En el populoso barrio 23 de Enero, tradicional bastión de la izquierda en el oeste obrero de Caracas y fiel acompañante del fallecido líder Hugo Chávez desde que se alzó en armas en 1992 hasta su muerte, en 2013, el opositor Edmundo González ganó la elección presidencial del pasado 28 de julio en la mayoría de los centros de voto. Por estos días, algunas casas en sus calles intrincadas fueron marcadas con una cruz en pintura negra. Algunos vecinos dicen que son las de conocidos opositores al gobierno. El riesgo es evidente: en la zona han actuado por años varios colectivos, grupos de vanguardia del chavismo, algunos trabajando en paz en proyectos comunales, otros con prolija exhibición de lenguaje amenazante, pasamontañas y armas de fuego.
El presidente Nicolás Maduro ordenó al órgano estatal de telecomunicaciones cerrar el acceso a la red social X durante una semana. Coincide con una esperada decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que corroboraría lo dicho por el Consejo Nacional Electoral (CNE): Maduro ganó con el 52 por ciento de votos, González obtuvo el 43 por ciento. Las cuentas de la oposición son otras: González, 68; Maduro, 30. Incluso después de la prohibición ordenada sobre X, la red continuó como gran propagadora de información y opinión en el país, apelando sus usuarios más despiertos a redes VPN (redes privadas virtuales) para eludir la veda desde los proveedores usuales de internet.
Maduro también pidió a sus seguidores que abandonen las aplicaciones TikTok y WhatsApp. Esta última es usada por el 92 por ciento de quienes acceden a internet, según estudios de mercado, y de manera especial por las familias que se comunican con los 8 millones de venezolanos que han migrado, en su mayoría en la última década. El resultado parece obvio: quien sea interceptado en cualquier esquina y emplee esas aplicaciones para comunicar informes o videos puede ser sospechoso. En Venezuela rige una draconiana ley con ancho margen de interpretación contra informaciones que se considere que atizan el odio.
El presidente de la Asamblea Nacional y cerebro electoral del oficialismo, Jorge Rodríguez, ha planteado como una necesidad legislar para regular las redes sociales y las aplicaciones de internet. Eso tiene lugar en medio de una renovada ofensiva legislativa para adoptar rápidamente una amplia «ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares» y otra de control de las organizaciones civiles. La llamada Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines, aprobada finalmente este jueves por la Asamblea Nacional, «impone a las ONG, existentes y en proceso de formación, un conjunto de requisitos formales tan onerosos que le otorga al Estado una potestad cuasi permanente de suprimirlas. La ley está claramente orientada a limitar, no a facilitar, el ejercicio del derecho de asociación», había afirmado el año pasado Francisco Cox, experto de la Misión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Venezuela, cuando se presentaron los primeros borradores de la norma.
La decisión de castigar se cuela hasta en los detalles: pasaportes de políticos, activistas sociales, periodistas o docentes universitarios han sido anulados sin explicación en los últimos días. También hay denuncias de despidos en empresas estatales tras conocerse contenidos de mensajes políticos enviados o reproducidos por empleados con sus teléfonos.
CLIMA DE MIEDO
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, denunció que se fabrica un «clima de miedo» y, junto con la misión del Consejo de Derechos Humanos, que documenta violaciones a esos derechos desde 2017, deploró la detención de hasta 2.300 personas en la situación poselectoral, muchos de ellos jóvenes acusados de terrorismo.
La ONG Foro Penal documentó solo hasta el 13 de agosto 1.393 detenciones, entre ellas las de 182 mujeres, 117 adolescentes, 17 personas con discapacidad y 14 indígenas. Maduro anunció que «esta vez no habrá perdón» (ya había 300 presos políticos antes de la elección, la mitad de ellos militares) y ordenó acondicionar dos prisiones como cárceles de máxima seguridad para recluir a los acusados de terrorismo.
En las protestas y en su represión tras la proclamación de Maduro, el 29 de julio, hubo 25 muertos –incluidos dos gendarmes– y más de 100 heridos. Algunas instalaciones públicas y privadas fueron atacadas, e incluso algunas estatuas de Chávez fueron derribadas. La mayoría de los muertos recibieron impactos de bala. Hubo personas detenidas en medio de la acción callejera y muchas otras buscadas en sus hogares –una operación que continúa– y, casi todas, en barriadas humildes de Caracas y otras ciudades o en pequeños poblados de las llanuras centrales o los Andes del suroeste.
González y la carismática líder de la oposición, la derechista liberal María Corina Machado, replegaron sus fuerzas después de la primera semana de protestas y de sorprender al adversario con la publicación y la fácil ubicación en internet de las actas de voto en el 83 por ciento de las 30.026 mesas de voto. El árbitro electoral, en cambio, rehúye publicar sus resultados discriminados por centros de voto –como pautan sus normas desde hace dos décadas y como le demandan ahora tanto desde dentro como desde fuera del país– y que le permitirían demostrar, de modo claro, el origen de los números con los cuales proclamó reelecto a Maduro.
Para mañana, sábado 17, se han convocado concentraciones o asambleas opositoras en el país y en 100 ciudades del extranjero con migrantes venezolanos, para mantener viva la protesta exhibiendo facsímiles de las actas de cada centro de voto. Se descuenta que el oficialismo también hará marchas con sus seguidores.
PETRO Y LULA
Los presidentes de Brasil y de Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, continúan la nada envidiable tarea de encontrar y proponer una salida a la crisis política de Venezuela que sea aceptable por los contendores y que, de paso, no lleve agua al molino de las fuerzas que se les oponen en sus respectivos países.
Tercero en el grupo que ha buscado mediar en el conflicto, el mexicano Andrés Manuel López Obrador dio un paso al costado y dijo que esperará a ver lo que decida la Sala Electoral del Supremo. En Venezuela todos los poderes nacionales están en manos del oficialismo y los mandos de la Fuerza Armada han reiterado su «lealtad absoluta» a Nicolás Maduro como presidente reelegido.
Washington está muy activo y ya de manera clara sostiene que González ganó la elección y el CNE hizo fraude. González «ha obtenido la mayoría de los votos y eso está claro. Lo hemos dicho una y otra vez, y seguiremos diciendo, Maduro debe reconocerlo», dijo este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. El secretario de Estado, Antony Blinken, telefonea a sus pares de América Latina para rodear a Lula y a Petro en procura de que convenzan a Maduro de aceptar una derrota y entablar negociaciones para una transición.
En su apoyo, se han destapado los informes de las dos misiones de observación internacional que se integraron con expertos electorales: la del estadounidense Centro Carter y la de las Naciones Unidas. El primero dice sin dudas que el CNE proclamó falsamente a Maduro, pues el ganador fue González y las actas que muestra la oposición son correctas. La misión de la ONU produjo un informe preliminar privado para el secretario general de la organización, quien decidió hacerlo público el martes 13, lo que ya de por sí es un dato relevante. Coincide con el Centro Carter en criticar el manejo del CNE y avala las pruebas presentadas por la oposición.
Con esas publicaciones, Lula y Petro quedan confrontados con su propia petición de que el CNE publique los resultados de la elección completos y desagregados, lo que permitiría examinarlos en una auditoría independiente, algo que ha figurado en las declaraciones de muchos gobiernos y se ha hecho, al paso de los días, improbable. Este jueves Petro detalló en la red X su nueva propuesta, similar a la hecha en las últimas horas por el presidente brasileño (véase nota de Marcelo Aguilar en esta edición): «Levantamiento de todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres».
Mientras se aguarda el impacto de las gestiones internacionales, el tiempo puede aplanar los picos de la crisis en el camino hacia el 10 de enero de 2025, cuando se inicia el próximo sexenio de gobierno, objeto de la elección de hace tres semanas. Pero varias encuestas alrededor del 28 de julio mostraron otro vértice crítico: si en Venezuela no hay cambios, muchos más de sus habitantes migrarán, muchos miles más.
