Zorro viejo, mismas mañas

Las ideas asociadas a la flexibilización laboral son viejas conocidas, aunque quienes las enuncian se empeñen en etiquetarlas como nuevas. La reforma laboral brasileña destapó la olla, y los discursos sobre regulación (o desregulación) en materia de trabajo empezaron nuevamente a aflorar. Lo que se dice –y también lo que se calla– deja en evidencia que la discusión sigue moviéndose entre proteger los intereses del capital o los derechos laborales conquistados.

Ensamblaje de autopartes / Foto: Afp, Christophe Simon

El empresariado uruguayo dice que el país tiene que “aggiornarse”, que la legislación laboral es rígida, que se está perdiendo competitividad. También afirman que hay que sacarle el “cuco” a la reforma laboral brasileña y despolitizar el debate sobre su contenido. La solución a casi todos los problemas del mercado de trabajo, según han reiterado en las últimas semanas, es simple: caminar hacia una mayor flexibilización laboral.

Pero esta idea, aunque se anuncie con aires modernos, es conocida desde hace un tiempo largo por los trabajadores de la central sindical. Desde el Pit-Cnt refutan algunas ecuaciones manejadas por los empresarios y defienden la negociación colectiva. El gobierno y su partido también decidieron intervenir en la discusión. El gran ausente, hasta el momento, es el partido que disputa al Frente Amplio (FA) el próximo gobierno. Los nacionalistas, que están a la espera de ver qué pasa con los temblores internos del FA, apenas esbozan algunas ideas sobre el tema, pero con el cuidado de quien no quiere embarrarse los pies en el charco ideológico.

SE DICE. Hace algunas semanas que a Washington Corallo, presidente de la Cámara de Industria de Uruguay (Ciu), se lo ve en los medios dando su punto de vista sobre la situación del mercado laboral. “Uno trata de ser proactivo con el país y hay fuerzas que te tildan de reactivo”, dice a Brecha. Para él no hay ningún tabú en su propuesta: se tiene que empezar a pensar sobre los posibles “alcances de la reforma brasileña” y es por ese motivo que están intentando, a través de la Confederación Nacional de Industria de Brasil, traer a la persona más “idónea” para que cuente, a fines de setiembre, sobre el cambio normativo (véase recuadro de Agnese Marra). La idea –agrega– no es “aplicar” la misma reforma, porque eso depende de la “voluntad política”, pero sí dejar de manifiesto que el mundo está perfilándose hacia “una nueva dirección”.

Para Corallo hay que “copiar” las cosas “buenas” de la reforma y dejar de “politizar” sobre el tema, porque son cuestiones de “trabajo”, y no de “política”. Es necesaria, según entiende, “una nueva reforma laboral”, porque el país se tiene que modernizar. El presidente de la Ciu analiza que todos los actores del trabajo están luchando ante un mismo “enemigo” que se llama tecnología e innovación, capacitación, pérdida de trabajo y competitividad. Para combatirlo, dice, existen diferentes soluciones, por ejemplo, pensar la manera de hacer a Uruguay más “atractivo” para que la inversión llegue hasta aquí, en lugar de radicarse en Brasil. “Todos hemos visto lo que está pasando en Paraguay, que está captando inversiones, estaría bueno que vinieran a Uruguay”, añade.

El director nacional de Trabajo, Jorge Mesa, discrepa con la lectura del empresario y argumenta que el país atrajo más inversión extranjera en los tiempos en los que más se regularon las relaciones laborales: “Parecería evidente que hay un tipo de capital que no busca desregulación, más bien busca una regulación con ciertas certezas de comportamiento, y en eso Uruguay le saca ventaja a otros países. Debe haber en el mundo capitales que busquen la desregulación, pero tampoco son capitales que nos interese atender”. Las inversiones en Paraguay que Corallo mira con buenos ojos se dan gracias a los instrumentos de exoneraciones fiscales, pero también al posicionamiento que el presidente Horario Cartes hace de su país: que es “una mujer bonita y fácil” de la que los demás países pueden hacer “uso y abuso”. Mientras los capitales llegan al país guaraní sin ningún tipo de regulación, las condiciones laborales de los trabajadores suelen ser, en la mayoría de los casos, sumamente precarias.

Corallo inmediatamente se ataja y sostiene que “estar atentos a lo que pasa en el mundo” no quiere decir “esclavizar ni hacer sufrir al sector del trabajo”. El presidente de la cámara patronal insiste en que no se trata de desregular, sino de “flexibilizar”. Y, aunque no lo dice explícitamente, deja en evidencia algunos aspectos de la reforma brasileña que Uruguay, para él, también podría transitar. Sostiene que la mejora de la “calidad, implica también un cambio de mentalidad” en la que uno diga: “Bueno, si tenemos que quedarnos dos horas más para sacar una exportación, nos quedamos y las compensamos otro día”. De esta manera, dice Corallo, “no nos obligan a pagar horas extras porque las estamos compensando y la ley en esos aspectos es muy rígida”. Simpatiza también con el punto de que el trabajador pueda fragmentar sus vacaciones y llevar el trabajo a más horas en algunos casos concretos: “La idea es que los recursos humanos no pierdan dinero, pero que tampoco el país pierda la oportunidad de recibir más inversiones por leyes que no permiten, justamente, dar la flexibilidad para que la persona diga: ‘Yo tomo la licencia cuando quiero, o dentro de una jornada de 48 horas quiero elegir los días que trabajo porque me conviene’”.

No en todos, pero en algunos puntos, Juan Raso, docente grado 5 de la Cátedra de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Udelar, se mostró con una perspectiva similar en una entrevista (En perspectiva, 19-VII-17) en la que explicó que valora las normas sindicales uruguayas, “pero atención: a más derecho más responsabilidad”. El docente, que dice estar bien “con dios y con el diablo” porque asesora a empresarios y sindicatos marítimos, entiende que hay que pensar en la “competencia” y “buscar fórmulas más racionales, que no deben construirse necesariamente quitando derechos a los trabajadores, pero sí formándolos más”.

Según Raso no se tendría que abusar de la palabra “neoliberalismo” para describir la reforma brasileña: “Son reformas que en un contexto de sociedad global nacen, evidentemente, de un modelo posindustrial en el cual el sindicato no es funcional. Hoy en día son reformas que apuntan a prestar más atención al trabajador individual, eliminando algunas garantías y concediendo otras, pero al mismo tiempo con una clara postura antisindical”.

LAS COSAS POR SU NOMBRE. El discurso que viene en ascenso, aunque intente despojarse de su pasado, remite a las propuestas neoliberales de los noventa. El economista Daniel Olesker, del Instituto Cuesta Duarte del Pit-Cnt, relató a Brecha que la historia de las relaciones laborales en Uruguay tiene dos grandes vertientes: la que dice que las regulaciones laborales generan rigideces en el mercado de trabajo, tienen impactos no deseados sobre el salario y el empleo, y por lo tanto la mejor política es la no intervención del Estado; y otra que cuestiona el carácter de equilibrio del mercado de trabajo y propone que el Estado cubra la brecha que se genera a través de regulaciones activas de trabajo: fijando un salario mínimo, generando una seguridad social protectora de los derechos de salario y la negociación colectiva.

Olesker entiende que la reforma de Brasil y la pérdida de 40 mil puestos de trabajo en Uruguay pueden ser el pretexto ideal para que se empiece a vincular una corresponsabilidad de las mejoras salariales con la caída del empleo. Pero en medio de la discusión los conceptos se borronean o se simplifican: “Macroeconómicamente hablando, los problemas de competitividad no tienen que ver con el salario”. A la tan mencionada falta de competitividad debería sacársele la variable salarial: “El problema de competitividad está relacionado con que algunos de los productos que se producen en el país empiezan a ser desplazados por la importación, que tiene que ver con decisiones del pasado, de la apertura irrestricta de los noventa, y en el hoy, fundamentalmente, tiene que ver con la política cambiaria, y en algunos casos con la infraestructura estatal, no con lo salarial”.

Sobre la pérdida de puestos de trabajo, para Olesker hay que tener en cuenta una situación más coyuntural. Por un lado, tiene que ver el proceso recesivo de la economía, aunque corto, que produce que la reactivación de las empresas sea de manera lenta porque tienden a ser bastante cautelosas en contratar nuevos trabajadores. Otra situación más estructural es que los sectores en crecimiento no requieren tanta mano de obra. El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Udelar, Rodrigo Arim, comparte esa lectura: “No parece razonable decir que la caída de puestos de trabajo se debe al proceso de regulación en el mercado de trabajo, esa es una conclusión generalista que es difícil de probar empíricamente y se contrasta con la historia reciente: el país creció, creó muchísimos puestos de trabajo, en un proceso de regulación”.

El académico cuestionó el uso del concepto de flexibilidad: “Si la definición tiene que ver con generar una reforma a lo Brasil hoy, la respuesta es que no, que la reforma brasileña es, en algún sentido, pre Segunda Guerra Mundial, e implica volver a un funcionamiento no regulado del mercado de trabajo y a una  ausencia de protección que distan mucho de ser una regulación razonable para resolver la competitividad”. De todas formas, Arim entiende que el concepto de flexibilidad debe ser tenido en cuenta en términos de crecimiento económico para generar condiciones dinámicas en función del mercado de trabajo.

SILENCIOSOS PERO NO CALLADOS. Aunque el momento parecería propicio para salir a hablar de la regulación (o desregulación) del mercado de trabajo, el Partido Nacional, excepto por algunas intervenciones mediáticas, se ha llamado al silencio. Al ser consultados por Brecha también recurrieron al mutismo el asesor en economía del líder del Partido de la Gente, Javier de Haedo, y el economista Ernesto Talvi.

Azucena Arbeleche, principal asesora económica de Luis Lacalle Pou (en su momento la señaló como su ministra de Economía), fue la única integrante vinculada al sector Todos que aceptó hablar para este informe. En relación con la reforma laboral de Brasil, Arbeleche no “comparte que el camino para mejorar la competitividad de un país sea ir marcha atrás en los derechos y beneficios adquiridos”, aunque también precisó que “el marco legal que rige las relaciones laborales en Uruguay es totalmente diferente al brasileño. Por lo tanto, los cambios votados en Brasil no son trasladables al caso uruguayo”.

Pero alerta que es importante que las condiciones laborales logren “adaptarse” a un mundo que cambia rápidamente. Para ella, esa adaptación tiene que surgir de “acuerdos entre actores que se verán afectados por la mayor apertura comercial, dentro del esquema de consejos de salarios”. Y las áreas donde se debería buscar “esa adaptación son, por ejemplo, la formación continua en las tareas desarrolladas, los tiempos de trabajo, el trabajo a distancia”.

El presidenciable nacionalista había dicho que “Brasil está en todo su derecho” de cambiar su normativa laboral, pero no opinó sobre la reforma (El País, 16-VIII-17). Arriesgó, de todas maneras, algunos conceptos: “La discusión va a ser cuánto de la jornada laboral va a ser para ‘aggiornarse’. No hay que hacer tanto hincapié en la extensión de la jornada laboral y pensar la productividad”. También sugirió que tiene “matices” con el funcionamiento de los consejos de salarios, porque deberían existir más “descuelgues” ante empresas que no pueden llevar adelante los acuerdos pautados. Esta idea –como otras del mismo tenor– acompaña a Lacalle Pou desde la campaña electoral pasada, aunque con el tiempo ha matizado el discurso, quizás para no quedar asociado a su padre en materia de política laboral.

El otro candidato nacionalista, Jorge Larrañaga, dijo a Brecha que la reforma de Brasil es de ese país y no iba a opinar. También dijo que está “a favor” de la negociación colectiva y de los consejos de salarios, pero que los cambios en el mundo del trabajo nos van a “obligar a tener una relación mucho más grande de colaboración entre empresarios y trabajadores, y no de enfrentamiento”.

Larrañaga no está del todo convencido, pero con cautela afirma que “quizás se tendría que buscar una adecuación normativa”, pero la “variable de ajuste no puede ser el trabajador”. El senador sostuvo que el desafío será mantener los puestos de trabajo y mejorar los niveles salariales. Preguntado sobre cómo lograría eso contestó: “Diálogo, diálogo, diálogo”.

Arbeleche hizo hincapié en que el crecimiento que tuvo Uruguay desde 2015 hasta este año “ha venido de la mano de destrucción de puestos de trabajo. Por eso creo que el crecimiento no ha sido de calidad”. El director nacional de Trabajo entiende que en este punto la derecha encuentra su camino para interpelar al gobierno. “El discurso, cuando teníamos un desempleo por debajo del 5 por ciento, una tasa de formalización cercana al 80 por ciento y un crecimiento del salario real evidente en todos los sectores, era el mismo”, respondió Mesa.

El jerarca expresó que todas las opiniones son legítimas, pero los partidos políticos tienen que empezar a “transparentar” qué opinan sobre la reforma laboral en Brasil: “He escuchado a algunos con ganas de escaparse de la pregunta, de no dejar expresa cuál es su opinión, y me parece que si se plantearan las cosas con lealtad y honestidad intelectual, varios dirían: ‘soy hincha de la reforma brasileña’. Lo que pasa es que se oculta, porque de alguna manera se reconoce que cualquier anuncio de este tipo puede restar votos”.

Mostrarse a favor de la cuestionada reforma laboral brasileña no parece ser un rumbo estratégico para el principal partido opositor. Las últimas encuestas que lo posicionan por encima del FA en intención de votos, los vientos neoliberales de la región y la crisis interna en la que está envuelto el partido de gobierno (véanse páginas 2, 3 y 4) parecen oportunas para sentarse y, por ahora, observar con atención.

La reforma laboral en Brasil

En reversa

Agnese Marra desde San Pablo

El 11 de julio el Senado brasileño aprobó una polémica reforma laboral que acabó de un plumazo con gran parte de los avances de la “Consolidación de las leyes del trabajo” que instauró Getúlio Vargas en 1943. La normativa anterior se consideraba una de las más avanzadas de América del Sur.

Michel Temer en apenas nueve meses, sin ningún tipo de debate público ni de negociación con los sindicatos, impuso una serie de cambios que según diversos analistas, como el auditor fiscal del Ministerio Público, Magno Riga, suponen “un enorme retroceso para los derechos de los trabajadores”. La reforma entrará en vigor a partir de noviembre y los puntos más controvertidos son los siguientes:

Lo negociado sobre lo legislado. Trabajadores y empresarios pueden llegar a negociar acuerdos colectivos independientemente de lo que digan las leyes laborales. Tan sólo hay tres puntos que no son negociables: la retención de la seguridad social, el aguinaldo y el seguro de desempleo. El trabajador podrá negociar individualmente –y según señalan los sindicatos “con mucha más vulnerabilidad”– los horarios laborales, que podrían llegar hasta las 12 horas diarias o incluso más, la distribución de las vacaciones, el vale de transporte, la posibilidad de que las horas que se demora en llegar al trabajo no formen parte del horario laboral, algo que en la anterior ley sí contaba.

Tercerización y nuevos modelos de contrato. Se permite que las empresas contraten a personal tercerizado para “actividades fin”, es decir, para el producto final de la corporación y no para tareas secundarias, como limpieza o transporte. Estos nuevos autónomos pueden ser contratados de forma continua, lo que previsiblemente dará lugar a que trabajadores puedan ser despedidos y recontratados como autónomos. Vinculados a la tercerización, se aprueban dos tipos de contrataciones nuevas más simplificadas que las habituales: el contrato de trabajo intermitente por horas, y el home office. El primero reconoce que el empleador puede contratar por horas a una persona que trabaje apenas unos días por semana, pero es un contrato que tiene carácter de exclusividad, por lo tanto el trabajador autónomo no puede trabajar en ese período en otras áreas. El home office legaliza el sistema de trabajo desde casa que ya practican más de 4 millones de autónomos brasileños.

Mujeres, embarazo, lactancia. Este es uno de los puntos que más irritación ha generado entre sindicalistas y grupos feministas. La nueva normativa permite que mujeres embarazadas o lactantes puedan trabajar en lugares insalubres siempre que haya un informe médico que garantice que no hay riesgo para la madre. Esta ley también afecta los horarios de lactancia de la madre trabajadora. A partir de ahora será el jefe quien dicte el horario para amamantar, y no la madre, como era en la anterior normativa.

Debilitamiento de los sindicatos. La reforma anula la obligatoriedad del “impuesto sindical”, que anteriormente suponía el pago de una jornada laboral al año por parte de todos los trabajadores. La normativa también prescinde de la presencia de los sindicatos a la hora de la recesión de un contrato.

Indemnizaciones por clase. Las indemnizaciones por daño moral serán proporcionales al salario del empleado, lo que vulnera el principio de igualdad de los trabajadores. Aquel que gane más recibirá una prestación más alta por el mismo daño moral. Además, aquellos trabajadores de baja renta que denuncien a la empresa tendrán que pagar los gastos de asesoría jurídica, cuando con la anterior normativa el asesoramiento era gratuito.

La reforma laboral en Argentina

En alerta

Fabián Kovacic desde Buenos Aires

El golpista brasileño Michel Temer lo envalentonó y ahora sí está dispuesto a salir con los tapones de punta para imponer una reforma laboral en Argentina, acorde a los vientos liberales que soplan en el resto del mundo. El presidente Mauricio Macri nunca ocultó sus intenciones de desmantelar hasta donde pudiese la estructura de derechos laborales impuesta por el peronismo en el país. Incluso desde la alcaldía de Buenos Aires fustigó como líder opositor el proyecto de reforma laboral cuyo borrador exhibió el kirchnerismo: aumento de indemnizaciones por despido y participación obrera en las ganancias de las empresas. Desde que llegó al gobierno anunció que iría por los derechos laborales y hasta pidió a los jueces que fallaran a favor de los empresarios en los conflictos.

Pese a que no hay todavía un borrador concreto de una reforma laboral a discutir en el Congreso, desde el Ministerio de Trabajo y la Casa Rosada adelantaron algunos lineamientos que estarán contemplados en la reforma. Con la excusa de bajar los costos laborales, apuntan a reducir las indemnizaciones por despidos, extender los períodos de prueba laboral sin derecho a la indemnización ni a los beneficios sociales (jubilación, asignación al grupo familiar del trabajador y servicios de obra social médica), penalizar el ausentismo, imponer un aumento por productividad, y recortar los salarios de acuerdo a un índice inflacionario oficial.

En diálogo con Brecha, el abogado León Piasek, de la Asociación de Abogados Laboralistas de Argentina, señala dos cuestiones puntuales sobre las que Macri busca desmantelar la legislación vigente: “Apuntan a los convenios colectivos de trabajo para ajustar desde ahí, tomando como ejemplo los firmados por el sector petrolero en febrero pasado. Plantean la firma de contratos por tiempo preestablecido con derecho a indemnización, aumenta el salario por productividad, limita el derecho de huelga, establece montos máximos y pagos de horas extra limitados. Van a tratar de extender esta modalidad al resto de las actividades laborales, y lo hacen porque cuentan con un poder sindical debilitado. Los empresarios reclaman modificar la ley nacional de empleo, que busca terminar con el trabajo no registrado o en negro, porque necesitan bajar los costos, dicen. Y el ministro de Trabajo, Alberto Triaca, ya anunció que el gobierno está dispuesto a hacerlo siempre y cuando haya consenso, una chicana para anunciar que van a imponer condiciones”.

Las elecciones parlamentarias del 22 de octubre serán un parteaguas en esta cuestión: si el oficialismo logra aumentar su representación en Diputados hasta alcanzar una mayoría propia, el proyecto ingresaría antes del fin del período de sesiones ordinarias que termina el 30 de noviembre. El año 2018 sería así el de la batalla por la reforma laboral macrista. Un alerta para los trabajadores.

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