En los últimos meses, y con mayor fuerza luego de la visita de Luis Lacalle Pou a Estados Unidos el 13 de junio de este año, se anunciaron diferentes iniciativas de acercamiento entre ambos países: la Asociación de las Américas para la Prosperidad Económica (APEP, por sus siglas en inglés), la posible incorporación de Uruguay a la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe y la Ley de las Américas. Atrás de su apariencia inofensiva se plantean condicionamientos políticos profundos a nuestra política exterior, que merecen una consideración detenida.
Frente al avance de las inversiones y el comercio con China en América Latina, la administración de Joe Biden lanzó la APEP en la Cumbre de las Américas de junio de 2022. La iniciativa, firmada por 12 países, entre los que se cuenta a Uruguay, fue una oferta unilateral de Estados Unidos, no un documento negociado con el resto de América. Hasta ahora, solo se conoce una declaración bienintencionada y llena de lugares comunes de la cooperación internacional, como «resiliencia», «prosperidad compartida» e «inversión inclusiva», sin metas concretas ni herramientas definidas para llevarlas a cabo, con una agenda que entra en su inmensa mayoría dentro del ámbito de actuación de instituciones ya existentes, entre otras, el Banco Interamericano de Desarrollo. Esta iniciativa, mayormente simbólica, tiene reminiscencias a la Alianza para el Progreso, lanzada por John F. Kennedy en 1961. Mientras aquella buscó disuadir a los países de América Latina de las tentaciones soviéticas y cubanas, la APEP pretende lo mismo respecto de China, y sus creadores no hacen mucho esfuerzo por ocultarlo.
Con un poco más de ambición se vislumbra el proyecto bipartidista estadounidense de Ley de las Américas, que no es el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) de hace dos décadas, pero se le parece. El plato fuerte de la propuesta es el ofrecimiento a los países del hemisferio occidental de adherirse al Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés, aprobado en 2021, heredero del NAFTA), además de proponerse créditos e incentivos a las inversiones en los países de la región. De acuerdo al proyecto de ley, los habilitados a unirse serían todos los países americanos, salvo los que no alcancen los estándares de democracia medidos según el índice de la ONG con sede en Washington Freedom House, los que «sean beneficiarios del programa médico-profesional del gobierno de Cuba» (al que define como una forma de «tráfico de personas») y los que sean parte del ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América). Para ser parte de la Alianza para las Américas, el proyecto establece que los Estados también tendrán que comprometerse a «tomar medidas para reducir la influencia china en sus territorios» y «evitar la compra o instalación de equipos de telecomunicaciones desarrollados o producidos en países cuyo gobierno haya sido designado adversario extranjero» de Estados Unidos. La iniciativa, por lo tanto, utiliza el comercio como palanca para consolidar la hegemonía estadounidense en la región.
Mientras este ambicioso proyecto se aprueba, hay una propuesta de darle a Uruguay los beneficios establecidos en la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA, por sus siglas en inglés), a través de una ley de asociación económica Estados Unidos-Uruguay. Estos beneficios están pensados para países con un desarrollo económico mucho menor que el uruguayo, por lo que acogernos a ellos podría ponernos por fuera de las reglas de la Organización Mundial del Comercio (El País, 19-VI-23), porque nos estaríamos adhiriendo a excepciones pensadas para que los países rezagados puedan mejorar su participación en el comercio global. Además de dañar nuestra reputación de ser defensores de las normas internacionales, implicaría renunciar también a la imagen de Uruguay como país de buen nivel de desarrollo y a la identidad de socio serio y estable en la región.
El nuestro no es el único país pequeño pero no caribeño al que legisladores de Estados Unidos piensan ofrecer el atajo del CBERA: también están convidando a Ecuador con la misma invitación. En la fundamentación de la propuesta, establecen que facilitar unilateralmente el acceso ecuatoriano a los mercados estadounidenses podría usarse como herramienta para poner freno a la inmigración ilegal desde ese país hacia Estados Unidos, y como una manera de «prestar apoyo a un socio democrático sometido a una presión extrema por parte de China y otras influencias malignas» (US Senate Committee on Foreign Relations, 22-III-23). Aunque no son evidentes aún las contrapartidas que se le pedirían a Uruguay, difícilmente alguien podría creer que no existan. Una posible permuta sería la aprobación del acuerdo logístico de defensa con Estados Unidos, actualmente a consideración del Senado después de numerosas idas y vueltas, y que, según expertos, podría significar la habilitación para establecer bases militares en territorio nacional (véase «¿Una base militar para el Comando Sur en Uruguay?», Brecha, 30-VI-23).
La postura del gobierno uruguayo de acercarse a Estados Unidos, por otro lado, se parece menos a una actitud pragmática, luego del estancamiento difícilmente sorpresivo de las negociaciones hacia un TLC con China, y más a una ambigüedad desconcertante basada en hacerse los desentendidos frente a las consecuencias geopolíticas de sus decisiones comerciales. Otro ejemplo de estos modos tuvo lugar recientemente: Uruguay preparó una licitación para la compra de patrullas oceánicas que despertó sospechas de estar apañada para que la ganase una empresa china, según surge de los chats de Alejandro Astesiano con un lobista que trabajaba para una empresa coreana (véase «Proa al fracaso», Brecha, 23-XII-22). Cuando la compra de buques a China parecía inminente, Estados Unidos ejerció presiones para frenarla basadas en su interés nacional, por lo que se anunció finalmente la opción por adquirir buques españoles. En todo este proceso, Uruguay desairó al país norteamericano (por insinuar la compra a su adversario), a China (por no concretar la compra después de un largo proceso) y a los países que originalmente participaron de una licitación aparentemente arreglada, y que se resolvió por otros caminos.
Al mismo tiempo, acercarse a Estados Unidos es coherente con la actitud constante de Lacalle Pou de darle la espalda a la región. Los mismos legisladores estadounidenses explicitan que sus propuestas tratan de aprovechar una ventana de oportunidad abierta por el enfriamiento de las relaciones regionales (Inside US Trade, 26-VI-23). La actitud del gobierno de Lacalle Pou con respecto al Mercosur, que tuvo por última manifestación la negativa a firmar la declaración conjunta en la cumbre de Puerto Iguazú, es una muestra de esta hendidura, que nos deja más aislados y más vulnerables a los deseos de países más poderosos.
¿Qué lleva a un gobierno a desdeñar a sus vecinos y tomar decisiones erráticas sin una reflexión estratégica de sus consecuencias? ¿Por qué un gobernante pondría en jaque la reputación de estabilidad y seriedad de su país, al que le llevó décadas construir, a cambio de un precario acceso a mercados? Para responder estas preguntas basta con observar quiénes serían los beneficiarios inmediatos de estas decisiones: los sectores ganaderos y agroexportadores que sostienen ideológica y electoralmente a los gobernantes de turno.
