El arresto fue celebrado por el exilio anticomunista de Miami como una victoria. No por la cuantía de lo incautado, sino por el potencial desestímulo a los numerosos cubanoamericanos que se dedican al contrabando de divisas entre ambos países. Hacia Cuba, trasladan remesas familiares y capital para invertir en la economía privada; de vuelta a Estados Unidos, viajan con las ganancias de muchos de esos negocios y fondos para comprar productos que luego las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) venden en la isla.
En el último año y medio, las mipymes se convirtieron en las principales proveedoras del mercado cubano. Mientras se acumulaban los atrasos en la distribución de los alimentos subsidiados que mensualmente debe entregar el gobierno y se vaciaban los anaqueles de los supermercados estatales en moneda libremente convertible (una moneda virtual equiparada al dólar estadounidense), las tiendas de las mipymes se multiplicaban en número y ofertas. Al punto de lograr algo que en los últimos años ha resultado imposible para otras formas de comercialización: bajar los precios.
Desde comienzos de 2022, cuando empezaron a operar de manera estable, las mipymes rebajaron hasta un 25 por ciento el costo –en pesos cubanos– de alimentos como el pollo y el aceite. Ello a pesar de que en el mismo período la cotización de la moneda pasaba de 100 a 300 pesos por dólar.
«OTRO ABRAZO PARA GIL»
Alejandro Gil pasará a la historia como el ministro que dio luz verde a las mipymes, las primeras empresas privadas en Cuba tras más de 50 años de monopolio estatal. Y también como quien pretendió ponerles coto, limitando su capacidad para operar en el mercado informal de divisas, el único realmente funcional en la isla.
Así de contradictorio fue su desempeño como ministro de Economía y Planificación y vice primer ministro, cargos que simultaneaba desde 2019, en buena medida gracias a su amistad con el presidente Miguel Díaz-Canel. La sintonía entre ambos se puso de manifiesto este 6 de febrero, cuando el mandatario lo felicitó en X (antes Twitter) por su cumpleaños número 60, a solo cuatro días de haberlo destituido en el marco de una reforma de gabinete que también pasó a retiro a otros dos ministros y a una miríada de funcionarios de segunda línea.
El saludo enviado constituye un gesto inédito en la política local. Tradicionalmente, la «liberación de responsabilidades» –la terminología empleada en el caso de Gil– ha implicado una destitución frisando la deshonra, y los caratulados bajo esa condición pasaban a un discreto segundo plano al que el ingenio popular hace tiempo otorgó el sobrenombre de plan pijama.
De cumplir con el protocolo pautado, al cabo de algún tiempo los «liberados» reciben la designación para un puesto de menos poder, pero también muchas menos responsabilidades; una suerte de «retiro dorado», que para Gil pudiera estar en una naviera o una concesionaria portuaria, dada su experiencia en esos campos.
Más complicado que su destino se aventura el reto de definir el de la economía cubana, que cerró 2023 con una caída del 2 por ciento en su PBI y un déficit fiscal superior al 18 por ciento.
Gil y Díaz-Canel eran las caras visibles de un plan de austeridad que pretendía «corregir esas distorsiones». El programa de ajustes incluía la eliminación de los subsidios para los combustibles, lo que habría implicado aumentos del 400 por ciento como promedio. Pero el 31 de enero, a pocas horas de entrar en vigor la medida, el gobierno dio marcha atrás, justificándose con que un «ataque informático desde el exterior» había dañado las bases de datos de Cimex, la corporación encargada de aplicar el paquetazo.
La postergación del programa de ajustes y la sorpresiva destitución del ministro de Economía hacen suponer que en las decisiones tomadas durante esos días también influyeron otras variables. Algunas señales habían sido enviadas por Raúl Castro, quien conserva una influencia decisiva pese a no ocupar cargos formales. Haciéndose eco del malestar ciudadano luego de cuatro años de crisis económica, a comienzos de este año había lanzado un mensaje que terminaría siendo premonitorio: «Quienes, por insuficiente capacidad, falta de preparación o simplemente por haberse cansado, no estén a la altura que exige el momento, deben ceder su puesto a otro compañero o compañera dispuesto a asumir la tarea».
¿CAMBIO DE POLÍTICA?
A juicio de Omar Everleny Pérez Villanueva, un economista emigrado, exdirector del centro de estudios económicos de la Universidad de La Habana, el ministro Gil no fue peor que sus predecesores; «no es el único responsable de los resultados que dejó», le dijo al diario español El País. Por el contrario, apoyó la apertura al sector privado, en particular las mipymes, «a las que defendía a ultranza. Fue flexible, llegándose a tener en dos años más de 10 mil aprobadas», recordó el experto.
El nuevo ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso, es un especialista en gestión financiera que hasta ahora ocupaba la presidencia del banco central. Fue el encargado de implementar la bancarización, un programa de eliminación parcial del dinero en efectivo puesto en marcha en agosto último, tan elogiado por las autoridades como criticado por la población. Sin embargo, su currículo resalta por otro punto: su experiencia al frente de Cadeca, la corporación estatal de casas de cambio. Antes de que Donald Trump prohibiese las transferencias de remesas a Cuba por vías bancarias, Cadeca era la contraparte de Western Union en ese negocio, que sobresalía entre los mayores aportadores de divisas al presupuesto estatal.
Desde enero de 2023 el gobierno cubano ha dictado sucesivas normas buscando intervenir el mercado cambiario. Su principal objetivo son las operaciones relacionadas con las mipymes, que en 2023 movieron cientos de millones de dólares.
Para reaprovisionarse de materias primas y productos terminados, las mipymes dependen de un complicado esquema que comienza con el canje en el mercado informal de pesos cubanos por dólares estadounidenses, el envío de estos al exterior mediante mulas y el depósito de ese efectivo en cuentas bancarias con las que se pagan los contenedores fletados hacia la isla. «Cada paso cuesta y, por tanto, aumenta el precio final para los consumidores aquí. Lo ideal sería operar por vías formales, pero el bloqueo lo impide y tampoco el gobierno cubano está por la faena. Insiste en que nos bancaricemos, pero luego no vende divisas. Ha llegado a poner límites arbitrarios a la cantidad de pesos que podemos sacar de nuestras cuentas», lamentó el dueño de una mipyme.
En un irónico giro de los acontecimientos, el tema ha hecho coincidir a La Habana y Miami en la pretensión de impedir el contrabando de efectivo que mantiene funcionando a buena parte de las mipymes cubanas. En la isla el conflicto tiene un sesgo incluso ideológico; también tiene que ver con la actitud que asumirá el sistema hacia su economía no estatal. El debate, por lo pronto, ya ha costado la cabeza de un ministro.
