El vendaval

Varios conflictos comenzaron a asomar en las cárceles de menores y se ha quebrado la “fuga cero” en el Sirpa. De fondo, la tensión en el relacionamiento entre la dirección del sistema y el funcionariado. En el medio, la seguridad de los internos.

Algo cambió en agosto. A fines de ese mes el director del sistema penal adolescente, Ruben Villaverde, recibió “un dato” sobre “irregularidades” en el funcionamiento del último hogar habilitado, el Cied. El centro de ingreso, estudio y derivación que fue inaugurado con acto y cámaras de televisión, en el predio ubicado entre las calles bulevar Artigas y General Flores. Están ahí también el centro femenino y otros dos centros viejos para varones: el Cemece, que mordió parte del edificio de las gurisas, y el otro destinado a los adolescentes con medidas cautelares (esos sin condena, como por ejemplo, todos los detenidos por la Policía previo al encausamiento judicial).

El Cied es el primero que cuenta con cámaras, pero no se tienen detalles de la puesta en operación de ese sistema de vigilancia ni se sabe si su utilización produjo el dato que ahora tiene a Villaverde y su asesora personal, Mónica Rodríguez, apersonados en el centro. Se abrió un expediente de trazo grueso: 12 funcionarios, desde el cocinero hasta gente del economato, educadores incluidos, están en calidad de indagados. Ningún integrante de la dirección del centro está entre los sumariados ni entre los denunciados a la justicia.
El hecho se conoció públicamente recién en noviembre, por declaraciones del propio Villaverde a El Observador, “teníamos un invicto casi como el de Munúa”, dijo en referencia al “fuga cero” ahora perdido. Comunicó también que ocho de esos 12 habían sido denunciados penalmente en el Juzgado 14, de la jueza May­nard, a comienzos de octubre. La justicia resolvió el encausamiento de cinco de ellos.

Joselo López, presidente del sindicato de trabajadores del Inau, salió en La Diaria del martes 25 a criticar ese procedimiento y a plantear un “cambio radical de la administración” con relación al tratamiento de las denuncias. Consultado por este semanario sobre esas declaraciones afirmó: “Respaldamos el modelo de gestión. Ahora, hay algunas cuestiones que se vienen dando en los últimos tres o cuatro meses y no nos conforman. Hemos planteado esas diferencias a la comisión delegada (Villaverde, Jorge Gago y Carlos Manzor) y al presidente del Directorio del Inau (Javier Salsamendi). Ante la andanada de denuncias, hay una onda como que para cubrirse, por las dudas, por lo que pueda pasar después, se saltean los procedimientos administrativos y se hace directo la denuncia penal. De los 12 sumariados del Cied, donde hay ocho con separación del cargo y cuatro que no, entre los ocho separados del cargo hay dos funcionarios que no estuvieron en el momento de los hechos”.

¿Cómo explica el cambio de actitud de la comisión delegada frente a las denuncias de violencia en los centros? “Hay que cuidarse las espaldas. Lo que hacen es cubrirse ante futuras denuncias, poder decir: ‘nosotros hicimos tal cosa’. Eso es un cambio en las reglas del juego y nos va a obligar a nosotros a que tomemos otro tipo de medidas. Si la lógica va a ser esa, le vamos a recomendar a nuestros compañeros que hagan denuncias penales”, sentenció.

EFECTO DOMINÓ. La noticia de esa denuncia hizo llover información respecto del sistema. Diez días más tarde se difundía que, en menos de una semana, seis adolescentes se habían fugado de dos centros. El domingo 23 El País daba detalles sobre un “motín” en el mismo centro, denunciado por Villaverde. Según la misma fuente, duró una hora. Toda la información publicada provino de fuentes de la propia institución. Según testimonios recabados por este semanario, lo que sucedió fue que algunos de los internos se negaron a abandonar el área común y volver a las celdas después de la cena. Esa situación, que según se sabe fue violenta, provocó que los funcionarios denunciaran a los internos frente a la justicia de adolescentes.

Las fugas, a su vez, generan sospechas, sobre todo el caso que se produjo en el Ceprili, uno de los hogares de mayor seguridad fuera de la Colonia Berro. Las irregularidades constatadas marcan la cancha: ¿Cómo llega un interno, que pasa encerrado más de veinte horas al día, a apoderarse de una cizalla para cortar un alambrado perimetral? ¿Por qué un joven que sale a trabajar fuera del centro y que está próximo al final de su condena, arriesga su situación escondiendo una sierra dentro de su celda?

Se sabe que la comisión delegada llamó, el miércoles 19 de noviembre, a una reu­nión amplísima en el 9° de Caballería, donde se instalarán un nuevo centro de reclusión y las oficinas del Sirpa. Citados los directores de los ocho programas y los jerarcas de los más de veinte centros de reclusión, el tema fue el “apriete” de las medidas de seguridad. El clima fue tenso. La relación entre dirigencia y funcionariado está caldeada.

No fueron los únicos que sintieron el cimbronazo. Las Ong que trabajan en medidas alternativas recibieron un telegrama en el que se les comunica que los convenios caerán en diciembre y que comenzará un proceso de evaluación. Algunas organizaciones están alertas y temen que no estén las garantías para que se haga una evaluación clara de su tarea.

Por decir fútbol

El mundo de las Ong que funcionan dentro del sistema penal es también diverso, y se divide en dos grandes ramas, las que trabajan dentro de las cárceles y las que trabajan con las medidas alternativas. Juan Pablo Monteverde, de Vida y Educación (que forma parte de este segundo grupo), advierte que desde diciembre pasado tienen un nuevo convenio con el Sirpa mediante el cual, en vez de pagárseles por interno derivado, se les da un monto por un estimado de atención a 20 chiquilines. Afirman que desde entonces tienen una gran capacidad ociosa, porque los jóvenes no les llegan. La mayoría son derivados al Promesec, el área del sistema que por ese aluvión está desbordada. Mientras que las cuatro Ong atienden cuatro o cinco internos cada una, el Promesec tiene más de 90. Desde la institución se sostiene que es el procedimiento usual y habilitado por la nueva reglamentación.

A su vez, entre los operadores y los funcionarios surgen voces que alertan sobre lo complejo del fin de año dentro de las cárceles. Es el momento en que muchos gurises reciben licencia para visitar a sus familias, ese vínculo que es tan importante para la mayoría de ellos. Esto suele generar roces con el funcionariado.

El clima está enrarecido y las desconfianzas empezaron a asomar en un ambiente que hasta el momento había mantenido una paz tensa. El problema es siempre el mismo: la seguridad de los internos y quién la garantiza.

Por decir fútbol

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