En el noroeste argentino, que agrupa las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja, viven descendientes de varios pueblos originarios, entre otros, atacama, avá guaraní, chané, chorote, chulupí, diaguita-calchaquí, kolla, omaguaca, tapiete, toba, tupí guaraní, wichí. Conforman comunidades dispersas en valles, laderas de montañas y quebradas, que alternan con llanuras plagadas de cactus inmensos donde a veces se observan rebaños de animales, paisajes hermosos que hacen del lugar una zona de atracción turística mundial. Es difícil conocer su número, pero probablemente son más de 80 las comunidades indígenas que la pueblan.
Es una zona de lluvias escasas en los meses de enero y febrero; a pesar de la poca agua, los habitantes viven de cosechas, sobre todo maíz y tabaco, y de la cría de cabras, llamas y ovejas, lo que se suma a los ingresos por venta de servicios turísticos y artesanías. Las llamas son, además, medio de carga y transporte. Es una población arraigada a su tierra, con costumbres propias e incluso en algunos casos una lengua propia. La región es considerada uno de los lugares del mundo donde se inició la agricultura, hace más de 10 mil años.
Tilcara, una pequeña ciudad en el centro de la quebrada de Humahuaca, provincia de Jujuy, mantiene edificios del tiempo de la colonia, pero los hallazgos arqueológicos demuestran existencia humana en el lugar desde hace más de 10 mil años. Hacia 1600, los españoles vencieron la resistencia indígena, esclavizaron a la población y provocaron grandes cambios culturales y sociales. No obstante ello, el espíritu de ese pueblo sigue vivo en sus descendientes.
Para llegar allí, a comienzos de mes, tuvimos que atravesar los cortes de ruta establecidos por los lugareños, que protestan contra la reforma de la Constitución de la provincia de Jujuy impulsada por el gobernador Gerardo Morales. Fue allí donde nos enteramos de las revueltas en la propia capital de la provincia. Ya en Tilcara, en conversaciones con vendedores de artesanías en las plazas y las calles, se advertía un descontento general con la reforma recientemente aprobada y el apoyo a las medidas de lucha que se estaban tomando, a pesar de que eso significaba importantes pérdidas para los pobladores por la repercusión que la revuelta ha tenido sobre el turismo (con una caída en las reservas hoteleras de hasta en un 70 por ciento, según el Ministerio de Turismo y Cultura provincial). También en las peñas, los cantantes hacían referencias a favor de los manifestantes.
Junto a las rutas, en los campamentos de los que protestan, ondea la bandera de los pueblos originarios. Abren y cierran el paso en horarios prefijados para que los viajeros se acomoden a ellos y eviten así largas esperas. Están allí desde hace más de un mes esperando que se los escuche, mientras sufren temperaturas cercanas a los cero grados en la noche. De tanto en tanto, rotan sus puestos en los cortes, y los que suben a la ciudad de Purmamarca intercambian noticias con el relevo. Casi todos los pobladores están involucrados; las ollas que alimentan a los manifestantes reciben comida de otros lugareños.
LA REFORMA
En primera instancia, la nueva Constitución establecía que sería el Estado el encargado de reconocer la personería jurídica de las comunidades, así como la posesión y la propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la nación. Las comunidades minoritarias perderían así la capacidad de autonomía y de autodefinición.
Las protestas lograron que esa disposición fuera desechada de la reforma, pero finalmente, el 15 de junio, el oficialismo provincial (Juntos por el Cambio), con el apoyo del Partido Justicialista (peronismo), aprobó otros de los artículos resistidos. Entre ellos, uno que establece que «la ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia». Los pueblos originarios se oponen a esta medida, que entienden habilita el desalojo de las comunidades indígenas que se encuentran en tierras fiscales y legaliza el saqueo de los recursos naturales.
La Constitución aprobada contradice a la Unesco, que «reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos de los pueblos indígenas, que derivan de sus estructuras políticas, económicas y sociales y de sus culturas, de sus tradiciones espirituales, de su historia y de su filosofía, esencialmente los derechos a sus tierras, territorios y recursos». Además, otro de los artículos aprobados prohíbe los «cortes de calle y cortes de ruta» y «la ocupación indebida de edificios públicos en la provincia».
Al sumarse a la protesta los docentes universitarios, que también reclaman por sus salarios, el gobernador amenazó con expropiar el centro arqueológico Pucará de Tilcara (declarado por la Unesco patrimonio de la humanidad), dependiente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires desde 1948. También anunció una reforma universitaria destinada a establecer un vínculo más estrecho con el sector productivo, en especial pensando en las empresas dedicadas a la minería.
El 12 de julio la Policía ingresó al recinto de la Universidad Nacional de Jujuy y apresó a profesores que participaban de las protestas, avasallando la autonomía universitaria y los derechos de los docentes. Apresó incluso, bajo la acusación de sedición, al abogado Alberto Nallar, que defendía la causa de los manifestantes; Amnistía Internacional reclamó su inmediata liberación. La Corte Internacional de Derechos Humanos, por su parte, llamó a «respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares interamericanos del uso de la fuerza y a llevar a cabo un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural, en el que se respeten los derechos sindicales y de los pueblos originarios». La ONU, a través de su representante en Argentina, afirma que el proceso de reforma constitucional en Jujuy careció de una participación significativa y suficiente de todas las partes interesadas, en especial de los pueblos indígenas.
El gobernador Morales, de la Unión Cívica Radical, tiene un enorme poder en Jujuy y además de contar con la aprobación del justicialismo local tiene a su favor al tribunal de la provincia, al haber nombrado a seis de sus nueve jueces. Alberto Fernández, que además de presidente de la nación es presidente del Partido Justicialista, dispuso la intervención de la rama jujeña de ese partido, en un intento de revertir el apoyo que esta le dio al gobernador. Morales es candidato a vicepresidente de Argentina en la fórmula que encabeza Horacio Rodríguez Larreta en la interna nacional de Juntos por el Cambio.
LOS RECURSOS
¿Cuál es el trasfondo del problema? El noroeste argentino, el norte de Chile y Bolivia constituyen el llamado triángulo del litio, que es el elemento fundamental necesario para las baterías que permiten la revolución verde del transporte. Los autos eléctricos necesitan del litio. Los autos Tesla, por ejemplo, usan baterías que requieren 45 quilos de litio. En este momento, Argentina ocupa el cuarto lugar como productor mundial de litio después de Australia, China y Chile. Dos de las tres plantas de litio que funcionan en Argentina están en Jujuy. Las inversiones que ingresarían al país en los próximos años son multimillonarias.
Recientemente, en mayo, las dos empresas mineras que venían produciendo carbonato de litio en Argentina se fusionaron: la estadounidense Livent y la australiana Allkem. En junio entró en operación la planta jujeña de la tercera compañía, la minera Exar, que tiene como accionistas a la canadiense Lithium Americas Corp y la china Ganfeng Lithium. Esta participación de China en el negocio mundial del litio abre una línea más de tensión con Estados Unidos en la disputa global por mercados.
Según datos de las cámaras mineras citados por La Nación, en Jujuy, Catamarca y Salta hay, además, seis plantas más en construcción, ocho en proceso de estudios de factibilidad y 15 en estado de exploración.
Aunque desde el gobierno jujeño lo niegan, parece claro que la nueva Constitución provincial, con su intención de disponer de tierras indígenas «para fines productivos» y de cercenar las luchas sociales, busca abrir aún más las puertas a las inversiones extranjeras para la explotación del litio. Estas inversiones no están preocupadas por mejorar el medioambiente ni la realidad de los pobladores, sino que el motivo fundamental que las mueve es el rendimiento del capital (véase «La carga de las baterías», Brecha, 28-X-22), aunque eso implique llevarse por delante los derechos de los pueblos originarios, como antes lo hiciera la colonización española; antes fue la explotación del oro y otros metales, ahora lo es este nuevo elemento necesario para la transformación del transporte.
La minería trae consigo un enorme consumo de recursos: para producir una tonelada de carbonato de litio se precisan 30 mil litros de agua dulce, por lo que el problema no se remite a la extracción del mineral, sino también a la extracción del agua en una región de por sí muy seca y en un momento en el que el agua es vital para los pueblos que allí viven. ¿Qué será de ellos? La única forma de subsistir que tienen es oponiéndose a esta reforma constitucional que los despoja de todo, hasta de su identidad. No son sediciosos, como los denomina el gobernador Morales; no, de ninguna manera; son pueblos en lucha por sus derechos y por su subsistencia frente al enorme poder de empresas transnacionales que buscan ante todo el puro y exclusivo rendimiento del capital.
El 20 de junio hubo una represión brutal contra los manifestantes que culminó con heridos y detenidos. La semana pasada, a un mes de lo sucedido, fueron convocadas marchas de protestas en distintos puntos del país.
Este martes partió desde Jujuy hacia Buenos Aires una marcha de integrantes de las comunidades originarias, a las que se han ido sumando otros participantes en distintas localidades. Se denomina «tercer malón de la paz» y tiene por objetivo solicitar a la Corte Suprema de Justicia que declare la inconstitucionalidad de la reforma jujeña, y pedirle al Congreso que intervenga la provincia de Jujuy y sancione una ley de propiedad comunitaria indígena que tiene a estudio desde 2019. Llegará a su destino el primero de agosto (día de la Pachamama o madre tierra). Se estima que se unirán a la marcha cientos de comunidades originarias. El primer «malón de la paz» fue una marcha de los pueblos originarios en 1946, que reclamó por sus tierras al general Juan Domingo Perón. Como resultado, en 1949 se dispuso que se debía expropiar las tierras reclamadas (15.000 kilómetros cuadrados) para devolverlas a sus primeros habitantes, pero eso finalmente no ocurrió. En 2006 surgió el «segundo malón de la paz» para que se cumpliera con aquella orden judicial, lo que tampoco ocurrió. El conflicto por la tierra continúa hasta el presente.
En una pequeña librería de Tilcara me topé con un libro: Capitalismo y pulsión de muerte, de Byung-Chul Han, el filósofo de origen coreano, que comienza diciendo: «Lo que hoy llamamos crecimiento es en realidad una proliferación carcinomatosa y carente de un objetivo fijo. Actualmente estamos asistiendo a un paroxismo de producción y de crecimiento que recuerda a un paroxismo de muerte. Finge una vitalidad que oculta que se está avecinando una catástrofe mortal. La producción se parece cada vez más a una destrucción. La autoalienación de la humanidad posiblemente haya alcanzado aquel punto en el que se experimenta su propia destrucción como un goce estético. Lo que Walter Benjamin dijo en su momento sobre el fascismo se puede aplicar hoy al capitalismo».
