La omisión del Estado en la protección de los derechos de niños y adolescentes en conflicto con la ley penal es un tema trillado. Hace tiempo ya que la vulneración de derechos humanos en las cárceles de menores viene siendo advertida y señalada tanto por observadores internacionales como nacionales. Y lejos de propiciar un vuelco, la insistencia parece diluir la gravedad de las constataciones, o lo que es más preocupante, perpetuar una indiferencia que domina, empezando por los poderes públicos.
El Ser, centro de máxima seguridad de la Colonia Berro, encierra a adolescentes que cometieron delitos graves y a aquellos que presentan problemas de conducta en otros establecimientos. Vale destacar –y es este uno de los puntos cuestionados– que los traslados de un centro a otro responden a criterios internos y no a un control jurisdiccional.
En estos días el Ser ha sido duramente señalado por la precaria situación en la que alberga a nuestros famosos “menores infractores”, omitiendo el cumplimiento de una sentencia de amparo que obligó al inau en 2008 a revertir la situación.
El 14 de mayo la Institución Nacional de Derechos Humanos (inddhh), como parte del Mecanismo Nacional de Prevención, del Protocolo contra la Tortura, inspeccionó el centro y constató la continuidad de la situación violatoria que motivó la sentencia en relación con las condiciones locativas, servicios médicos, alimentación, traslados de los jóvenes dentro del establecimiento, requisas, personal a cargo, régimen de convivencia y actividades socioeducativas.
Al poco tiempo recibió la primera tanda de denuncias (véase Brecha, 7-IX-13). Un grupo de familiares manifestó que los jóvenes habían sido castigados luego de la inspección, aparentemente en represalia por las conversaciones mantenidas con funcionarios de la inddhh. La supuesta golpiza habría sucedido luego de que la institución diera a conocer al Sirpa el informe con los resultados de su visita del 25 de junio.
MALAS NUEVAS. La inddhh entregó la información a cuatro jueces de menores, entre ellos Aída Vera Barreto, quien derivó el caso al juzgado penal de Pando. Se pidió además que se hicieran revisiones médicas a todos los jóvenes. Si bien el resultado de las pericias no confirma las denuncias, tampoco alcanza para refutarlas, puesto que el equipo médico que intervino pertenece al Sirpa y no actuó inmediatamente después de los supuestos castigos.
La semana pasada un grupo de madres de internos del Ser presentó nuevas denuncias por torturas. Las mismas involucran directamente al actual equipo de dirección. Esto fue confirmado por la inddhh, que por el momento prefirió mantener en reserva el contenido de las acusaciones.
Pero según pudo averiguar este semanario, los familiares denuncian que desde que cambió la dirección del centro los episodios de maltrato físico y psicológico se producen de manera sistemática. Esto implica golpizas, encierro prolongado, aplicación de sanciones injustificadas y prohibición de recibir visitas o establecer contacto con las familias. “Se los desnuda y se los hace caminar por los corredores (…) se los obliga a ducharse con agua fría en la madrugada”, dijeron a Brecha fuentes vinculadas a las víctimas. También declaran que los servicios médicos omiten constatar las lesiones y que los jóvenes no son llevados a la enfermería cuando lo solicitan.
¿BOICOT? La denuncia también fue presentada en el departamento jurídico del Sirpa y se abrió una investigación de urgencia, según afirmó el presidente de la comisión delegada, Ruben Villaverde. Éste prefirió no entrar en detalles sobre la situación planteada por las madres, para evitar entorpecer el curso de la indagatoria. Sin embargo afirmó que “hay muchas situaciones poco claras en el proceso” y que tiene la fuerte impresión de que se entrecruza “un problema de años entre funcionarios” vinculado a pujas por los cargos.
“En el Ser venimos con problemas de funcionamiento desde hace mucho tiempo, que no hubo forma de cambiar, incluso con la anterior administración.” Javier Tiscornia, ex director del establecimiento y en quien las autoridades habían depositado especial confianza para desempeñar el cargo, habría renunciado por una situación de boicot por parte de “gente que lo rodeaba”. “Se cansó de nadar contra la corriente.” Tiscornia –que por su parte no quiso hacer declaraciones– había detectado una campaña en las redes sociales para provocar desbordes entre los internos.
En relación con el actual equipo de dirección, Villaverde afirmó que uno de los directores tiene el perfil para encabezar un proceso de cambio en el Ser –“una personalidad fuerte con una dosis de liderazgo importante”–, y eso explica su designación.
“El Ser es un centro donde confluyen los delitos más fuertes”, dijo, y en relación a ello habló del miedo, de agresiones a funcionarios que no trascienden como deberían y de procesos de desgaste personal que terminan en licencias médicas porque no se resiste el trabajo. “Desde que está la actual dirección hay aumento de participación de los adolescentes en Primaria y Secundaria y se eliminaron los baldes (donde los jóvenes hacían sus necesidades dentro de la celda). ¿Y de repente hay una campaña en su contra?”
“No sabemos más qué hacer”, expresó a propósito del bombardeo de acusaciones que se suman últimamente. “Ellos (los directores del Ser) juran por todos los santos que las denuncias no son ciertas. Cuando visito personalmente el centro me encierro con los chiquilines y ninguno me ha manifestado nunca nada, ni siquiera con un gesto.”
Anunció que se proyecta la incorporación de cámaras de seguridad en todos los centros, como mecanismo de control no sólo en relación con los abusos sino con cualquier tipo de irregularidad que pueda darse dentro del sistema.
Sobre el funcionario implicado directamente en las torturas, negó que tuviera antecedentes por malos tratos, tal como afirmaron los denunciantes, y defendió su desempeño en otros hogares.