Luego de que el viernes 16 de junio Brecha publicara una nota sobre el Hotel Séptimo Cielo con relación a la investigación por presunta explotación sexual de menores por parte del senador [suspendido] Gustavo Penadés, desde el hotel se difundió un comunicado en el que se calificó como «errónea» una parte de la información referida por este semanario. En el comunicado, suscrito por el gerente de Séptimo Cielo, se afirmó que, «desde el inicio de las investigaciones lideradas por la fiscal doctora Alicia Ghione, el hotel […] ha cumplido en tiempo y forma con lo solicitado por la referida fiscal: entregando las grabaciones, así como también otro tipo de información y documentación». Para reforzar esa idea, la empresa adjuntó una constancia firmada por la fiscal, quien tiene a su cargo la investigación sobre el senador desaforado. Sin embargo, la constancia no hizo otra cosa que corroborar, con mayor detalle, la información que desde el hotel se calificó como errónea y que, en rigor, no era una novedad de Brecha: ya muchos medios del país habían dado cuenta de que la fiscal había tenido que solicitar por vía judicial la entrega de los registros de videovigilancia del hotel, desde que el 6 de junio se conociera la solicitud de desafuero de Penadés enviada al Poder Legislativo.
Para esclarecer el carácter voluntario u obligatorio de la entrega del material –punto que, a pesar de las abstracciones del comunicado de la empresa, parece ser el meollo de su respuesta– es fundamental repasar la cronología que se desprende de los documentos de la causa. Hasta antes del mensaje de Séptimo Cielo, lo que se conocía era que el viernes 5 de mayo la fiscal había pedido a la jueza que dispusiera la entrega de «DVR [digital video recorder] y filmaciones» del ingreso al hotel, y que ese mismo día la magistrada había hecho lugar a la solicitud. La nueva información que aporta Séptimo Cielo pone fecha a la entrega del material. El documento firmado por Ghione que compartió la empresa está fechado el 12 de mayo y dice que «se deja constancia [de] que en el día de la fecha» un representante de Séptimo Cielo hizo entrega del «disco duro de DVR de cámaras de ingreso y egreso del hotel, en respuesta a oficio 494/R/2023, enviado por Interpol el 10/05/2023».
Esta información basta para concluir que la entrega de ese material no fue voluntaria, pues hubo de por medio una intimación judicial y un oficio de Interpol. Pasaron siete días entre la solicitud de la fiscal a la jueza y el suministro del material, y dos días entre el oficio de Interpol y la entrega. A eso hay que sumarle que en la petición a la jueza, del 5 de mayo, la fiscal había argumentado que entendía «sumamente necesario» acceder a esos medios de prueba y que «seguir esperando una entrega voluntaria podría hacer desaparecer la evidencia», pues los registros de video guardados se sobrescriben sobre los anteriores a medida que se almacenan, borrando los de fechas más antiguas. «Ya lo hemos hablado con el gerente del hotel y también lo hemos solicitado formalmente por mail al gerente, pero las filmaciones no han sido entregadas», sentenciaba entonces Ghione.
LO QUE LLEGÓ
De acuerdo a una fuente de la investigación, las solicitudes directas de la fiscal al hotel (antes de intimar judicialmente) habían tenido lugar en abril (la investigación sobre Penadés comenzó el 31 de marzo). Esto quiere decir que el período de demora en la entrega del material fue aún más extenso, con el consecuente riesgo de pérdida de registros. La fuente dijo que, al momento en que se empezó a hacer la petición formal de las cámaras, el hotel tenía filmaciones desde fines de febrero hasta abril, ya que el almacenamiento de su sistema de video alcanza al menos dos meses. En marzo es que se sitúa uno de los presuntos encuentros de Penadés con menores de edad en Séptimo Cielo; por eso, ese era el mes que se pretendía revisar. Pero Policía Científica, que se está encargando de analizar los videos, ha comunicado que en lo entregado por el hotel no están los registros de marzo y que los videos comienzan en una fecha posterior. La fuente aclaró que hubo otras informaciones solicitadas a la empresa que sí fueron aportadas a la causa a su debido tiempo.
Brecha consultó al gerente de Séptimo Cielo sobre el período abarcado por los videos entregados a Fiscalía. Tras aclarar que la empresa solo da información «a la fiscal y a la jueza» –y dejar clara su disconformidad con la anterior nota de este semanario–, el gerente dijo: «Se entregó lo que teníamos. No recuerdo bien la fecha, no recuerdo bien el período. Se entregó el DVR en manos de la fiscal».
En tanto, sobre el cierre de esta edición, la jueza Marcela Vargas resolvió no hacer lugar a los recursos presentados por los abogados de Penadés y de Sebastián Mauvezín (acusado de actuar como intermediario en la explotación de menores), quienes habían impugnado la realización de declaraciones anticipadas, por motivos de forma y por oponerse a que se mantenga la reserva sobre la identidad de las víctimas. Las defensas apelaron esta decisión, que será revisada por un tribunal de apelaciones. Aunque el recurso no tiene efectos suspensivos, la fiscal Ghione informó en rueda de prensa que esperará al fallo del tribunal para citar a las víctimas y los testigos. También en rueda de prensa, a la salida de la audiencia, Penadés y Mauvezín volvieron a declararse inocentes.
