“La gran impunidad”

El discurso de la comisión delegada del SIRPA, encabezada por Ruben Villaverde, y el del sindicato de trabajadores del INAU (SUINAU), en manos de Joselo López, ha permeado a los integrantes del secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que rechazó sumarse al pedido de renuncia de la dirección del SIRPA.

Mirtha Guianze - Foto JUANJO CASTEL

Hay dos coincidencias centrales en ambas posiciones: que el informe de la inddhh es “incompleto” porque “no ha contemplado la voz de los trabajadores”, y que el pedido de renuncia de la dirección del sistema planteado por el grueso de las organizaciones de la sociedad civil –que se robusteció con el apoyo de la feuu la semana pasada y de Crysol, en ésta– desconoce “los avances” logrados. Confluyen así en una tercera cuestión: quitar del centro de la discusión las denuncias de malos tratos y torturas sufridos por los pibes presos. En eso se muestran cautos. “Hay que esperar los resultados de las investigaciones”, dicen casi al unísono, respetar “el debido proceso” y dar garantías a los acusados.

Mirtha Guianze llega de una nueva visita a un centro de reclusión juvenil, respira hondo y explica a Brecha: “Somos un mecanismo de prevención de la tortura, vamos a seguir haciendo informes en todos los lugares donde haya personas encerradas”. El de la inddhh “es un mecanismo preventivo, no reactivo. Tenemos que monitorear, y cuando tenemos elementos hacemos un informe a las autoridades primero, para entablar un diálogo”. Eso fue lo que sucedió en este caso. “Cada informe se fue poniendo en conocimiento de la dirección del Sirpa. Fueron enviados desde acá, pero además hemos tenido reuniones.”

Guianze relata que fueron tres las situaciones prioritarias en esta etapa de control del sistema penal adolescente: la de las mujeres “que muchas veces no se les da mucha bolilla, y hay muchas de ellas presas con sus hijos”, la del Hogar Desafío, que debería albergar menores entre 13 y  15 años pero, según comenta, “estaban mezclados con los mayores”, y la del Centro Ser, ese sí de la Colonia Berro, “en el que no hay hacinamiento pero sí una situación de violencia institucional que es palpable y de la que sabemos por distintas vías: por funcionarios actuales, organizaciones sociales instaladas allí, familiares, e incluso trabajadores de otros hogares”. Explica que según el protocolo que guía su tarea, el equipo se reparte para entrevistar a la dirección del centro visitado y a los funcionarios. “Hay conversación formal e informal con los funcionarios.” La fiscal cuenta que “se obtuvo un relato coherente que nos dio la certeza de que los castigos continuaban.”

Lo afirmado por la titular de la inddhh se condice con lo denunciado públicamente por un grupo de familias de internos de ese mismo centro. Los episodios de violencia se incrementaron una vez que la nueva dirección, encabezada por Jessica Barrios, tomó control del Ser en julio de 2013. Ella misma ha sido denunciada por maltrato, y según pudo saber Brecha, continúa en su puesto.

Puerta giratoria. “La institución tiene los mecanismos para deshacerse de los funcionarios que hayan incurrido en faltas graves, y eso es lo que debe dictaminar si realmente todas estas cosas que salen a la opinión pública se concretan.” Las palabras, que bien podían haber sido dichas ayer o la semana pasada, están publicadas en un artículo de este semanario fechado el 24 de junio de 2005. Pertenecen a Joselo López. Una rápida revisión del archivo permite identificar otro mecanismo que también se ha reeditado como un loop en esta nueva ola de denuncias: desacreditar a los denunciantes –el argumento clásico es “miren que éstos no son nenes de mamá”– y confiar en la capacidad del sistema para investigarse a sí mismo.

“En los últimos dos años ha habido 26 denuncias por malos tratos. Se resolvió investigar en todos los casos y hacer la denuncia penal cuando correspondía”, aclara a Brecha Mónica Rodríguez, asesora letrada de la Comisión Delegada del Sirpa. “En cinco de los casos surgieron elementos delictivos”, aclara. Tres terminaron en procesos penales y dos se encuentran aún en etapa de presumario. Sólo uno de los acusados fue condenado a prisión. Los otros dos fueron procesados sin prisión y “están trabajando en el Sirpa”. “Estuvieron sancionados, cumplieron la sanción y el procesamiento. Cuando cumplen con la medida impuesta pueden volver a su lugar de trabajo, en la medida en que eso no afecte el servicio”, afirma Rodríguez.

Las 21 investigaciones que restan aún no han concluido. Brecha requirió información a la abogada sobre la fecha de presentación de esas denuncias, la cantidad de funcionarios involucrados y el estado actual de las mismas. Esa información no estaba sistematizada. Un pedido similar fue realizado por la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes, que viene estudiando el tema. Los datos debían ser presentados en la mañana de ayer, pero la sesión fue cancelada.

El “proceso administrativo” en que todos confían es el que rige las faltas de todo funcionario público, el del decreto 500. En el Sirpa está a cargo del departamento de Jurídica, del que Rodríguez es parte. “Dependiendo de la complejidad que tenga el caso puede demorar de dos a cuatro meses”, declaró la abogada.

Las cifras citadas corresponden sólo a los dos años de vida que lleva el Sirpa. ¿Hubo alguna depuración de funcionarios con antecedentes de violencia en el traspaso del Semeji al actual Sirpa? “No, no podemos hacer eso. Si el funcionario está trabajando y si algún día tuvo una sanción y cumplió con su sanción, sigue trabajando.

No todos los casos en los que hay malos tratos tienen una entidad gravísima, y no en todos los casos es necesario separarlo del cargo o pedir la destitución. Es Jurídica la que estipula la gravedad y el plazo. Con base en esos elementos, la comisión delegada toma la resolución. Si lo que surge es que el hecho es gravísimo, se da paso a la justicia y ésta resuelve”, concluye.

Hay al menos dos casos conocidos públicamente en que funcionarios sumariados por hechos graves pasaron a integrar la dirección de alguno de los hogares. El primero fue el del ya famoso “Popeye”, “que estuvo a cargo de la dirección del Ser”, según confirma Rodríguez, y el otro, más reciente, fue la designación de Francisco Ponce al frente del Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación (ciedd), inaugurado a fines de abril de este año. Ponce estuvo involucrado en el caso de Fabián Tomé, el chico que denunció al funcionario José Albín –uno de los procesados por la justicia que ya está en libertad– por haber abusado sexualmente de él. Según consta en el expediente judicial, Ponce le tomó declaración al chico abusado en frente del funcionario denunciado. Cuando en la inauguración de este centro el periodista de La Diaria Federico Zugarramurdi consultó a Jorge Gago, integrante de la dirección, por los antecedentes del director, éste respondió: “ese sumario se terminó hace largo rato” (La Diaria, 23-4-2014).

El debido proceso. Ahora bien, si de lo que se trata es de garantizar el debido proceso, ¿cuál es el mecanismo de protección para quienes denuncian maltratos estando dentro del centro de reclusión? La pregunta se trasladó tanto a Edgardo Oyenart como a Fernando Pereira, ambos integrantes del secretariado ejecutivo del pit-cnt. Ninguno de los dos supo contestar. ¿Cuál es entonces el protocolo que limita el uso de la fuerza? Tampoco. “Entiendo que esas preguntas hay que hacérselas al cuerpo especializado, a Joselo López”, responde Pereira. López, por su parte, dice a Brecha que lo que rige su actividad son las “directrices de Riad”: “es la capital de Arabia Saudita”, instruye. Lo cierto es que esa norma no dice una sola palabra del uso de la fuerza en los centros de reclusión.

La que sí logra responder a esa pregunta y a la anterior es Mirtha Guianze. “Afirman que tienen un protocolo, que siguen las reglas, que lo tienen todo escrito. Ese protocolo no lo hemos visto. Desde el principio pedimos que hubiese un reglamento para que los muchachos pudieran conocer sus sanciones y les fueran notificadas y tuvieran manera de recurrirlas. Eso así no funciona, no hay nadie que recurra sanciones. En algunos lugares se los han dado para leer y en otros no.”

Y esto no es de ahora. En el año 2000, hace 14 años, la Suprema Corte de Justicia ordenó a dos jueces de menores pronunciarse sobre la situación relevada por el Comité de los Derechos del Niño, durante 1999. Una de ellas, Graciela Berro, señalaba entonces: “Merece un renglón aparte el tema de las sanciones que puedan llegar a ser aplicadas por un educador. (…) El trabajo del Comité de los Derechos del Niño observa que ‘las reglas no son claras y que cualquier funcionario puede establecer sanciones en forma arbitraria’. Por otra parte, expresa que dichas sanciones no se notifican al menor ni a su defensor y no hay derecho a efectuar descargos o recurrir contra las mismas. (…) Este tema es sumamente delicado y se encuentra estrictamente vinculado con el ejercicio del poder y sus límites en un Estado de derecho, estimando la sede que deben incrementarse los controles sobre el funcionariado no técnico”.

La norma, según las múltiples fuentes consultadas, es la falta de criterios claros, generales y públicos, tanto para el uso de la fuerza,  para los llamados “criterios de seguridad”, así como para los que determinan que un chiquilín acceda a planes de estudio y trabajo.

“Lo que estamos reclamando son registraciones independientes y fiables. Nosotros hacemos recomendaciones, pero no tenemos ningún método coactivo. Este mecanismo es disuasivo, no es que hayamos hecho esto y ahora vamos a parar. Es un tema de voluntad política”, insiste Guianze. “Es la gran impunidad de la gente que es intocable. Si no deshacen ese núcleo… El mejor control para los derechos humanos es el de los propios trabajadores, que a su vez temen perder el trabajo si denuncian. Hay una gran dificultad para conseguir pruebas en los contextos de encierro, eso sumado a la vulnerabilidad de los que están adentro, ¿cómo hacer?”

La discrecionalidad de las direcciones es la marca del sistema. La multiplicidad de situaciones según la dirección que se tenga, también. Si, como se sostiene, las direcciones de los hogares son elegidas por la comisión delegada del Sirpa ¿hasta dónde llega, entonces, su responsabilidad?

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