La Justicia condenó recientemente a la Administración Nacional de Puertos (ANP) a entregar diversa información referida a la actuación de sus representantes en el directorio de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) ante una acción de acceso a la información pública presentada por los senadores frenteamplistas Charles Carrera y Mario Bergara. El juez Alejandro Martínez de las Heras consideró que el mero hecho de que TCP disponga de fondos públicos «conlleva necesariamente que la información que ella genere sea pública, […] independientemente del grado de participación estatal en la citada sociedad». Su posición fue ratificada por un tribunal de apelaciones.
Días atrás, la ANP entregó al juzgado su respuesta a la información solicitada por los senadores, pero lo hizo en forma parcial e incompleta. En efecto, la empresa controlada por Katoen Natie rechazó entregar las actas del directorio de TCP desde marzo de 2020 hasta la fecha, con el argumento de que contienen información sensible para la empresa. «Esto lo que demuestra es que no hay voluntad de parte de la ANP de llevar adelante una gestión transparente», afirmó Carrera a Brecha.
El pedido de información de la oposición consultaba cuántas sesiones del directorio de TCP se hicieron durante el actual período de gobierno y cuántas fueron solicitadas por los directores en representación de la ANP. Además, se pedía acceder a las actas de esas reuniones y a la participación del síndico de TCP en ellas, entre otras cosas. En la respuesta firmada por Kenny Pauwels, gerente general de TCP, se informó que desde marzo de 2020 se hicieron 26 reuniones de directorio, cuya coordinación y temario se hizo «en forma consensuada a través de intercambios verbales habituales que mantienen los directores de ambos accionistas». Sin embargo, se rechazó entregar las actas de esas sesiones.
«Al ser documentos de la sociedad que contienen en algunos casos información de contratos comerciales con cláusulas de confidencialidad con proveedores y clientes, dicha información puede ser utilizada por otros agentes que actúan en o mediante el puerto de Montevideo y puede afectar seriamente la actividad de TCP. Proceder a la entrega afectaría gravemente los intereses propios y de terceros, a la vez que comprometería la responsabilidad de TCP», escribió Pauwels, según el documento al que accedió este semanario. La empresa, empero, expresó su «mejor disposición a proporcionar toda la información que se solicite en forma específica [es decir, puntual, precisa o referida a puntos concretos] que se desee conocer bajo reserva».
En este marco, Carrera dijo que la respuesta ocasiona molestia, porque incumple con las sentencias judiciales: «Nuestro objetivo es saber cuál es el rol que cumplieron los directores del Estado ante TCP; lo que nos preocupa y que presumismos es que los dos directores del Estado no cumplieron el rol que marca la ley, que es defender los intereses del Estado, y que por eso existió desde un primer momento la voluntad de la ANP de negarnos la información». Ante esto, el legislador dijo que está analizando con su equipo las vías judiciales para exigir que se cumpla la sentencia, entre ellas, la posibilidad de solicitar el desapoderamiento de las actas de TCP o pedir la aplicación de una multa económica para la empresa por incumplir la sentencia.
Sobre el principio de la gestión, la ANP designó al exdiputado José Andrés Arocena y a Irene Caballero, diputada suplente que desempeña tareas de secretaría en el despacho del senador Jorge Gandini, ambos integrantes del Partido Nacional, como sus representantes ante TCP. Sus gestiones fueron cuestionadas por la oposición, ya que nunca concurrieron al directorio de la ANP, y por la falta de respuesta a los expedientes remitidos para su estudio (véase «Sin respuestas», Brecha, 28-IV-23). Los dos renunciaron en octubre de 2023. Actualmente, la representación de la ANP está en manos de los nacionalistas Nelson Silva Curbelo y Martín Elgue, un activo diputado suplente afín al senador Juan Sartori, quien acaba de adherir a la candidatura de Álvaro Delgado.
