La declaración de conflicto de los trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) el 30 de noviembre fue calificada como «un pataleo» por el titular de la cartera, Martín Lema, quien al ser consultado por la prensa dijo que le «sorprende» la actitud que tomaron con la administración que «finalmente atendió el reclamo histórico que durante años estuvieron pidiendo».
Efectivamente, la Unión de Trabajadores del Ministerio de Desarrollo Social (Utmides) había transitado un largo proceso de negociaciones para que quienes llevan años bajo contratos precarios puedan ingresar, finalmente, a la plantilla de la cartera. Aunque Lema fue enfático en la voluntad de «hacerse eco» de este planteo, en realidad el MIDES se negó a incluirlo en el articulado que propuso para la rendición de cuentas, una de las vías para iniciar el proceso. En cambio, según contó a Brecha la dirigente de Utmides Laura Etchart, fueron los trabajadores quienes impulsaron el tema en el Parlamento y lograron que las comisiones que trataban el proyecto en ambas cámaras atendieran su demanda.
Pero se trató de un triunfo parcial. Si bien el artículo en cuestión, el 52, habilitó las regularizaciones, también dejó expreso que ello no «implique costo presupuestal». Sumado a esto, el texto obliga a efectuar los contratos bajo el régimen establecido en el Estatuto del Funcionario Público, de 40 horas mensuales. Sin embargo, 370 de los 716 trabajadores habilitados tienen actualmente un contrato de 30 horas e incluso, aunque en menos casos, de 20 o 15 al mes. «En una reunión que convocó la administración nos informaron que todas las personas van a entrar por 40 horas, pero, como no puede haber incremento presupuestal y el MIDES no tiene plata, todos van a ganar lo mismo que ganan actualmente», explicó Etchart.
NO ES NO
«No cedemos a presiones de ningún tipo. Hemos sido claros y la decisión ya está tomada, no hay vuelta atrás. El que quiere optar –porque es opcional– con base en la rendición de cuentas, por ser funcionario público, tiene que cumplir ocho horas», contestó este miércoles Lema durante una actividad en la Alianza Francesa, al ser consultado por la movilización que llevaba adelante el sindicato fuera del edificio.
Para Utmides, la decisión estaba tomada desde un principio. Un día antes, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social abrió un ámbito de negociación tripartito para intentar llegar a un acuerdo entre las partes. El subdirector nacional de Trabajo, Santiago Torres, que moderó dicha instancia, coincide. «El MIDES llegó exactamente con la misma posición de antes, y ya más o menos teníamos anticipado que eso iba a ocurrir», contó en diálogo con Brecha.
Aun así, indicó que procuró encontrar un «camino del medio», para lo que sugirió empezar con un régimen de siete horas y conformar una comisión que pudiera analizar las necesidades horarias de cada servicio para resolver a futuro el tipo de contratación final. Según Torres, Utmides se mostró abierto a considerar las distintas alternativas, pero desde el ministerio se descartó cada una. De todos modos, prometieron renovar los contratos de las personas que no opten por la presupuestación, por lo que no habría riesgo de pérdidas de empleo. Sin embargo, se negaron a firmar un acta en la que dejaran constancia de ello, con el argumento de que, en realidad, habría que revisar caso a caso. La segunda propuesta de la Dirección Nacional de Trabajo, que el documento a firmar plantee «genéricamente el compromiso de considerar las renovaciones», tampoco fue aceptada, con el argumento de que «no estaban en condiciones de firmar nada».
Finalmente, sí firmaron lo que Torres denominó un «acta de desacuerdo», en la que cada parte planteó su posición. Entre otras cosas, en ese documento el MIDES dejó constancia de que «ha iniciado todos los trámites correspondientes para que se dispongan las prórrogas de los contratos hoy vigentes».
Sin avances en la tripartita, el sindicato fue recibido otra vez en el ámbito parlamentario, esta vez en la Comisión de Legislación y Seguridad Social de Diputados, y también por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, este miércoles. En diálogo con la prensa, la secretaria general del sindicato, Ana Casteluccio, ratificó la versión de Torres y cuestionó la «intransigencia» del MIDES al negociar. «¿Qué es lo que se hace cuando una de las partes no va a negociar, cuando una de las partes va con la orden de no firmar nada? Nosotros entendemos que eso no es negociar de buena fe», aseveró.
OCHO LETRAS
Cuando se le preguntó a Lema si había algún mecanismo para presupuestar a los trabajadores sin una pérdida salarial, el ministro planteó que «la regularización es por ley» y que «la normativa no obligaba a nadie». «Es rebaja de salario si yo te obligo a hacer determinada acción y te bajo el sueldo, acá los que se regularizaron fue porque voluntariamente lo hicieron. No se obligó absolutamente a nadie», remarcó.
Aun así, Utmides planteó que la cartera tiene la potestad de solucionar las limitaciones del artículo e hizo referencia al decreto de excepción que dispuso la administración anterior para resolver problemas normativos también vinculados al régimen horario y salarial. La disposición excusó a aquellos contratados por menos carga horaria de cumplir con el régimen de 40 horas mensuales que dicta el Estatuto del Funcionario Público.
En diálogo con Brecha, la directora general de Secretaría del MIDES, Karina Goday, descartó esta posibilidad, ya que un decreto de excepción «tiene que estar justificado por una razón de servicio», es decir, «un fundamento que plantee que es necesario ante un riesgo en el servicio, y hoy no existe una razón tal».
Aunque no se puede aumentar presupuesto, el artículo 52 sí autoriza a la Contaduría General de la Nación a reasignar «créditos presupuestales, desde gastos de funcionamiento o inversiones, así como las reasignaciones que correspondan, a efectos de financiar lo dispuesto». Sin embargo, Goday aseguró que las presupuestaciones van a financiarse con el dinero de los contratos actuales, ya que no hay otro rubro que pueda disponerse para este fin.
Consultada sobre si el MIDES entiende que la regularización se da ligada a una pérdida salarial, como plantean los trabajadores, la directora de Secretaría del ministerio consideró que no es así. «Ellos van a ganar lo mismo, no se le va a tocar el salario a nadie. Es pasar a otro vínculo contractual. Está bien, hay que ampararse en el estatuto y aumentar el horario, pero también tenés ventajas, como la estabilidad laboral del funcionario público, y partidas que hoy no cobran y pasarían a cobrar, como el presentismo», consideró. De hecho, según informó, solo 68 de los habilitados no firmó el consentimiento para tramitar la presupuestación, o lo hizo y luego «se arrepintió».
