El 1 de marzo de 2020, luego de 15 años de gobiernos del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou asumió la presidencia de la república. Doce días después el Poder Ejecutivo declaró el «estado de emergencia nacional sanitaria», a causa de la pandemia. Entre muchas otras cosas, el artículo 3 del decreto suspendió los espectáculos públicos. El 9 de julio se promulgó la ley 19.889, de Urgente Consideración (LUC), con 476 artículos que delimitaron el contorno del programa de gobierno y motivaron una campaña de recolección de firmas para derogarla, que articuló a distintos actores, resultó exitosa y movió el tablero político. La irrupción del covid-19 y la llegada al gobierno de la coalición de derecha liderada por el herrerismo se dieron al mismo tiempo, y analizarlas juntas en torno a la situación de la cultura parece un buen punto de partida para reflexionar acerca de un escenario pospandémico.
La suspensión de todos los eventos públicos se mantuvo entre marzo y junio de 2020. Cuando se abrió la actividad, quedó sujeta al cumplimiento de un protocolo, lo que significó un obstáculo para muchos proyectos culturales, debido a la necesidad de mantener restringido el aforo y cumplir con las medidas preventivas para la habilitación. Además, la medida llegó tarde y la ausencia del gobierno en el sector durante cuatro meses motivó acciones del movimiento social institucionalizado –trabajadores de distintas dependencias del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), la Sociedad Uruguaya de Actores (SUA), la Federación Uruguaya de Músicos (FUDEM), entre otras, que forman la Intersocial de Cultura en el PIT-CNT– y de colectivos de trabajadores como Primer Ensayo, que surgieron como respuesta a la situación crítica del sector. Los eventos públicos volvieron a suspenderse entre fines de diciembre de 2020 y enero de 2021, y luego hubo un nuevo período de apertura hasta marzo. Por su parte, la Intendencia de Montevideo suspendió las actividades y cerró sus espacios entre diciembre de 2020 y julio de 2021. En ese contexto, también suspendió el carnaval de 2021, algo que no ocurría desde 1926.
En junio, el gobierno lanzó la propuesta de implementar un «pase verde o responsable» en el auditorio del SODRE, con una amplia cobertura mediática. La medida del pase responsable –que se aplica en algunos países europeos y requiere la realización de un test de antígeno, el control de la temperatura y el uso de tapabocas durante el espectáculo– suscitó la reacción negativa de los sindicatos, las asociaciones y los colectivos de la cultura. Finalmente, en julio se retomó la actividad y se establecieron aforos diferenciados, dependiendo de si el público podía probar que estaba inmunizado o no. Ni señales del pase responsable.
EL ESTADO EN LA CULTURA
La LUC y la Ley de Presupuesto Nacional del gobierno configuraron una institucionalidad para las artes, con cinco institutos nacionales –Artes Visuales, Letras, Artes Escénicas, Música y Audiovisual–, cuyas direcciones conforman cargos de confianza política. A su vez, el gobierno ha dado señales muy claras en cuanto a la cultura comunitaria: eliminó los Centros MEC y no le dio expresión institucional al Área de Gestión Territorial, que los absorbió y reúne, además, programas como Usinas Culturales, Fábricas de Cultura. Además, todavía no hay una propuesta concreta para la Red de Centros Nacionales de Cultura, anunciada en la fundamentación de la ley de presupuesto.
Pero hay otras señales, no necesariamente vinculadas a la institucionalidad del MEC, que hacen a la producción cultural, como las radios comunitarias, la regulación de los medios de comunicación masivos, y la infraestructura y los servicios vinculados a Internet. En ese terreno las noticias no son muy alentadoras. La rendición de cuentas crea el Fondo Universal de Telecomunicaciones, que posibilita a los privados utilizar la nueva infraestructura creada por ANTEL y le da discrecionalidad al Poder Ejecutivo en el uso del fondo. Esto se enmarca en una serie de medidas que, según el Sindicato Único de Telecomunicaciones y Daniel Larrosa, el representante de la oposición en ANTEL, debilitan a la empresa pública frente a la competencia y atentan contra la calidad del servicio brindado por el ente. Por otro lado, el retiro de la empresa en la creación y la difusión de contenidos audiovisuales y transmisiones en vivo gratuitas afectan el derecho a la participación de la ciudadanía en la cultura, al menos como consumidores.
También se incluyen artículos que perjudican a las radios comunitarias que no tienen personería jurídica, las cuales deberán cerrar si no regularizan su situación en dos años. Según la Coordinación por una Comunicación Democrática (CCD), esta medida «contradice la Ley de Radiodifusión Comunitaria, que establece que el Estado es el garante del “servicio de radiodifusión comunitaria como servicio no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro”», según informa el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom).
Por último, el gobierno tiene en el Parlamento una nueva ley de medios. Entre los aspectos regresivos del proyecto de ley se encuentran los que facilitan una mayor concentración de medios: se aumenta la cantidad de servicios de radio y TV que puede tener una persona física o jurídica y se elimina el Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual, que apuntaba a financiar producciones nacionales. El proyecto también tiene aspectos que afectan la calidad democrática de los procesos para otorgar licencias y complejizan las instancias institucionales que garantizan la participación ciudadana. Varios actores se pronunciaron públicamente sobre estos y otros problemas del proyecto de ley, como Observacom, la CCD y la Universidad de la República.
En un país con una participación histórica y fuerte del Estado en el campo cultural, es preocupante su retiro o su debilitamiento en áreas estratégicas: la pérdida de la infraestructura necesaria para la cultura contemporánea –como Internet–, la concentración de bienes comunes en manos de privados y la falta de participación ciudadana en la producción cultural y los espacios de consulta y decisión. Hay, en este conjunto de problemas, un primer eje de discusión.
¿QUÉ HUBO DE NUEVO?
La prohibición del –convivio–, eje central para las artes escénicas, fue un duro golpe para la música, las salas de cine y las de teatro. También afectó al mercado editorial, al imposibilitar las presentaciones y las de ferias del libro departamentales, que representan bocas de venta fundamentales. Es el caso de Sancocho, que reúne a distintos colectivos culturales independientes que, en parte, dependen de la realización de ferias en distintos puntos de Montevideo. Por su concepción del trabajo editorial y por sus características (editoriales artesanales o de tirajes cortos), operan fuera de los canales tradicionales de distribución, por lo que enfrentar la pandemia significó un enorme problema. También los espacios museísticos debieron cerrar sus puertas y afrontar el desafío de no perder la conexión con el público y desarrollar sus planes de trabajo. La cultura comunitaria –un entramado complejo de espacios culturales y colectivos organizados en el territorio– y el carnaval vieron resentida su actividad.
En el contexto de la pandemia, tanto el sector público como el privado idearon distintas estrategias para responder a la emergencia, algunas concretas y coyunturales, y otras de mayor alcance. En la cadena productiva del libro, la distribuidora Gussi puso en funcionamiento la página Tu Librería en Casa –que ya no existe–, que permitía comprar online y asignar la venta a una librería (la mayoría de ellas, cerradas por la situación sanitaria). La distribuidora se hacía cargo de la llegada del libro al cliente. En el momento más complicado de la pandemia, esta medida apuntó a solucionar un problema en la distribución y la venta de libros e intentó ayudar a sostener las pequeñas librerías en un momento de crisis en el que, además, las librerías de las grandes superficies no detuvieron su actividad.
Una propuesta valiosa fue la creación de la plataforma digital de la Cinemateca Uruguaya, que le permite al público ver cine a demanda (https://mascinemateca.org.uy/home). Si bien la propuesta estaba en los planes de la cinemateca, la pandemia aceleró su concreción, explicó a La Diaria María José Santacreu. El proyecto fue posible gracias a la cooperación internacional alemana (Fondo Internacional de Asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania y el Goethe Institut) y otros socios. En un contexto de incertidumbre, de aperturas y cierres de las salas de cine, la cinemateca ideó una solución que apareció en abril de este año –casi un año después del inicio de la pandemia–, pero dejó instalada una posibilidad de desarrollo muy interesante para un proyecto cultural que se fundó en 1952.
Otra experiencia, pero en el campo de la música en vivo, es Sala Virtual, una plataforma de streaming lanzada por privados (Tinker Comunicación & Gestión y Montevideo Portal) que busca ampliar el público de conciertos realizados con aforo en el Teatro Circular y explora otros formatos, como los conciertos Tinker, que se filman en los estudios de los artistas. El teatro independiente buscó soluciones similares: el teatro El Galpón ofrece contenido a demanda en su página web y, articulado con Canal 10 para difundirla en la televisión abierta, produjo la serie Temporario, que convirtió al teatro en un estudio.
En el sector público, el MEC ofreció una serie de contenidos digitales propios, de otros organismos –como la biblioteca digital de Ceibal– y de privados –los conciertos de la Asociación General de Autores del Uruguay, entre otros– a través de su página web y bajo la consigna «Cultura en casa». En algunos casos, la página se direccionaba a contenidos subidos a las plataformas Youtube y Spotify. Una experiencia curiosa fue la del Subte, que, como el resto de los espacios municipales, estuvo cerrado por disposición de la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, entre el 10 de diciembre de 2020 y el 17 de julio de 2021. La sala planificó actividades exclusivamente en formato digital: la muestra En la noche, con contenidos multidisciplinarios difundidos en una página web, y el festival de videoarte Monte_video, con cuatro programas de cuatro curadores externos al espacio, difundidos por el canal de Youtube de la institución.
Según un informe sobre el impacto de la pandemia en los sectores del diseño, la producción audiovisual y la música, elaborado por Adrián Bendelman, Diego Traverso y José Alonso (sinergia.uy) y financiado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII), en el campo de la música los artistas idearon distintas estrategias, que van desde las transmisiones en vivo en redes sociales como Facebook e Instagram, «sin un modelo de negocio específico para ese contenido», hasta experiencias de empresas o instituciones que recibieron financiamiento público, como los Conciertos Tinker, Montevideo Sound City (con el financiamiento de la ANII) y el Festival Montevideo Rock (con el financiamiento de la Intendencia de Montevideo). Para los autores, el pasaje del show presencial al virtual a través del streaming «no ha logrado tener una buena performance comercial, es decir, el público no está dispuesto a pagar por acceder a ese contenido».
Una incógnita a incorporar en un escenario pospandémico es el lugar que tendrán estas propuestas digitales en las políticas públicas: si las instituciones públicas seguirán o no profundizando en el desarrollo de sus páginas web y en crear contenidos digitales gratuitos o si se trató nada más que de acciones coyunturales, que, por tanto, dejarán de tener peso en la producción y la difusión de la cultura. A su vez, habrá que prestar atención a la articulación entre los agentes públicos y los privados para desarrollar modelos digitales locales que permitan a los y las artistas no depender exclusivamente de plataformas globales como Netflix, Spotify y Youtube.
CONCENTRACIÓN Y PRECARIEDAD
El informe de Bendelman, Traverso y Alonso recoge información sobre el impacto de la pandemia en la economía de la cultura proporcionada por una investigación conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Banco Interamericano de Desarrollo; la Secretaría General Iberoamericana; la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura; el Mercosur Cultural, y la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC). De la primera recoge que el 50 por ciento de las empresas y los trabajadores de América Latina estimó que sus ingresos se redujeron un 80 por ciento en 2020. De la segunda, que «se estima una caída en 2020 de entre el 20 por ciento y el 35 por ciento en el ingreso para los creadores». La CISAC valora como un hecho positivo que se previera un aumento del 25 por ciento de las suscripciones de servicios de streaming en 2020 en el mundo. En los últimos años, Observacom ha advertido sobre la concentración y la convergencia tecnológica de las grandes plataformas de streaming. Por ejemplo, es importante notar los movimientos de las grandes empresas para posicionarse con relación al liderazgo de Netflix en el mercado de contenidos audiovisuales: en mayo AT&T anunció la fusión de Warner Media (que tiene a HBO y CNN) con Discovery (el canal y otros productos, como Animal Planet); en junio, Amazon anunció la compra de los estudios Metro Goldwyn Mayer, que implica incorporar un catálogo de 4 mil películas y 17 mil shows televisivos.
Por otra parte, el capitalismo de plataformas, que abarca muchas otras áreas comerciales, además de la cultural, implica también una mayor precarización del trabajo. «Digitalización, trabajo y pandemia: la vida laboral en la ciudad pos-covid-19», un número especial de la revista Work Organisation, Labour & Globalisation (disponible en la plataforma Timbó), presenta casos de cambios en el trabajo que causan las aplicaciones para el transporte, como Uber, y la entrega de comida y otros productos, como Pedidos Ya. Un artículo de Andrea Fagioli apunta a reflexionar sobre la relación capital-trabajo en este nuevo contexto, que combina formas tradicionales de explotación, como el trabajo a demanda y el microtrabajo digital, y la explotación de datos que generamos en las plataformas y las redes sociales, que luego de un trabajo de mediación nos vuelven objeto de propaganda comercial o política.
Mundialmente, en el ámbito de la cultura, los artistas están señalando los límites del modelo de este capitalismo de plataformas, como la plataforma Justice at Spotify, liderada por United Musicians and Allied Workers Union, que reclamó un aumento de las regalías (de 0,0038 promedio por transmisión a 1 centavo de dólar) cuando la empresa aumentó sus ganancias, especialmente durante la pandemia. Estas nuevas formas de explotación siguen colocando en una situación de precariedad a los y las artistas que viven de la venta de su trabajo artístico, como lo hace el modelo de las industrias culturales que venden productos físicos (discos o libros). En ese sentido, la cuestión de las regalías se vuelve central en un esquema en el que las empresas y las instituciones culturales locales comienzan a desarrollar modelos de negocios de streaming o venta a demanda. La creciente digitalización de la vida cotidiana, que abarca varias dimensiones del sector cultural, no comenzó con la pandemia, pero se profundizó en estos dos años.
Un informe del Laboratorio de Datos y Sociedad sobre la ley de derechos de autor en Uruguay, redactada en 1937, aporta más complejidad al escenario digital, porque demuestra los desajustes cada vez más grandes entre el texto legal y las prácticas culturales que surgieron con la aparición de Internet y se intensificaron en la pandemia. Todos estos aspectos deberían ser otro eje importante de la discusión pública y de las acciones del Estado, la sociedad civil y el sector privado local en el escenario pospandémico.
¿Y AHORA QUÉ?
La capacidad de los actores sociales de reaccionar a las condiciones que impuso el decreto de emergencia nacional sanitaria fue distinta en un campo cultural heterogéneo, con distintos grados de diálogo e incidencia política. Los efectos negativos tuvieron que ver con la actividad comercial, pero también con factores menos tangibles, como el entramado social de un barrio y la atención de grupos en situación de vulnerabilidad. En ese escenario, el Estado activó una serie de medidas, como los subsidios, que fueron considerados insuficientes por los distintos actores. Estas acciones imponían requisitos que parecían desconocer la actividad del sector cultural, como el hecho de no tener ningún ingreso para recibirlos. Quienes trabajan en la cultura frecuentemente desarrollan otras actividades para sostener sus condiciones de vida, sobre todo si se tiene en cuenta el aumento del desempleo y la caída del salario real. Los sindicatos y las asociaciones de la cultura tomaron medidas, como la entrega de canastas alimenticias, ayudados por fondos públicos y propios. Una de sus acciones durante la emergencia sanitaria fue contener a sus afiliados o socios. A esto hay que agregar el diálogo con el gobierno, no siempre fructífero y por momentos inexistente.
El rol del Estado seguirá siendo un factor a tener en cuenta en el futuro y en todos los niveles de gobierno, ya sea por sus acciones como por su articulación con el sector privado. En ese sentido, los recortes presupuestales y una concepción que prioriza los aspectos productivos y comerciales antes que la participación comunitaria y la concepción de la cultura como un derecho representan un gran problema para todas las áreas vinculadas al sector. Durante la pandemia, el mapa de los sindicatos afiliados al PIT-CNT –como la SUA, el Sindicato Único de Carnavaleras y Carnavaleros del Uruguay, y los trabajadores de las distintas dependencias del MEC y de las asociaciones y las federaciones de artistas, como la FUDEM– se vio ampliado con nuevas agrupaciones, como Uruguay es Música (de productores y mánager) y el colectivo Primer Ensayo, por citar algunos ejemplos. La articulación del sector cultural en la intersocial parece ser crucial para afrontar los desafíos de un escenario pospandémico.
