal en cuanto a que “hay que trabajar mucho”, aunque estimó que el proceso tomará “por lo menos” dos o tres años de capacitación, inspecciones y sanciones. “Hay que generar un cambio cultural y una conciencia del riesgo, porque detrás está el crimen organizado”, advirtió.
- Texto completo del escrito de formalización disponible en la página web de la Fiscalía General de la Nación.
Global, entre Sanabria y Balcedo
Un capítulo entre los sujetos obligados merece el abogado Damián Burgueño, esposo de una ex jueza de paz de Maldonado que ahora trabaja como jueza letrada en Artigas. De acuerdo a la investigación preliminar, el profesional tiene amplios poderes sobre los bienes de Balcedo y forma parte del circuito de directores y administradores en empresas vinculadas a la familia. Entre estas, la más llamativa es Minblon SA, permisaria de la FM 89.5 de Punta del Este (Global) e investigada como una de las empresas satélite del Cambio Nelson. El abogado, que aparece como director desde 2014, figuraba entre los titulares a citar por la justicia de crimen organizado por su presunto vínculo con el ex político colorado Francisco Sanabria, procesado en 2017 por lavado de activos a través del cambio familiar. No obstante, según informó el miércoles el periodista Carlos Peláez, en uno de los seis cofres fort de Balcedo abiertos los días 18 y 19 de enero se encontraron las acciones al portador de la mencionada emisora, lo cual técnicamente convierte a Balcedo en el propietario de la FM. Eso explicaría por qué, desde mediados de 2016, Global retrasmite los contenidos de la radio del empresario en La Plata y por qué una de las camionetas ploteadas con el logo de la emisora fue incautada en el garaje de El Gran Chaparral. Mientras las miradas se enfocan en la gestión de la Ursec, órgano que adjudica y controla las frecuencias de radio, ese mismo día fue allanado el estudio de Burgueño en Piriápolis, y también las instalaciones de la emisora. Minblon SA es la única empresa vinculada a Balcedo que declaró haber importado bienes (en este caso, equipamiento), según los reportes presentados por la Dirección de Aduanas al fiscal Morosoli.
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Pata argentina
La indagatoria uruguaya sería imposible sin los delitos de apropiación indebida, extorsión y lavado de activos que la justicia argentina imputa a Marcelo Balcedo, Paola Feige y Mauricio Yebra, mano derecha del empresario. Los dos primeros constituyen delitos precedentes que habilitan a investigar lavado de activos en territorio nacional. En la alerta roja de Interpol y en el exhorto que libró la semana pasada para obtener la extradición de la pareja, el juez federal Ernesto Keplak (a cargo de la causa penal sustanciada en un juzgado de La Plata) sostiene que el trío incurrió en maniobras para sustraer ilegalmente unos 12 millones de dólares del Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación (Soeme), del que Balcedo fue secretario general entre 2011 y 2015. Además de acusarlo de extorsionar a afiliados sindicales y a políticos de su país, le imputan junto con su pareja “haber puesto en circulación en el mercado formal los fondos provenientes de diversos ilícitos penales” desde el año 2012 a la actualidad. El exhorto también da cuenta de indicios que los vinculan con el cártel rosarino Los Monos, organización abocada al narcotráfico en la provincia de Santa Fe.
Ahora la fiscalía fernandina tendrá un año, con opción a dos, para investigar y presentar la acusación en la sede penal especializada en crimen organizado a cargo del juez Pablo Benítez. Entretanto los imputados permanecerán recluidos de forma preventiva en la Cárcel Central de Montevideo durante 120 días, prorrogables. Sin embargo, no será Morosoli quien continúe las actuaciones: en las próximas semanas será trasladado a un juzgado de Montevideo y en su lugar quedará el fiscal Alejandro Machado, actualmente en Río Branco. “Encontrará una causa que ya está en marcha, con un plan y teoría del caso que ya están firmes. Profundizará en lo que estamos haciendo, pero no habrá sorpresas”, adelantó Morosoli.
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