Luego de las elecciones del 27 de octubre se cerró el camino para fijar tres derechos fundamentales en la Constitución: que ningún pasivo reciba menos del salario mínimo nacional, recuperar el derecho a jubilarse con 60 años de edad y eliminar las administradoras de fondos de ahorro previsional. Esas medidas cautelares debían complementarse con una reforma integral de la seguridad social que cambiara sustancialmente las leyes 16.713, de 1995, que creó el sistema previsional mixto en Uruguay, y la 20.130, de 2023, que restringe derechos y aumenta la privatización de la seguridad social.
La reforma de 2023 reduce las responsabilidades del Estado porque amplía el pilar de capitalización individual, incorporando al sistema mixto a las cajas militar, policial, bancaria, notarial y de profesionales universitarios, y dispone que todos los trabajadores deberán aportar el 5 por ciento de sus ingresos (hasta la franja de 107.589 pesos). Esto produce altos costos de transición, porque los trabajadores disminuyen sus contribuciones al sistema de reparto y aportan más al sistema privado, mientras que las jubilaciones en curso de pago y las que se generarán para aquellos que no entrarán al nuevo sistema deben ser financiadas por el Estado.
Hubo 950 mil votos por el sí a la reforma, pero no fueron suficientes. Esto muestra claramente que sobre el futuro de la seguridad social existen dos puntos de vista contrapuestos que corresponden a dos modelos de país: el de quienes consideramos que la seguridad social es un derecho fundamental de responsabilidad del Estado que no admite el lucro privado y el de aquellos que entienden que es responsabilidad de los individuos que deben ahorrar en los sistemas de ahorro obligatorio.
COINCIDENCIAS
En el segundo eje de las bases programáticas del Frente Amplio (FA), titulado «Un país de bienestar para todos y todas», se plantea que entre las primeras acciones del gobierno se convocará a un amplio, democrático y genuino diálogo social para el que se proponen medidas totalmente compatibles con las que se impulsaron en el plebiscito. Por ejemplo, «generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo», «impulsar un sistema de seguridad social con tres pilares: solidario (no contributivo), de reparto intergeneracional (contributivo) y de ahorro (no lucrativo)», «mantener y profundizar los niveles de cobertura y suficiencia del sistema de seguridad social» y «revisar integralmente el sistema de financiación de la seguridad social, en particular las inequidades en los aportes, siempre bajo la premisa de que aporten más quienes tienen más». Las bases programáticas también ratifican lo que aprobó el Plenario Nacional del FA: «El diálogo social […] busca una reforma integral como respuesta a la ley regresiva aprobada por el gobierno y no en contraposición con el proceso de reforma constitucional». Debe destacarse que en este documento las características principales del tercer pilar complementario se definen como «de ahorro no lucrativo, capitalizado y con un rol fundamental del Estado en su administración, supervisión y organización».
LO QUE VENDRÁ
Corresponde ahora trabajar para que se apruebe una ley que cumpla con el objetivo de que la seguridad social como derecho humano fundamental no sea susceptible de lucro y que el Estado, bajo su responsabilidad, organice el sistema con los siguientes principios: universalidad, solidaridad intergeneracional e intrageneracional, integridad, participación social, afiliación obligatoria y suficiencia de las prestaciones. Con los resultados de las elecciones se abre un escenario favorable para una reforma integral de todo el sistema de previsión social porque el FA obtuvo mayoría en el Senado y sus 48 diputados alcanzarían la mayoría si son acompañados por los dos de Identidad Soberana, que llamó a votar por el sí. Hay que destacar que a pesar de una campaña muy agresiva de los partidos de la coalición y de renombrados dirigentes y técnicos del FA contra la propuesta de reforma, el 40 por ciento de los votantes la apoyó, y no es nada menor que un 70 por ciento de ellos fueran votantes del FA.
La campaña por el sí demostró que hay muchísimas personas que han desobedecido las «órdenes» de sus dirigentes y han apostado por el proyecto político de los movimientos sociales y los partidos de izquierda que defienden los intereses de los trabajadores y los sectores populares. Si queremos seguir los caminos indicados en la fundación del FA, tenemos que asumir y trabajar para cumplir con el mandato histórico de los fundadores.
La valoración de las ventajas del nuevo escenario no puede omitir los riesgos de que, si triunfa el FA, su gobierno no lleve adelante en todos sus términos lo que disponen las bases programáticas. Si eso sucediera, las fuerzas sociales y políticas impulsoras del plebiscito deberán recurrir a los instrumentos que estimen necesarios para lograr que sí cumpla. Es probable que un nuevo gobierno de una fuerza política policlasista como el FA sea un gobierno en disputa. Un progresismo que renuncie a enfrentar al gran capital no puede dar respuesta a las necesidades sociales de los trabajadores activos y pasivos, y se transforma en un partido tradicional más.
LAS TAREAS INMEDIATAS
Para que ese proceso de lucha contra el capital y por la hegemonía de la izquierda dentro del FA se pueda llevar adelante en el mejor escenario, debe ser derrotada la fórmula presidencial de los malla oro que encabeza Álvaro Delgado. En ese sentido, deben tenerse en cuenta particularmente dos aspectos. El primero es que el artículo 86 de la Constitución determina que «la iniciativa para el establecimiento o modificación de causales, cómputos o beneficios jubilatorios corresponderá, privativamente, al Poder Ejecutivo». El segundo, que el artículo 138 indica que un veto presidencial solo podrá ser levantado por los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las cámaras en la Asamblea General, lo que implica que, aunque los partidarios del sí tengan mayoría parlamentaria, no cuentan con los tres quintos para levantar el veto.
Como bien señala Adolfo Bertoni, expresidente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social, «si nos mantenemos unidos y activos, una forma de hacer política aristocrática, burocrática y de espaldas a las grandes mayorías está llegando a su fin. La humildad ha comenzado a moverse casi silenciosamente, pero con total firmeza y sin disposición a dar un solo paso atrás. Podemos confiar en un nuevo país si esta nueva admirable alarma continúa en asambleas autoconvocadas permanentes, estudiando más y proponiendo los cambios que faltan en nuestra seguridad social desde hace más de 30 años» (Búsqueda, 30-X-24).
La fundación de la Convención Nacional de Trabajadores en 1966 y del FA en 1971 es parte de un proceso de unidad de la izquierda. Mucho se ha hablado del bloque social y político de los cambios, que parece que ha quedado de lado. Sería un grave retroceso de la unidad de la izquierda si el FA no cumpliera con su programa.
La declaración fundacional del FA del 5 de febrero de 1971 sigue vigente: «Expresamos nuestro hondo convencimiento de que la construcción de una sociedad justa, con sentido nacional y progresista, liberada de la tutela imperial es imposible en los esquemas de un régimen dominado por el gran capital. La ruptura con este sistema es una condición ineludible de un proceso de cambio de sus caducas estructuras y de conquista de la efectiva independencia de la nación. Ello exigirá, a su tiempo, la modificación del ordenamiento jurídico-institucional, a efectos de facilitar las imprescindibles transformaciones que procura».
