La vida de los adolescentes y los funcionarios del Centro de Breve Estadía de varones (ex-Tribal) corre riesgo. Por ello, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), luego de varias visitas, recomendó su cierre. El informe, publicado por Brecha (véase «La política del abandono», 18-VIII-23), generó revuelo parlamentario y provocó, este lunes, una comparecencia urgente del presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, ante la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género de la Cámara Alta para dar explicaciones.
Luego de varias semanas de acusaciones a varias bandas, Abdala abrió su intervención dirigiéndose al Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Dijo: «Todos ellos nos inspiran la mayor consideración personal por su trayectoria y por lo que representan desde el punto de vista individual». Sin embargo, los halagos duraron poco: enseguida opinó que el accionar de la institución es «llamativo» y se declaró sorprendido. Al hacer la cronología de los hechos, contó que fueron varios los oficios y los informes que llegaron desde la institución y aseguró que el Directorio del INAU los respondió todos. Sin embargo, no titubeó al repetir que los informes son «altisonantes». A su vez, alegó que el tono de gravedad de los oficios no coincidía con lo que le fue transmitido por la directora del MNP, Jimena Fernández, con quien dijo que tiene un vínculo cercano. Esto responde a que una de las visitas se realizó el 3 de agosto, pero el informe llegó al Directorio del INAU 20 días después: «La propia directora Jimena Fernández –con esto no quiero cometer una infidencia–, a través del envío de mensajes de WhatsApp, que entre todos mantenemos continuamente por los más diversos temas, mantuvo un intercambio permanente y en contacto conmigo […] sin hacer el más mínimo comentario; no lo hizo ella en forma personal, pero, sobre todo, la institución tampoco».
En concreto, Abdala desestimó lo denunciado por el MNP y por la INDDHH y sostuvo que la situación está, ahora, bajo control. Según afirmó, actualmente son solamente 11 los adolescentes que conviven en el centro, «una cifra históricamente baja», dijo. Sin embargo, según el parte diario del centro, al que tuvo acceso Brecha, en los últimos cuatro meses se dejó constancia de que la cantidad de adolescentes oscila entre 12 y 17 (con un padrón de entre 70 y 80 inscriptos). En cuanto a las amenazas y el riesgo de vida, Abdala admitió que eso sucede, pero dijo que «el problema no es que acontezcan –por supuesto, sería mejor que no acontecieran–, el problema es cómo actuamos y reaccionamos».
De acuerdo con el jerarca, en el Tribal «no hay violencia institucional». A pesar de que –según consta en el parte diario– muchas veces los trabajadores también son violentados producto de la situación que se vive en el centro, Abdala insistió: «Vamos a decirlo muy claramente: las situaciones que se dan de disputas, agresiones, violencias e insultos, tal como lo consigna la INDDHH, se dan entre los adolescentes». Y finalizó: «No se puede pretender que en un centro de alta complejidad como sin duda es este estas cosas no acontezcan, porque eso no es interpretar ni leer la realidad tal como es».
Pero la relativización de la tensa situación por la que atraviesa el sistema de protección no solamente es atribuible a los jerarcas del INAU.
SE AGITA EL AVISPERO
Actualmente son cerca de 7.300 los niños, niñas y adolescentes que están bajo el paraguas del instituto. De ellos, poco más de 3.300 están vinculados a hogares, ya sea viviendo allí o vinculados a los centros a través de algún proyecto (véase «Versiones encontradas», Brecha, 16-VI-23). Según relataron al semanario trabajadores de los centros de protección de 24 horas, las denuncias respecto al Tribal no son la excepción y las situaciones de violencia, en muchos centros, son insostenibles.
Hace poco más de tres años los funcionarios crearon un grupo de WhatsApp que nuclea a los trabajadores de estos hogares. Allí compartían sus experiencias, pero era un grupo que tenía poco movimiento. Esto se mantuvo hasta hace algunos meses, cuando la conversación se reavivó a instancias de la campaña que las distintas listas del Sindicato Único de Trabajadoras y Trabajadores del INAU (Suinau) vienen realizando de cara a las elecciones que se celebrarán entre el 11 y el 14 de este mes.
Entre afiches de listas, comunicados y beneficios que cada agrupación sindical promete a sus compañeros, empezaron a colarse los relatos de violencia extrema que se viven en los centros: amenazas de muerte, utilización de cuchillas y golpizas son parte de las diversas situaciones por las cuales los trabajadores tienen que atravesar diariamente en sus turnos. Saqueos, ventanas rotas, puertas sin trabas, deficiencias edilicias son algunos elementos del folclore institucional en medio del cual niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad extrema están obligados a convivir. «Hay riesgo de vida inminente, no ha pasado de milagro», dijo uno de los funcionarios al semanario.
Mientras se discutía públicamente el caso del centro Tribal, una de estas situaciones de violencia –que se relató en el grupo de WhatsApp– motivó que los trabajadores decidieran convocar una reunión urgente para tomar medidas. Se solicitó acompañamiento al sindicato y, luego de un intercambio «no del todo feliz» –de acuerdo con la versión de algunos de los funcionarios–, fueron recibidos por la dirección del Suinau.
Fue este lunes. El mismo día en el que Abdala asistió al Parlamento a dar su versión sobre el conflicto en el Tribal. Asistieron casi 70 personas, en representación de 19 hogares. Sin embargo, según pudo saber Brecha, las autoridades del sindicato (gobernado históricamente por la lista 10) desestimaron la legitimidad de la reunión, pues entendieron que no se habían respetado los estatutos para la convocatoria a una asamblea. Según los integrantes de la dirección, para poder habilitar una instancia de diálogo, los funcionarios deben estar nucleados por actividad sindical o por centro. La respuesta de los trabajadores fue que todos pertenecían al sistema de 24 horas. No fue suficiente.
La asamblea, de todos modos, transcurrió durante más de tres horas. La escalada de violencia y la falta de personal fueron los temas más sobresalientes. El presidente del sindicato, José Lorenzo López, explicó a los presentes que los reclamos debe darlos cada centro por separado, entendiendo que cada cual tiene distintas necesidades. Según los trabajadores, esta vía ya está agotada, no genera cambios estructurales y, en un contexto en el que todas las semanas hay funcionarios que son internados en centros de salud por la violencia física que viven en los hogares, ese no debería ser el camino. Los funcionarios se pusieron firmes y la reunión fue subiendo de tono. Pidieron denunciar la situación en la prensa, pero la dirección del sindicato no avaló la medida.
Tatiana Antúnez es integrante del directorio por la lista 188620, que actualmente es una de las listas minoritarias (junto con la Agrupación Rosa Luxemburgo), pero en el pasado estuvo aliada a la lista mayoritaria. En diálogo con Brecha, opinó que la respuesta de López se dio en el contexto de la campaña electoral, cuando aún no se sabe cómo será la composición de la próxima dirección del sindicato. «Nosotros entendemos que tenemos que tomar medidas, ellos entienden que las bipartitas [reuniones con el Directorio del INAU] son las instancias por excelencia», declaró.
«Fue una reunión y no tiene poder resolutivo estatutariamente», declaró al semanario el presidente del Suinau. López explicó que están en conocimiento de la situación de los centros y que «se está analizando qué pasos dar, seguramente las próximas semanas». Consultado sobre por qué no se adoptan medidas con mayor celeridad, teniendo en cuenta la urgencia de lo denunciado, el dirigente dijo que «esto no es solamente un tema de denuncia, sino de buscar soluciones concretas a las situaciones que se viven». Enfatizó, además, que el sindicato está en medio de la organización de las elecciones. Según el dirigente, esta preocupación ya fue trasladada al Directorio del INAU, que «minimiza la situación». Aseguró que lo planteado en la asamblea «no es en todos los centros», sino que hay «algunos» que «tienen una dirección fuerte, tienen trabajadores necesarios para mantener el cotidiano del servicio en los parámetros normales y eso es un dato de la realidad, no es que todos los servicios tengan las mismas dificultades».
Brecha se puso en contacto con Ramona Capillera, directora del sistema de protección de 24 horas del instituto, pero la jerarca prefirió no hacer declaraciones.
