De visita en nuestro país, en mayo de este año, la relatora especial de las Naciones Unidas sobre la venta y la explotación sexual de niños, Mama Fatima Singhateh, expresó que «la explotación y el abuso sexual de menores en Uruguay son extremadamente comunes y están normalizados social y culturalmente».
En ese momento la denuncia de Romina Celeste al senador del Partido Nacional (PN) Gustavo Penadés ya estaba en la fiscalía y el Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), a cargo de los abogados Juan Raúl Williman y Soledad Suárez, asesoraba a seis víctimas que se habían acercado a esa institución a partir de que el 26 de marzo se conociera la primera denuncia pública.
El jueves 1 de junio, la vicepresidenta, Beatriz Argimón, y el presidente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), Pablo Abdala, se reunieron con el coordinador residente de las Naciones Unidas, Pablo Ruiz, para responder las declaraciones de la relatora. Allí Abdala expresó que las palabras de la funcionaria internacional «no se compadecen con la realidad y no describen la situación de Uruguay en ningún aspecto».
En estos primeros hechos podemos observar cómo la cofradía masculina,1 en este caso política, puso en marcha una estrategia con varios ejes de acción que tenía como objetivo evitar la condena de su amigo y alfil del presidente, Gustavo Penadés.
Un eje fue el mediático, inaugurado con la conferencia de prensa que el entonces legislador dio desde el Parlamento, el 29 de marzo. La aparición en medios de comunicación de miembros del PN, incluidas sus principales figuras, como el presidente Luis Lacalle Pou, el ministro del Interior Luis Alberto Heber, el ministro de Relaciones Exteriores Francisco Bustillo, el propio Abdala y varios parlamentarios, entre quienes se encuentran Jorge Gandini y Rodrigo Blas, entre otros, poniendo en duda las denuncias y apoyando explícitamente al acusado fue constante hasta hace pocos días.
La acción mediática incluyó el ataque a Soledad Suárez por parte de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, cuestionando la reserva de identidad de las víctimas o minimizando y planteando como una injusticia las medidas de protección.
Por otra parte, desde que comenzaron a sumarse víctimas, obtener la identidad de quienes denunciaban se convirtió en un elemento clave en la trama que estaban desplegando. No solo se intentó por la vía legal (ajustada a derecho), sino que, tal como denunciaron en las últimas horas tanto la fiscal Alicia Ghione como el equipo jurídico de la Udelar, se utilizaron herramientas del Estado para identificarlas, y personal policial y de la Corte Electoral hizo ese trabajo con el fin de frustrar el avance de la investigación.
En medio de esto, se conoce que un joven que había tomado contacto con Romina Celeste para denunciar su abuso apareció asesinado, hecho que está siendo investigado por la fiscal Mirtha Morales por su posible vínculo con el caso Penadés.
La tercera acción que desplegaron fue de «apriete»: enviaron autos a las puertas de las casas de las abogadas defensoras y de la fiscalía. Una de las víctimas del exsenador denunció detenciones, abuso policial y persecución desde que se conoció que integra la lista de denunciantes. Sobre los hechos presentó pruebas ante la Justicia.
Como podemos ver en este caso, y como pudimos ver en todo el largo proceso de la Operación Océano (aún sin concluir), la explotación sexual es un crimen de poder, cometido fundamentalmente por hombres contra adolescentes y niños y niñas. Muchas veces involucra a personas con poder, con prestigio social, con poder económico, con recursos legales, acceso a medios de comunicación y una vasta red de contactos siempre dispuestos a defender a uno de los suyos.
En esta oportunidad, como en Océano y en todas las denuncias de estos delitos, la protección de las víctimas es fundamental, entre otras cosas, por su situación de vulnerabilidad, que se mantiene aun habiendo alcanzado la mayoría de edad. Si las víctimas se quiebran o las quiebran, es muy difícil obtener justicia, y eso lo saben los depredadores sexuales, por eso la estrategia de asedio mediático suele ser muy útil en estas situaciones.
Que jóvenes sin poder y con estigma social vean desde sus hogares cómo su abusador es apoyado por el presidente de la república y toda una serie de altos cargos los aterroriza; si a esto se suma que la Policía interviene para amedrentarlos, la denuncia se torna muy difícil de sostener.
Por eso, la labor de la fiscalía especializada a cargo de Ghione y el trabajo del Consultorio Jurídico de la Udelar y de la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación han sido fundamentales para lograr la formalización y la prisión preventiva de los acusados. Por eso, también, el fortalecimiento de estas instituciones es una necesidad urgente que seguirá allanando el acceso a la Justicia a víctimas de delitos sexuales.
Estas instituciones han podido eludir las presiones que han soportado y el desgaste mediático producto de un ataque permanente no solo por el valor de quienes están a cargo de ellas, sino y sobre todo por su calidad de funcionarios públicos al servicio de la sociedad. Hoy podemos decir que esta investigación ha avanzado hasta la formalización del acusado principal y su facilitador gracias a las instituciones públicas.
El PN, más allá de un tardío y grandilocuente comunicado de expulsión del exsenador Penadés, sigue mostrando una faceta muy poco respetuosa del uso de las instituciones públicas. En la mañana de ayer nos enteramos que durante tres meses las partidas de dinero que otorga el Ministerio del Interior al consultorio jurídico de la Udelar estuvieron demoradas, en coincidencia con el inicio de las investigaciones. A esto se le suma el «amague» de rescisión del contrato que el ministerio firmó años atrás con el consultorio y que quedó desactivada luego de que el hecho tuviera repercusión pública.
La gravedad de los hechos, que involucran a un legislador y a sus correligionarios con el fin de exculpar a uno de los suyos, trastoca los valores de convivencia que nos hemos dado como sociedad, erosiona la convivencia democrática y las instituciones democráticas y denota un desprecio por las víctimas y la Justicia.
1. Las estructuras elementales de la violencia (2003), Rita Segato.
