El Partido Popular (PP) no había colmado las expectativas en la última cita electoral del 23 de julio, así que tocaba redimirse con un gran mitin. Previo al intento de investidura como presidente del Gobierno de España de Alberto Núñez Feijóo fijado para esta semana, el PP convocó, el domingo 24, una manifestación contra una eventual ley de amnistía a los independentistas catalanes. Tal amnistía es uno de los reclamos que los independentistas han hecho al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a cambio de apoyar una hipotética investidura del presidente Pedro Sánchez.
La manifestación confirmó el desgaste progresivo de la figura de Feijóo. A pesar de sus aspiraciones presidenciales, el domingo Feijóo se mostró como el líder de la oposición, sin haberse definido aún los roles en esta nueva legislatura, y en su propio partido acabó por someterse a los dictámenes de la línea ultra. Obstruido el mecanismo de la voz y en su afán por sobrevivir, optó por la lealtad, por lo que tuvo que comprar el relato de la facción neocon, de la que forma parte Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y uno de los principales nombres que suenan desde hace un tiempo para tomar las riendas del PP.
Dos días después, ya en el contexto del debate de investidura en el Congreso, el candidato se apoyó en un discurso que, más que acercarlo, lo alejó del Palacio de la Moncloa. Quiso instalar el marco de que fue él el ganador de las elecciones (por tanto, el legítimo merecedor de la presidencia) y que, de gobernar, lo haría aceptando la amnistía reclamada, pero, primero, en un sistema parlamentario como el español, no está garantizado que la fuerza más votada sea la que gobierne, y, segundo, si pactara la amnistía con las fuerzas catalanas, su aliado más importante, Vox, le retiraría el apoyo de sus 33 diputados y Feijóo se alejaría todavía más de la mayoría de escaños que no tiene.
Así pues, en la primera votación Feijóo obtuvo los votos de los 172 diputados que había asegurado hace unas semanas, sumando los de su propio partido, los de Vox, el de Unión del Pueblo Navarro y el de Coalición Canaria. Para ser investido, en la primera votación se precisa de una mayoría absoluta en la Cámara Baja: 176 diputados. En la segunda votación la mayoría debe ser simple: más síes que noes. Esa segunda instancia, a celebrarse este viernes 29, tiene visos de ser igualmente fallida. Aunque con el debate de investidura Feijóo haya podido, en cierta medida, afianzar su liderazgo en la oposición, no es nada prometedor su futuro político, considerando que una repetición electoral (en el caso de que los socialistas tampoco logren formar gobierno) no supondría necesariamente una victoria sistemática de la derecha.
DESTINADO AL FRACASO
En las elecciones generales del 23 de julio el PSOE, junto con sus aliados a su izquierda, Sumar, tampoco obtuvo los escaños suficientes, pero cuenta con una ventana de oportunidad dado su posible entendimiento con las fuerzas nacionalistas catalanas, vascas y gallegas, que fueron cruciales para la gobernabilidad en la anterior legislatura, y que esta vez se antoja que lo serán más.
El primer paso para saber qué futuro le esperaba a España se definió a mediados de agosto con la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados. Luego de unas negociaciones arduas entre los diferentes partidos, su composición salió favorable para el PSOE y Sumar, con la socialista Francina Armengol como presidenta de la mesa. Para que esto fuese posible, los intermediarios de Sánchez debieron asegurar que se iban a cumplir unas cuantas demandas de las formaciones catalanas. La elección de la nueva presidenta del Congreso tuvo, además, una fuerte carga simbólica al representar a esa facción del PSOE con mayores simpatías por el reconocimiento del Estado español como plurinacional, lo que luego se confirmaría con el anuncio del uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento, una de las principales demandas de los nacionalistas.
Para fijar en el calendario el debate de investidura los líderes de los partidos debieron reunirse antes con el rey Felipe VI. Pese al anacronismo de su figura, el monarca cuenta, entre las facultades que le otorga la Constitución, con la capacidad para proponer el candidato a presidente del gobierno. Como recuerda en una reciente columna en El Diario el jurista Javier Pérez Royo, desde las elecciones a las Cortes Generales hasta la investidura del presidente, el proceso político español es un proceso democrático, pero se ve perturbado con el «principio monárquico» que se introdujo en la vigente Constitución (29-VIII-23). Empleando la justificación de la «costumbre» de proponer al candidato más votado, el jefe de Estado encargó a Feijóo una investidura destinada al fracaso al no disponer de los votos suficientes. Desde el PSOE no pusieron demasiadas resistencias en vistas de una segura tercera derrota de los populares, tras el 23J y la elección de Armengol.
LAS CONTRADICCIONES PRESENTES
Ahora podría ser el turno de Pedro Sánchez. La investidura del actual presidente en funciones es un proceso que entraña varias aristas. La continuidad de un gobierno de coalición progresista pasa por el voto a favor de otras seis fuerzas, todas ellas nacionalistas, con las mayores resistencias en las dos catalanas. Desde Esquerra Republicana y Junts per Catalunya se pide, en primer lugar, la mencionada ley de amnistía para aquellos que cuentan con causas abiertas por el procés. También está muy presente, sobre todo en Junts, el reclamo de un nuevo referéndum de autodeterminación. Pero los grupos nacionalistas han de ser conscientes de la viabilidad de sus demandas: el tensar mucho la cuerda podría forzar nuevas elecciones, en las que cambie la correlación de fuerzas a favor de las derechas.
Por otra parte, un hipotético gobierno del PSOE y Sumar también tendrá grandes desafíos para gestionar los intereses de las formaciones nacionalistas: las negociaciones no se van a quedar en la moción de investidura, sino que van a estar muy presentes a lo largo de toda la legislatura. El diplomático y actual diputado por Sumar Agustín Santos Maraver escribía en un artículo en Sin Permiso, con el seudónimo de Gustavo Buster, que el requerimiento de alianzas para llegar a la mayoría parlamentaria fijará el techo de cristal de las medidas progresistas del nuevo gobierno, dado que, en la visión del PSOE, «la nueva mayoría parlamentaria dependerá más del Partido Nacionalista Vasco y de Junts, los partidos de la derecha nacionalistas». No parece el panorama ideal para los sectores más a la izquierda de la coalición, pero no hay que obviar lo que hubiese supuesto para el programa de esas facciones una mayoría del PP y Vox en los últimos comicios.
* Raúl Cerro Fernández es graduado en Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III, maestrando en Estudios Contemporáneos de América Latina, de la Universidad Complutense de Madrid. Cocreador y editor de Politicx.
