Las organizaciones firmantes rechazamos el anuncio en agosto de 2023 del presidente Lacalle Pou –durante la visita del canciller israelí, Eli Cohen– de que Uruguay abrirá una oficina comercial en Jerusalén. Este paso sigue alejando a Uruguay de la legalidad internacional y lo posiciona estrechando vínculos de normalización con el régimen de apartheid israelí. Y, al hacerlo, legitima sus constantes violaciones del derecho internacional humanitario, del derecho internacional de los derechos humanos, de innumerables resoluciones de la ONU y de los derechos fundamentales del pueblo palestino, en particular el de autodeterminación.
La comunidad internacional no reconoce la soberanía del Estado de Israel sobre Jerusalén ni la anexión unilateral e ilegal («unificación») que ese país hizo en 1980 de la parte oriental (tras ocupar en 1948 la parte occidental y en 1967 el resto de la ciudad), en la cual, según el consenso internacional, el pueblo palestino debería ejercer su derecho a la autodeterminación. Es por eso que casi ningún país tiene su embajada en esa ciudad (la movida de Estados Unidos con Trump en 2018 solo fue imitada por Guatemala, Honduras y Kosovo). Incluso la Ciudad Vieja –donde están los sitios históricos y religiosos más importantes para las tres religiones monoteístas– se encuentra en Jerusalén oriental y, por lo tanto, según la ONU, es territorio palestino ocupado.
Insistimos: Uruguay no puede salirse del consenso internacional para alinearse con los intereses de la potencia ocupante y su régimen de apartheid. Uruguay, como firmante del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (aprobado por ley 17.510, del 27 de junio de 2002, y ley 18.026, del 25 de setiembre de 2006), tiene la obligación legal no solo de no colaborar con un régimen de apartheid, sino de trabajar activamente para ponerle fin. Por eso, rechazamos la apertura de una oficina comercial en Jerusalén y cualquier medida tendiente a ignorar las resoluciones y los mecanismos de la ONU.
Por último, reiteramos nuestra plena solidaridad con el pueblo palestino y su derecho inalienable a la autodeterminación y a vivir en libertad, justicia e igualdad en el seno de la comunidad internacional.
INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE JERUSALÉN
Mediante desalojos forzados, demoliciones de viviendas, denegación de permisos de construcción, de residencia y de unificación familiar a la población palestina –mientras se construyen más y más colonias ilegales–, el Estado de Israel ejecuta políticas de desplazamiento forzado y limpieza étnica en Jerusalén oriental, en abierta violación de la 4.ª Convención de Ginebra. Sus 300 mil habitantes palestinas/os carecen de derechos civiles y políticos, y solo tienen un «permiso de residencia» en su ciudad natal, que puede ser revocado en cualquier momento para forzarles a abandonar la ciudad, donde la Autoridad Palestina no tiene jurisdicción alguna.
Jerusalén es la materialización visible del apartheid israelí y sus políticas de discriminación, exclusión y eliminación de la población palestina. Hay un brutal contraste entre la parte occidental y la parte oriental, pese a que la población palestina paga altísimos impuestos sin recibir los mismos servicios básicos que la población israelí. Además, Jerusalén está encerrada por el muro y una docena de puestos de control militar, por lo que el resto de la población palestina de los territorios ocupados solo puede entrar a su capital histórica y espiritual mediante permisos muy difíciles de obtener, mientras la población israelí tiene libre acceso a ella.
Campaña Espacios Libres de Apartheid-Uruguay
Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua
PIT-CNT
Servicio de Paz y Justicia
Madres y Familiares de Detenidos/as Desaparecidos/as
Cotidiano Mujer
Coordinadora por el Retiro de las Tropas de Haití y en Defensa de su Soberanía
Fundación Vivian Trías
Comisión de Apoyo al Pueblo Palestino
Colectivo Contraimpunidad
Redes-Amigos/as de la Tierra
Consejo de la Nación Charrúa
