¿Vuelve la mano de obra desocupada?

La muerte del fiscal Alberto Nisman disparó la necesidad de reformar de cuajo el sistema de inteligencia nacional. En ese contexto la oposición hace cuentas con la muerte y se opone ciegamente a toda iniciativa oficial. En el medio queda, casi olvidada, la causa por la muerte de 85 personas en 1994, el atentado a la Amia.

El entierro del fiscal Nisman, ayer jueves en Buenos Aires / Foto: Alejandro Pagni

La presidenta Cristina Fernández anunció la disolución de los servicios de inteligencia, que mantienen el esquema heredado de los años de la dictadura militar de 1976, mediante el envío al Congreso de un proyecto de ley para crear la Agencia Federal de Inteligencia (Afi) y al mismo tiempo convocar a sesiones parlamentarias extraordinarias para el próximo domingo, 1 de febrero. Si bien el borrador del proyecto de ley está en elaboración sobre el escritorio del secretario legal y técnico, Carlos Zannini, aunque con participación del actual jefe de los espías, Oscar Parrilli, ya trascendió lo esencial del nuevo esquema propuesto desde el Poder Ejecutivo. La nueva agencia tendrá un director y un vicedirector y no dependerá como hasta ahora de la Presidencia, sino del Ministerio de Seguridad, a través de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, de acuerdo con el primer bosquejo al que accedió el diario Página 12, aunque no está confirmado, en definitiva, quién se hará cargo de semejante responsabilidad. Director y vice serán elegidos por el Congreso, durarán cuatro años en sus cargos, la autorización para las escuchas telefónicas pasará a la órbita del Ministerio Público Fiscal, un cuarto poder incorporado por la reforma constitucional de 1994, aunque bajo el control de los jueces de garantías.

LA MANO DE LA INTELIGENCIA. Brecha leyó el escrito de 290 páginas que Nisman iba a exponer el lunes 19 de enero en el Congreso y que el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, hizo público por Internet el martes 20. Se trata de un texto con escaso leguaje judicial donde abundan los adjetivos para calificar presuntas conductas de funcionarios públicos y las consecuencias de sus actos, con la promesa de demostrar los cargos que se imputan. Pero como lo sostuvo el juez Ariel Lijo, quien recibió el escrito de Nisman, “no hay evidencia de delito alguno” en el texto. Y en ese sentido el texto contrasta con otras presentaciones del fiscal, lo que hace sospechar la contaminación de las 290 páginas con material aportado por el ex jefe de inteligencia Jaime Stiusso, que acababa de quedar cesante. Una maniobra desesperada y tóxica para el titular de la fiscalía especial sobre la Amia. “Probablemente se tratara de una pieza en la estrategia de contaminación sobre una causa que ya nació contaminada desde los años de Menem”, señala un ex funcionario K a Brecha.

Lo cierto es que la decisión oficial de renovar los servicios de inteligencia se produjo arrinconada la presidenta por la muerte de Nisman y el malhumor social que esto produjo, pero también por las sucesivas internas en la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) generadas desde el caso Antonini Wilson, el “valijero” venezolano que ingresó dinero al país a fines de 2007, apenas Cristina asumiera su mandato.

Con esa interna latente la mandataria optó a fines de 2010 por aceptar la designación de un militar de inteligencia en la jefatura del Ejército a cambio de una lealtad que la Side no aceptaba. Así llegó al podio militar César Milani, acusado por sobrevivientes de la última dictadura militar en La Rioja de ser uno de los esbirros encargados de salir a cazar opositores políticos en las noches. La desaparición del soldado Alberto Ledo, su asistente en la provincia de Tucumán en 1976, lo tiene como principal sospechoso en una causa incoada en la provincia norteña y en la que aumentan los indicios que pueden demostrar su responsabilidad en el hecho. Pero hay por lo menos otros cuatro casos de sobrevivientes que lo reconocieron como el iracundo oficial encargado de secuestrarlos o interrogarlos. Con todo, Milani no sólo fue ascendido a jefe del Ejército, sino sostenido contra todas las denuncias por la presidenta Cristina Fernández. No sólo lo apoya sino que lo apañó en sus reclamos: a fines de 2014 aceptó por primera vez en la historia militar que la plana mayor del Ejército esté constituida por oficiales de inteligencia, y habilitó una partida de presupuesto cada vez mayor. Los presupuestos manejados por la Side y por la Dirección General de Inteligencia del Ejército (Die) indican las preferencias de Cristina Fernández. Desde 2010 el presupuesto de la Side creció un 34 por ciento, mientras que el de la Die lo hizo un 156 por ciento. Milani se convirtió en el hombre de inteligencia preferido por la presidenta desde que alcanzara la subjefatura del Ejército en 2010 con un presupuesto de 169 millones de pesos, que crecieron a 432 millones en 2014. Si se tiene en cuenta que por ley las fuerzas armadas no pueden intervenir en conflictos internos y en cambio la Side funciona como auxiliar de la justicia en casos federales como narcotráfico y terrorismo, por ejemplo, parece extraño el nivel de disparidad presupuestaria.

SIDE, OSCURA HISTORIA. Desde que fuera creada por Juan Perón en julio de 1946 como Coordinación de Informaciones del Estado y tuviera como titular a Rodolfo Fruele, hijo de un nazi, el organismo se ocupó de limpiar el panorama político de opositores al entonces presidente. Funcionó en la órbita de la Policía Federal hasta que el general Pedro Aramburu, después del golpe contra Perón en 1955, la convirtió en la Secretaría de Inteligencia del Estado, bajo asesoramiento de la Cia. Desde entonces se convirtió en plena Guerra Fría en una central cuyo principal objetivo era la “caza de comunistas”. Las sucesivas dictaduras y el posterior gobierno de Perón en 1973 no cambiaron la hipótesis de conflicto, y fue la dictadura de 1976 la que le permitió tener sucursales y dio vía libre a sus hombres en la persecución de extranjeros exiliados. El propio jefe de la Side, Otto Paladino, regenteó el centro de detención Automotores Orletti, donde la banda de Aníbal Gordon hizo desaparecer a decenas de uruguayos asilados en Buenos Aires. La vuelta de la democracia demostró que era una institución incontrolable hasta para el presidente electo Raúl Alfonsín, que sufrió sus maniobras orquestadas juntamente con los militares que añoraban los años de plomo. Así fue como el ministro del Interior de entonces, Antonio Tróccoli, acuñó la frase “mano de obra desocupada” para designar a los agentes dados de baja y que se incorporaban a bandas de delincuentes comunes dedicadas al secuestro extorsivo. Para frenar esto, el gobierno de Menem habilitó la posibilidad de hipótesis de conflicto interno, y los servicios volvieron a trabajar abiertamente sobre el espionaje de grupos políticos e incluso de jueces, fiscales y gobernadores.

El atentado a la Amia llevó a organizar nuevamente grupos especiales dentro de la Side. Regresaron oscuros personajes de la dictadura, como Eduardo Ruffo, Patricio Pfinnen y Honorio Martínez Ruiz, quienes ocuparon la llamada Sala Patria, encargada de las estrategias de espionaje en la causa. Todo salió a la luz durante el juicio desarrollado entre 2001 y 2004, cuando quedó en claro que esos miembros encumbrados en tareas especiales habían sido torturadores en Orletti. La llegada a la Casa Rosada de la Alianza y Fernando de la Rúa llevó a que su delegado en la Side, el banquero Fernando de Santibáñez, hiciera una limpieza que dejó en la calle a más de mil agentes. Volvía la “mano de obra desocupada”, pero en un escenario que reconocía entre nueve y doce agencias de inteligencia con relativa autonomía en todo el país el reciclaje no era complicado. Lo cierto es que el sector de los desplazados por De Santibáñez, encabezado por Héctor Alderete, organizó una agencia de inteligencia paralela privada en 1999, llamada Seprin. Alderete, el ex jefe de inteligencia de Menem, Juan Yofre, columnista de La Nación, Carlos Pagni, ex director de Ámbito Financiero, Roberto García –compañero de Zelmar Michelini en el diario La Opinión, en 1975–, el periodista Edgar Mainhard, el general Carlos Raimundes y dos hackers, se dedicaron a pinchar teléfonos y cuentas de email de funcionarios públicos. La denuncia de esas actividades recayó en la jueza Sandra Arroyo Salgado, la ex esposa de Nisman, como se mencionó en la edición pasada de Brecha. El fiscal del caso, Fernando Domínguez, pidió en la Nochebuena pasada que todos fueran a juicio oral en 2015.

PARA TODO SERVICIO. Según el actual juez del caso Amia, Rodolfo Canicoba Corral, Nisman llevaba una relación estrecha con Stiusso, “más de lo deseado, y de casi subordinación a los dictados de la Side”. Por otro lado, según un ex funcionario K, el general Raimundes y el actual jefe del Ejército, César Milani, “tienen un enfrentamiento desde hace tiempo”, por ahora ganado por Milani. “Hace tiempo que la presidenta confía en Milani, teniendo tantos servicios en contra y estando su gobierno en retirada”, confiesa el mismo ex funcionario. Los familiares de las víctimas de la Amia nucleados en Apemia descreen del proyecto presidencial de la nueva Afi. “Acá el gran beneficiario es Milani, que es quien coordina a los servicios desde hace tiempo”, asegura Pablo Gitter, referente de Apemia (véase recuadro). Semejante panorama le deja un campo minado al gobierno saliente y el reclamo de la oposición de que sea el próximo gobierno el que organice los servicios de inteligencia, aunque una demenda de ese tipo desnude la falta de decisión para encauzar una política de Estado en la materia y demuestre que las viejas prácticas de uso privado de la inteligencia siguen a la orden del día.

¿Asesinato o suicidio?

La fiscal Viviana Fein, a cargo de la investigación de la muerte de Nisman, sigue tejiendo la causa a paso firme. Todos los datos recolectados hasta ahora apuntalan la figura jurídica del suicido, pero el expediente sigue caratulado como “muerte dudosa”. El martes declaró la ex esposa de Nisman, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, durante seis horas y aclaró que no pedirá una nueva autopsia, como especulaban los diarios Clarín y La Nación en los días previos. La jueza fue defensora oficial de algunos imputados durante el juicio por la Amia mientras su entonces marido, Alberto Nisman, integraba el staff de fiscales. La magistrada aparece vinculada con la Side a partir de los testimonios recogidos por el periodista Miguel Bonasso en su último libro, Lo que no dije en Recuerdos de la muerte, aparecido en diciembre pasado. Allí el periodista señala que fue Arroyo Salgado quien intervino en la causa por la muerte en su celda del prefecto Héctor Febres, un torturador de la Esma, y “el expediente nunca prosperó, fruto de la relación de la jueza con la Side”. La ex mujer de Nisman se constituyó en querellante por la muerte del fiscal y contrató a reconocidos peritos que hasta ahora han avalado todo lo actuado por la fiscal.

En la tarde del miércoles 28 se presentó a dar su versión de los hechos el especialista en informática y colaborador de Nisman Diego Lagomarsino, el último que lo vio con vida y quien le prestó el arma calibre 22 con la que se habría matado el fiscal. Lagomarsino es un personaje oscuro en esta historia, porque llueven sobre él acusaciones de ser un agente de inteligencia inorgánico de la Side. Pese a que negó conocer al ex jefe de los espías Jaime Stiusso –el hombre más buscado en este momento–, sus relaciones informales con servicios de inteligencia de las policías Bonaerense y Federal lo hacen un sospechoso con todas las de la ley. El sábado declaró al diario Página 12 que fue el propio Nisman, al pedirle el arma, quien le aseguró que el agente Stiusso le advirtió el viernes previo a su muerte que podían matarlo a él o a sus hijas.

Causa AMIA, a fojas cero

Todas las miradas están puestas en la muerte de Nisman. Políticos opositores y medios reclaman y hacen su agosto en pleno enero. Sin embargo desde la Agrupación Por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la Amia (Apemia) advierten el corrimiento del eje del debate. “Con Nisman se murió la causa Amia”, advierte Pablo Gitter, referente de Apemia, en diálogo con Brecha. “Nosotros nos reu-
nimos en noviembre con el fiscal y él nos advirtió que su vida corría peligro pero que no tenía más remedio que seguir adelante”, afirmó Gitter. “Ese mismo día nos anunció que iba a presentar una denuncia contra el Estado, y reconoció que nosotros, en Apemia, teníamos razón cuando denunciamos la complicidad del Estado en el atentado, porque estaba desviando la atención de la investigación. Nos pareció que a esa altura de los acontecimientos darse cuenta de la complicidad del Estado como encubridor era de una inocencia política muy grande”, señaló a Brecha. “Nisman es el hombre que participó en las dos etapas de los 20 años de impunidad generados por la justicia y la clase política. En la primera etapa participó junto a los fiscales José Barbaccia y Eamon Mullen, que hoy están imputados por las irregularidades en la causa que instruyeron junto al juez Juan José Galeano. Y después, cuando Kirchner lo nombró fiscal especial del caso, porque fue él quien construyó la conexión internacional del atentado y descartó la conexión local del caso. La causa Amia está muerta, hay que empezar de nuevo.”

Apemia fue la primera agrupación de familiares que solicitó el apartamiento de Nisman de la causa, hace cuatro años. En 2013 fue acompañada por Memoria Activa, la otra agrupación que solicitó la separación del fiscal. “Desde Apemia insistimos en la necesidad de abrir de manera irrestricta los archivos de la Side sobre la causa, porque es la única manera de obtener constancia y prueba de las operaciones que rodearon el atentado. Sin esos archivos no hay causa y mucho menos juicio”, enfatiza Gitter.

Los anuncios sobre la reformulación del sistema de inteligencia no traen esperanza al dirigente de la Apemia. “Se trata de un proyecto que todavía no se conoce y que sería similar a uno que presentó en 2004 el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos, Gustavo Beliz,que terminó exiliado de la política en Estados Unidos por haber mostrado justamente una foto de Stiusso”, señala Gitter. Y apunta a todo el arco político: “Cuando la presidenta reclama que se deje actuar a la justicia dice lo mismo que la oposición encabezada por Mauricio Macri y el peronista José Manuel de la Sota, que reclaman la intervención de la Corte Suprema. En ese escenario estaríamos mucho peor. Pasaron 22 años y la Corte no tiene pistas sobre el atentado a la embajada de Israel, ¿y se va a hacer cargo de la causa Amia? Eso sería garantizar la impunidad definitiva”. El juicio declarado nulo en 2004, a instancias del kirchnerismo, “fue un juicio trucho. Y ahora la presidenta apunta con sus argumentos a recoger como síntesis lo peor del menemismo, de la Alianza, del duhaldismo y de lo actuado por su marido en el primer gobierno K. Dice que se viene un megajuicio histórico, y nosotros decimos que va a ser otro juicio trucho, porque siguen negando la conexión local”.

La organización presentó un proyecto de ley en el Congreso en junio de 2014 para conformar un comisión investigadora independiente sobre el atentado, integrada por personalidades como el premio Nobel de la paz Adolfo Pérez Esquivel, los investigadores Tomás Abraham y Beatriz Sarlo, los periodistas Nelson Castro, Herman Schiller, Carlos del Frade y Osvaldo Bayer, los sociólogos José Nun y Maristella Svampa, los abogados Ricardo Monner Sans y Carlos Zamorano, y el referente de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos Enrique Fuckman, entre otros. Nunca obtuvieron respuesta.

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