Dura únicamente cinco minutos. Cinco minutos y 17 segundos, si queremos ser más exactos. Fue el tiempo que le llevó a Mark Zuckerberg, CEO de la corporación Meta, explicar de forma monótona (o robótica) los cambios que comenzarán a aplicarse a partir de este año en las redes sociales de la compañía, que incluye a Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads.
El anuncio sería menos desolador y pesimista si afectara a pocas personas. Pero hoy en día la mayoría de nosotros tiene al menos una cuenta en alguna de estas plataformas, y las principales comunicaciones diarias se dan por medio de los mensajes en sus redes. Parece obvio. Lo cierto es que es difícil dimensionar cómo impacta el uso de las redes sociales en nuestra vida cotidiana. Y si eso es difícil, los cambios que se introducirán a partir del anuncio de Zuckerberg harán del mundo virtual un lugar aún más difícil de digerir.
Pero ¿qué es lo que se anuncia? Las modificaciones que está impulsando la corporación incluyen la eliminación de sus programas de diversidad, de equidad y de inclusión; el levantamiento de restricciones sobre algunos temas para focalizarse en reforzar el control sobre los contenidos ilegales; un enfoque más «personalizado» sobre el contenido político, «para que la gente que quiera ver más de ello en sus muros pueda hacerlo», y la eliminación de su programa de verificación de datos para pasar a un modelo de «notas de comunidad», como hace tiempo existe en Twitter, ahora X (ver la contratapa de Joaquín Moreira Alonso en este número).
«NUESTRO TURNO»
Actualmente circula entre organizaciones de la sociedad civil una carta elaborada y difundida por la organización brasileña Coalizão Direitos na Rede con el título «Contra el retroceso en la moderación de contenido de Meta y los ataques a la regulación democrática del espacio digital».1 Allí, quienes firman –que hasta el momento son 183 organizaciones de la sociedad civil– manifiestan su rechazo a la decisión tomada por Zuckerberg. La libertad de expresión, dicen, es tan solo un pretexto que pone en riesgo a las minorías y los grupos vulnerables que son usuarios de sus redes sociales, y, con ello, se «debilitan años de esfuerzos globales por promover un espacio digital más seguro, inclusivo y democrático».
No se quedan allí. El posicionamiento del director de Meta en favor del gobierno de Donald Trump –que comenzará el 20 de enero– hace explícita, según la carta, «una postura alineada con intereses que benefician a las plataformas digitales y se opone al progreso regulatorio que busca proteger los derechos humanos fundamentales».
Jonas Valente, representante de este conglomerado de organizaciones, agregó, en un conversatorio organizado el miércoles de esta semana por el Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom),2 que parte del problema también coincide con el fortalecimiento de la extrema derecha. El asunto se concentrará –dijo– en una pugna entre la soberanía digital de los distintos países y el rechazo a la regulación por parte de estas grandes corporaciones. Sin embargo, así como Meta ahora crea una alianza con el gobierno de Trump, lo había hecho con el gobierno de Joe Biden. Más que una cuestión de ideologías, se trata entonces de una alianza con las políticas de turno para no quedarse sin un pedazo de la torta. Es por esto, agregó, que la alianza con Trump no solo incluye a la red social X, de Elon Musk, y a Meta, de Zuckerberg, sino que es un movimiento más amplio que incluye a las grandes tecnologías.
Un común denominador del conversatorio mencionado fue la necesidad de crear una alianza regional, más allá de reforzar las legislaciones nacionales de cada país latinoamericano. La exrelatora por la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos Catalina Botero comentó en este sentido, como posible propuesta, la activación de un Poder Judicial de América Latina, además del establecimiento de alianzas entre la sociedad civil del continente.
Javier Pallero, experto en políticas digitales, afirmó que «ahora es nuestro turno» y se preguntó cómo seguir: ¿migración a otras redes? ¿Escribir un manifiesto? Concluyó que, además de hacer todo lo mencionado, también se debería vigilar lo que hacen las empresas y darles un marco y una agenda de libertad. Además, se deberían tomar «acciones antimonopolio, mejor protección de datos, inversión por parte de los gobiernos para mejorar la experiencia de los usuarios».
Por otro lado, Pallero agregó que hay que trabajar en romper la idea de que se trata de una batalla por la libertad de expresión. «Es una batalla sobre libertades individuales», dijo. La batalla se disputa, según entiende, sobre la falta de elección y de libertad que tienen los usuarios de las grandes redes sociales, y, por ello, sostuvo que no se debe pensar únicamente en regular al jugador o a la corporación, sino también en regular la cancha.
«NO PODEMOS VIVIR SIN ELLOS»
Si bien es relevante hablar, discutir y legislar sobre la moderación de contenido, también es importante visibilizar que esta flexibilización promovida por Meta tiene como principal consecuencia la vulneración de los grupos minoritarios. Las hordas de cuentas de supremacistas blancos y de católicos enardecidos pueden atacar en grupo y sin restricciones a mujeres, niñeces, inmigrantes y personas
de la comunidad LGBTQ+. Esto se da conjuntamente con la flexibilización de la moderación de contenidos. Funcionan uno sobre otro. Al utilizar la libertad de expresión como paraguas para permitir abiertamente los discursos de odio y el avance de la ultraderecha tanto en redes como en su manifestación física, se da rienda libre a las narrativas polarizantes y a reducir un discurso en pos de beneficiar otro.
La decisión de Meta es, como sostuvo a Brecha la socióloga experta en temas de sociedad y tecnología Mariana Fossatti, «una cuestión cosmética». Fossatti, que además integra el Laboratorio de Datos y Sociedad y la campaña global Whose Knowledge? (en español, «¿de quién es el conocimiento?»), opinó que la empresa no dejará de moderar al cien por ciento, sino que efectivamente se trata de una flexibilización de las reglas: «No van a eliminar cualquier cosa relacionada con identidad de género, sexualidad y migración», afirmó. Sin embargo, dijo: «Yo, que soy prolibertad de expresión y que para mí las redes deberían ser un espacio sumamente neutro para permitir todas las expresiones, veo que no hay una mejora de la libertad de expresión, sino que siento aún más el control que tiene una empresa privada que ha logrado ser hegemónica en nuestras comunicaciones diarias». Estas redes, que influyen mucho en las discusiones públicas diarias, tienen un control arbitrario sobre todo lo que allí sucede, que, según Fossatti, puede ir cambiando según el viento político que le favorezca y le genere mayores ganancias. Al final del día son empresas, resumió.
En ese sentido, Santiago Roland, uno de los administradores de Mastodon.uy, una red alternativa que pugna por hacerse un espacio entre las grandes plataformas (véase «Habitar las redes libres también es un acto político», Brecha, 14-VII-23), manifestó al semanario que «Meta y X son empresas yanquis. O sea, que se rescaten como puedan. Lo que pasa es que nosotros somos los que no podemos vivir sin ellos y todo lo que hacemos pasa a través de sus plataformas. Ese es un poco el problema». Además, afirmó que son plataformas de «operación política», por lo que no debería sorprender que doblen las rodillas ante fulano o mengano. Roland también hizo énfasis en que está probado que los discursos de odio deterioran la salud mental. En las redes sociales hegemónicas hay un montón de cosas, negativas, claro, que pueden suceder si se da rienda libre bajo el paraguas de la libertad de expresión. «Le dan vía libre al discurso de odio», concluyó.
Más que nunca, coinciden los consultados, se precisan regulaciones democráticas y transparentes. Como dijo en el conversatorio Vladimir Cortés, integrante de la organización internacional Digital Action, no es que Meta esté siendo censurada por los gobiernos, sino que «está resistiéndose a ser regulada». Porque ese es su discurso: utilizan como pretexto que son «censuradas» por las acciones regulatorias de la Unión Europea, de China e incluso de América Latina. Ese pretexto no es más que una distorsión de la realidad, afirmó. Es por eso que –opinó– América Latina debe hacerles frente a las corporaciones y poner por encima sus legislaciones, de modo de cuidar a su población. Hay que, en palabras de Cortés, «encontrar vías para frenar a la corporación».
LÍNEAS DE REGULACIÓN
«Yo creo que, más allá de las dificultades que puede haber en la regulación de empresas tan poderosas que ni siquiera tienen una oficina en el país, hay que aplicar el marco normativo ya existente para empezar», dijo a Brecha el director ejecutivo de Observacom, Gustavo Gómez. A pesar de que las corporaciones intenten esquivar las regulaciones de los países, el Estado uruguayo no deja de tener el deber de proteger los derechos de sus ciudadanos en el ámbito digital tanto como en ámbitos analógicos, opinó. Sin embargo, uno puede pensar que el Estado uruguayo es, quizás, pequeño para enfrentar a corporaciones como Meta. Gómez afirmó al respecto: «Pero nada puede sustituir una acción nacional», y agregó que «no podríamos dejar de proteger el derecho a la expresión porque una corporación como Meta censura a un medio de comunicación o a
un periodista».
Además de las acciones nacionales, que son imprescindibles, se deben generar acciones regionales que sean complementarias, sumó el experto. A pesar de las dificultades, se debería intentar llegar a una alianza regional a partir de ejemplos como los de Brasil o Chile, que, como dijo Gómez en el conversatorio, ya tienen acuerdos sobre la desinformación que el próximo gobierno uruguayo podría evaluar para sumarse. Gómez es optimista al respecto. Cree que estos temas serán parte de la agenda de la próxima administración, aunque haya dudas y aunque sea un proceso largo, y que –en definitiva– si no es por decisión propia, será porque el resto del mundo lo tendrá en la agenda.
«Me parece que está bien que los Estados se metan a regular a las corporaciones y que les pongan condiciones, como que tengan representación en el país», sostuvo, por su parte, Roland. «El tema es: ¿por qué dejamos que crecieran tanto y que se expandieran tanto a nivel internacional? Ahora son incontrolables. Lo pueden todo», afirmó. Considera que hay dos problemas que ahora se hacen evidentes: por un lado, la posibilidad de aislamiento, es decir, que una red social decida retirarse del país para no cumplir con las regulaciones; por otro lado, que la legislación siempre va años atrasada. «Estamos discutiendo hoy que hay que regular plataformas, cuando esto ya se decía en los congresos hacker en 2008», contó.
A nivel internacional la discusión también es incipiente. A finales de 2023, la Unesco presentó un documento llamado Directrices para la gobernanza de las plataformas digitales,3 con el fin de salvaguardar la libertad de expresión y el acceso a la información. Allí incluyó los deberes de los Estados de respetar, proteger y hacer cumplir los derechos humanos, las responsabilidades de las plataformas digitales de respetar los derechos humanos y el papel de las organizaciones intergubernamentales y de la sociedad civil, los medios de comunicación, el mundo académico y la comunidad técnica en la promoción de los derechos humanos. Según Gómez, este año será presentado en el Parlamento uruguayo «para ver si puede ser tomado como una referencia para una nueva regulación».
La línea de regulación que impulsa Observacom no tiene que ver con la regulación de los contenidos de las redes, sino con lo que llaman «regulación de los procesos de moderación». Esto significa que no se busca legislar sobre qué está bien y mal, qué es bueno o malo, sino meterse con la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las corporaciones. Lo más importante de este tipo de regulación es garantizar el debido proceso: que, si te bajan un contenido, te notifiquen y puedas apelar. Que el usuario tenga un proceso para conocer el porqué y tomar acción. «Son condiciones mínimas», concluyó Gómez.
Para Fossatti, en cambio, es difícil regular algo que es de orden global. «Muchas veces esas regulaciones se hacen apuntando a los grandes actores y no se toma en cuenta, por ejemplo, promover cambios más estructurales que tengan que ver con que surjan redes o se fortalezcan redes alternativas sin fines de lucro», sostuvo. Hay que tener cuidado porque «a veces se quiere legislar para, de algún modo, controlar, y eso termina repercutiendo en nuevas alternativas que vendrían a representar un cambio estructural», agregó. Piensa que, así como los dueños de las redes no son los dueños de la verdad, los gobiernos tampoco lo son.
DE RED EN RED
¿Cuál será el último paso? ¿Ser una especie de refugiados digitales que migran de red en red? En realidad, hay una alternativa que se ha mencionado: las redes descentralizadas. «Creo en la acción individual», expresó al respecto la exrelatora por la Libertad de Expresión. Por eso planteó como una posible propuesta migrar a otras redes.
Existe una alternativa que se mueve bajo la superficie de las redes sociales de las grandes corporaciones: el fediverso. Esta palabra es la unión de dos, federation y universe, y podría traducirse al español como universo federado. La definición del fediverso –o de su otra abreviación, fedi– es una colección de plataformas de redes sociales independientes que están conectadas por un protocolo común: ActivityPub. Quizás el medio más conocido del fediverso sea WordPress.
Este universo es administrado a pulmón por las propias comunidades de usuarios. Al contrario de las redes conocidas, que son centralizadas por un dueño o una corporación, estas redes son descentralizadas y no hay una voz mayor que se crea dueña de la verdad. Cada nodo de cada red, es decir, cada microcomunidad dentro de cada una de estas redes, tiene sus propias reglas y es moderado por las y los administradores, a los que se puede acceder fácilmente en caso de creer injusta alguna acción tomada por ellos.
«Yo milito las redes libres, el soporte libre y las comunidades que están vinculadas al soporte libre y a la soberanía desde hace muchos años ya», afirmó Roland. «En todos estos años hemos ido observando este no sé si llamarle deterioro de estas redes sociales y de los espacios digitales en los que uno se crea cuentas», explicó. Uno aterriza en esos lugares y todo es color de rosas, dijo. Sin embargo, estas redes terminan siendo monopolizadas por grandes empresarios que no representan a la mayoría de los usuarios. Por eso hay que ir por alternativas.
La red más nombrada como posible sustitución de X suele ser Bluesky, creada por el antiguo dueño de Twitter y manejada bajo un protocolo que intenta parecerse a ActivityPub: AT Protocol. Sin embargo, según comentó Roland al semanario, esta red social no ha mostrado signos de ser descentralizada como sí lo es ActivityPub. Así que, si habláramos de posibles salidas de las redes sociales hegemónicas, podríamos mencionar a Pixelfed como una alternativa a Instagram; PeerTube, un servicio similar a YouTube; Friendica, que podría ser una alternativa a Facebook; Mastodon, una red social de microblogging parecida a X, y Lemmy, una alternativa a Reddit. Hay para elegir.
