Las filtraciones a la prensa en los escandalosos casos de corrupción que bombardean la línea de flotación del gobierno proceden de un mercado negro de venta de información. La existencia de ese mercado negro –que explicaría buena parte del trasiego de revelaciones que satisface democráticamente a intereses contrapuestos– es vox populi en medios judiciales, según comentó el abogado Juan Ceretta, del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho (Más Temprano Que Tarde, El Espectador, 14-XI-23).
Sin embargo, parece que el coro de sustentación y apoyo al piso 11 de la Torre Ejecutiva, que reacciona disciplinadamente ante los frecuentes y sucesivos temblores sísmicos, no sabe escuchar la «voz del pueblo» y se concentra en responsabilizar de esas filtraciones exclusivamente a los fiscales. La intención es clara: con mayorías parlamentarias capaces de justificar cualquier desaguisado, el Poder Judicial es la piedra en el zapato de los esquemas de corrupción que se expanden como lepra a partir de políticas privatizadoras, neoliberales, clasistas y autoritarias, que solo pueden prosperar en la opacidad, el ocultamiento y la avidez por los «mordiscos» inconfesables. La «judicialización» como atajo para evitar responsabilidades políticas tiene sus inconvenientes y ya no es la alternativa. Tampoco resultó ser una herramienta efectiva la presión oficial y oficiosa para torcer las actuaciones de los fiscales con declaraciones presidenciales, ministeriales y senatoriales sobre la inocencia a priori de los indagados. Solo queda entonces desprestigiar al Poder Judicial, que puede tener sus bemoles, pero que no camina en el lodazal de la corrupción, como lo hace a paso firme esta administración.
Los ataques al sistema fiscal, que lo acusan de ser la usina de las filtraciones, tienen, según el fiscal de Corte, Juan Gómez, el efecto de un golpe bajo, una agresión artera: «Cuando se siembra descrédito sobre la actuación de un servicio tan importante como la Fiscalía General de la Nación, se está sembrando descrédito sobre el Estado de derecho», advirtió durante su comparecencia ante la Comisión de Constitución de Diputados, donde el nacionalista Rodrigo Goñi dio sobradas muestras de una empecinada sordera. Goñi prefirió no darse por enterado cuando el equipo que acompañó a Gómez explicó con claridad didáctica cómo funciona el sistema de flujo de información entre los distintos actores de una investigación judicial: los fiscales y su equipo, el Ministerio del Interior, los abogados de los inculpados y los abogados de las víctimas. Ese sistema asegura que, desde el momento en que se recoge una denuncia, todas las actuaciones son automáticamente registradas en sistemas informáticos. Y esa automatización es de ida y vuelta: la fiscalía sabe al momento en qué actúa la Policía, pero la Policía sabe al momento cada una de las actuaciones fiscales, estén o no amparadas por la reserva en las instancias iniciales de la investigación, reserva que, dicho sea de paso, culmina cuando se procede a la formalización.
El registro informático tiene mecanismos de seguridad y permite una trazabilidad de los accesos a las carpetas, salvo cuando la información policial que se ingresa al sistema excede un máximo de gigabytes y es demasiado «pesada». En esos casos, la información se almacena en pendrives o CD, que son entregados a la fiscalía con los debidos resguardos. La información que por su volumen excede la capacidad del sistema informático habitualmente se refiere a las interceptaciones de conversaciones telefónicas producto del espionaje de El Guardián o a la extracción de información contenida en celulares. La relevancia para la investigación de la información de las conversaciones o de los chats la determina el fiscal, pero la información en bruto es manejada previamente por los organismos policiales.
Hay sobrados antecedentes sobre la vulneración de la reserva policial: el último ejemplo fue la utilización de una clave para acceder a la información por parte de un allegado de un indagado en el caso del vino envenenado que provocó la muerte de la madre del actual senador y exministro de Interior Luis Alberto Heber. Las filtraciones también pueden tener su origen en la propia fiscalía o en los bufetes de los abogados. Pero Gómez fue enfático en descartar a las fiscalías como fuente de las filtraciones, porque atentarían contra el éxito de la acción fiscal. La argumentación es de peso, lo que no excluye un «autoatentado», como se verificó en alguna etapa de un proceso que notoriamente involucraba a la Torre Ejecutiva.
La filtración de información sensible requiere de una instancia ineludible: necesita ser divulgada, preferentemente en un medio de prensa. Es de suponer que aquellos periodistas a los que les interesa informar –no operar– siguen los pasos básicos: chequear la fuente, chequear la veracidad de la información, chequear su origen. En los casos que sacuden a este gobierno, las «filtraciones» fueron sustanciales para revelar verdades y exponer ocultamientos. Se cumplió con la regla primera del periodismo: informar al público de episodios relevantes que afectan su cotidianeidad y cuyo ocultamiento configura una lesión de derechos. En ese sentido, las revelaciones tienen un contenido republicano y fortalecen el objetivo de transparencia. Así, el fiscal Gómez hizo una firme defensa del papel de la prensa y de los periodistas en el proceso de transparentar la acción penal como un bien intrínseco de la Justicia.
Hay, sin embargo, un costado delicado: comprar información con el objetivo de publicar entraña el riesgo de la manipulación. Ese es el peligro contra el que debe vacunarse el periodista, por más jugoso que sea el material que ofrece este nuevo mercado negro. ¿Quiénes son estos nuevos empresarios? Lucía Salvia, directora del Departamento Jurídico Notarial de la Fiscalía de la Nación, dio estas pistas: «En nuestro sistema podemos identificar exactamente qué funcionarios acceden, qué funcionarios descargan información, con precisión de hora y día, y qué funcionario entrega dicha documentación. Lo que no podemos saber es qué sucede después de que se entregó; no podemos hacer ese seguimiento. Yo no puedo saber si al que se la entregué la dejó en un taxi, la compartió, la perdió o se la dio a alguien; eso excede el monitoreo que tiene la administración».
Por ahora, las filtraciones han operado, en la mayoría de los casos, a favor de las verdades que se pretende ocultar.
