La búsqueda de enterramientos clandestinos en predios del Batallón de Infantería número 13 quedó nuevamente suspendida, según una resolución del juez penal de segundo turno que orienta las investigaciones sobre el paradero de los restos de María Claudia García de Gelman.
Desde finales del año pasado los trabajos de búsqueda de restos en esa unidad militar quedaron interrumpidos durante cuatro meses, lapso que insumió, insólitamente, la renovación del contrato entre Presidencia de la República y la Universidad de la República, que habilita a los integrantes del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf) a realizar las excavaciones. Una vez reiniciadas, las tareas se vieron dificultadas por las intensas lluvias, y ahora, por tercera vez en el año, volvieron a pararse los trabajos, pero en esta ocasión por una circunstancia insólita, cuando no sospechosa.
Hace aproximadamente 15 días los integrantes del Giaf habían concentrado sus esfuerzos en una zona donde diferentes testimonios e informaciones confidenciales señalaban un lugar de enterramientos. Se trataba de un área ubicada detrás de uno de los arcos de la cancha de fútbol. La retroexcavadora operaba en esa zona, caracterizada por material de relleno, cuando desenterró una granada antitanque. La munición, que según informaciones aportadas a Brecha podría ser el proyectil de un lanzacohetes RPG7, de producción rusa, estaba enterrada a sólo 40 centímetros de la superficie. El oficial del Batallón que monitoreaba los trabajos ordenó inmediatamente a los subalternos que se suspendiera la filmación de los trabajos (registro habitual) mientras se informaba al comandante de guardia. Se reclamó la presencia de personal del Servicio de Materiales y Armamento, que determinó que la granada antitanque estaba activa, por lo que se procedió a su detonación. No ha sido posible establecer si el Ejército Nacional cuenta entre su armamento con lanzacohetes de fabricación rusa.
Los expertos de la Facultad de Humanidades que trabajaban en el lugar informaron del suceso a los responsables del Giaf, quienes a su vez comunicaron la novedad a los miembros del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos, el organismo creado a comienzos de año por iniciativa del presidente Tabaré Vázquez. Ese grupo, encabezado por Macarena Gelman y Felipe Michelini, entendió oportuno poner en conocimiento de los hechos al juez Pedro Salazar, que supervisa los trabajos de búsqueda. El magistrado ordenó suspender las actividades en el Batallón 13 de Infantería y reclamó del Ministerio de Defensa un informe para determinar las razones de la presencia de esa munición.
Según comentarios vertidos por personal militar después del hallazgo, en la zona cercana a la cancha de fútbol funcionó en su momento un área de entrenamiento para tanques, pero no un polígono de tiro que justificara la presencia de una granada antitanque.
El hallazgo de la munición generó preocupación y civiles que allí trabajaban –que no son expertos, ni mucho menos, en armamento militar– manifestaron el peligro de que manipulando con la retroexcavadora se hubiera detonado el artefacto. Ese será un aspecto que deberá dilucidar el informe del ministerio. Fuentes del Grupo de Trabajo indicaron que no se debería descartar la posibilidad de que la munición hubiera sido “sembrada” en el lugar donde se excavaba, pero tienden a creer que fue un accidente.
Lo realmente preocupante, según círculos de derechos humanos, es que, accidental o no, el episodio de la granada antitanque provoca otra suspensión de los trabajos, máxime cuando a raíz del comunicado de Familiares de Detenidos Desaparecidos, exhortando a los ciudadanos a aportar información que permita descubrir restos, se han multiplicado los testimonios confidenciales, cuyo anonimato ha sido asegurado.